Diputadas y diputados aprobaron reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios

Política

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor y uno en contra, el dictamen por el que se reforman y adicionan los artículos 12 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, con el propósito de establecer que para ser magistrado se deberá comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria.

El documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, también estipula que los magistrados podrán ser ratificados en una sola ocasión por un periodo de nueve años improrrogables.

Además, los magistrados de Tribunales Unitarios Agrarios y Supernumerarios, una vez concluido el tiempo de su encargo, podrán ser ratificados en una sola ocasión por un periodo de nueve años improrrogables, o bien, ser propuestos como magistrados del Tribunal Superior Agrario por un periodo de nueve años improrrogables. En ningún caso el cargo de magistrado agrario excederá de quince años.

En cuanto a las designaciones, el titular del Ejecutivo Federal acompañará una justificación de la idoneidad de las propuestas, para lo cual, hará constar la trayectoria profesional y académica de la persona propuesta, a efecto de que sea valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado.

Ello, conforme a la normatividad de ese órgano Legislativo, se desahogarán las comparecencias correspondientes, proceso en el que se garantizará la publicidad y la transparencia de su desarrollo.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez (PT) señaló que este proyecto establece los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren al cargo de magistrado o magistrada agraria, así como para que acrediten una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria.

Señaló que esta reforma es importante, porque pudiera haber quienes cumplan con el requisito actual de los cinco años de práctica profesional, pero no con el conocimiento especializado en materia agraria.

Agregó que a las y los diputados de su grupo parlamentario les interesa que quienes imparten la justicia agraria sean conocedores profundos de lo que es la propiedad social en su vertiente ejidal y comunal, que son justamente el tipo de litigios que se resuelven por este órgano jurisdiccional.

Subrayó que el PT no pasa por alto que el derecho laboral y agrario son derechos de clase y, por tanto, el Estado mexicano tenga un marco idóneo para una adecuada impartición de justicia.