En sesión semipresencial, las y los diputados aprobaron, por consenso de 453 votos, reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de que las autoridades correspondientes den atención inmediata a denuncias de delitos ambientales.
El dictamen, que adiciona un párrafo cuarto al artículo 189 y reforma el 191 del citado ordenamiento, precisa que en el caso de acciones que acrediten flagrancia en la probable comisión de un delito ambiental, las autoridades competentes darán atención inmediata a las denuncias y, en caso de que exista riesgo inminente, daño o deterioro grave, podrán ordenar alguna o algunas de las medidas de seguridad establecidas en el artículo 170 de esta ley.
El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, también refiere que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acusará de recibido las denuncias por estas acciones.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, explicó que la persecución de delitos ambientales está a cargo de la Profepa, que pretende aumentar los niveles de observancia de la normatividad ambiental y contribuir con el desarrollo sostenible.
También, expuso, se encarga de recibir, atender e investigar las denuncias de delitos ambientales y, en su caso, realizar las diligencias necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones motivos de denuncia.
Sin embargo, dijo, hay poca claridad en las acciones que ejecuta la autoridad al momento de conocer las denuncias en las que se acredite la comisión de un delito ambiental o deterioro grave, porque la ley solo hace referencia a los requisitos de temporalidad del procedimiento administrativo, pero sin señalar la acciones para la atención de la denuncia.
Comentó que las reformas aprobadas impactarán de manera positiva y pondrán un alto al daño que se denuncia porque la autoridad atenderá inmediatamente una emergencia ambiental que haya sido evidenciada por medio de una denuncia popular.
