En el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados manifestamos nuestra preocupación por el abandono del Gobierno de México hacia los millones de mexicanas y mexicanos que residen en Estados Unidos de América, especialmente de quienes están retenidos en centros de detención en espera de ser deportados y son altamente vulnerables en esta emergencia sanitaria a nivel mundial.Ante el informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que reconoce que al menos mil 345 mexicanos fallecieron a causa del Covid-19 en Estados Unidos, las y los Diputados del PRI demandamos mejorar la atención y protección que deben ofrecer las autoridades mexicanas a quienes se vieron obligados a emigrar en su legítima aspiración de mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.
En este momento los centros de detención pueden ser una bomba de tiempo. Por ello presentaremos un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar a la SRE que instrumente las acciones necesarias a fin de conocer si las y los mexicanos recluidos en los centros de detención en Estados Unidos presentan síntomas de Covid-19 y que, de manera inmediata, se les garanticen el derecho a la salud a través del acceso a cuidados especializados para atender este padecimiento.
Hace unas semanas el titular del Ejecutivo Federal celebró que el esfuerzo de los migrantes mexicanos lograra una “inyección histórica” de 4 mil millones de dólares en marzo, producto de las remesas. El sacrificio de nuestros migrantes debe corresponderse de la misma manera, con servicios y atención oportuna; no sólo con discursos políticos. La solidaridad con solidaridad se paga, no se debe dejar a los migrantes en el abandono.
Ninguna autoridad puede olvidar que millones de familias dependen de los recursos que envían nuestros connacionales en Estados Unidos, más ahora que comienza a sentirse la crisis económica por la caída del empleo y el aumento de la pobreza. Las medidas de austeridad en la protección consular y los servicios de salud para los migrantes son inaceptables, con ellas se pone en riesgo el respeto a sus Derechos Humanos y su vida.
Finalmente, hacemos un llamado al Gobierno Federal a mejorar su relación de colaboración con el Gobierno de Estados Unidos de América para evitar acciones discriminatorias y peligrosas que atenten contra la vida de mexicanas y mexicanos, así como generar una agenda legislativa migrante para facilitar su protección en esta “nueva normalidad”.
