En la Primera Mesa de Diálogo “Reflexiones a diez años de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos”, diputadas, diputados, funcionarias federales y especialistas externaron comentarios sobre los avances y retos de la protección de los derechos fundamentales.

El evento fue organizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).

Los derechos humanos son para las mujeres y para los hombres

Al moderar la Mesa, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, expresó que, a partir de 2011, se inició un camino que ha tenido resultados en materia de igualdad sustantiva; es decir, los derechos humanos son para las mujeres y para los hombres.

Sin embargo, dijo, los obstáculos para ejercerlos a plenitud por razón de género son de naturaleza distinta y las medidas para poderlos hacer efectivos tienen que ser adoptadas también, “y a eso es lo que, en particular, la llamada Legislatura de la Paridad se ha dedicado en los últimos tres años”.

Indicó que el gran problema es el acceso a la justicia para que se pueda hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y, en el caso del reciente proceso electoral, se tienen que analizar con todo cuidado sus resultados, “porque si bien se aplicó el principio de paridad en las candidaturas, las y los electores del país eligieron predominantemente a hombres en determinadas regiones de México”.

Reconoció el avance que representa el número de gobernadoras, que casi va en igualdad al número de “quienes hemos tenido el honor de gobernar una entidad en la República desde 1979; se habla de 42 años, se va casi a duplicar el número, pero eso no puede oscurecer el hecho de que para millones de mujeres en el país, lo fundamental para el ejercicio de sus derechos humanos, que es el acceso a la justicia, sigue representando elevadísimos grados de dificultad”.

La diputada Sauri Riancho mencionó que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, tiene que ser muy consciente de que se requieren recursos para poder realizar las funciones que la Constitución y las leyes reglamentarias le asignan a las instituciones responsables de tutelar los derechos humanos de las y los mexicanos.

Indicó que el CEDIP hará una memoria con este diálogo que formará parte de la publicación conmemorativa de la primera década de los derechos humanos.

Agenda de derechos humanos implica acuerdos entre fuerzas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador parlamentario de Morena, diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, afirmó que no habrá pleno respeto a los derechos humanos si las y los legisladores no conducen la formulación y aprobación de leyes con base en estándares adecuados.

Refirió que aún sin mayorías calificadas, debe ponerse en el interés de la discusión y del debate, que los derechos humanos son el único campo en el que el consenso es necesario, absoluto y obligatorio. Indicó que en esta Legislatura se realizaron reformas constitucionales para fortalecer los derechos humanos y se han seguido las comunicaciones de la Suprema Corte que indican la ruta y senderos sobre los temas que se deben trabajar.

“En la siguiente Legislatura deberemos trabajar muchos temas de la agenda de derechos humanos, como la autonomía personal a la solidaridad, la dignidad, el cuidado y la satisfacción de derechos de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad; del medio ambiente, la paz y el desarrollo sostenible”.

Es una agenda muy progresista, dijo, que implicará acuerdos entre las fuerzas políticas. “Tenemos las bases, pero en los próximos años será necesario redoblar esfuerzos para que la dignidad humana, pilar de toda sociedad, esté al alcance de todos”.

Seguir fortaleciendo los derechos humanos en un diálogo

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, expresó que la construcción de un Estado donde se respeten a plenitud los derechos humanos, exige que “evaluemos permanentemente el resultado de nuestras políticas públicas y el alcance de nuestro marco jurídico y normas”

Con las reformas de 2011, expuso, nace un nuevo bloque de constitucionalidad que siempre favorecerá la protección más amplia de las personas, velando por el principio pro persona.

Indicó que el desafío es seguir construyendo y fortaleciendo los derechos humanos en un diálogo y no en un enfrentamiento entre Estado y sociedad. “La oportunidad que tenemos es muy positiva, porque contamos con un gobierno que desde el Poder Ejecutivo está en plena sintonía y comprometido directamente con el respeto a los derechos fundamentales, y en construir en paz y democráticamente una nueva ética pública que complemente el andamiaje institucional que hemos construido durante décadas para respetar los derechos fundamentales”.

Consideró necesario consolidar un servicio público que asuma, respete y promueva los derechos fundamentales, como parte esencial de la ética pública y garantizar a la ciudadanía un buen gobierno, libre de corrupción. “Estamos impulsando los cambios necesarios para que los servidores públicos sean los primeros guardianes de los derechos fundamentales y no los primeros ejemplos de ser sancionados. Vamos a seguir impulsando una nueva ética pública que aterrice ese espíritu de las reformas de 2011 y las transforma en respeto y protección de los Derechos Humanos”.

Derechos humanos con perspectiva de género

La embajadora Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, refirió que la Cancillería adoptó una política exterior que amplía y fortalece los derechos humanos con perspectiva de género. “El secretario de Relaciones Exteriores, en la Asamblea General 74 de las Naciones Unidas, expresó que México adoptaría una política exterior feminista y con esta decisión el país fue el primero de América Latina en adoptarla y se sumó Francia, Canadá, Noriega y Suecia que ya la implementan”, agregó.

Puntualizó que la política exterior feminista tiene un papel internacional de liderazgo en temas de la agenda multilateral, política exterior regional y bilateral, con impacto en la igualdad sustantiva de género; camina bajo el eje de paridad de cargos y una reforma organizacional para lograr la equidad en el ámbito profesional. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfatiza la acción colectiva para crear un espacio laboral sin acoso ni violencia por motivos de género.

Subrayó que la adopción de una política de cero tolerancia al acoso laboral y de género, ha significado que México promueva candidaturas de mujeres a puestos internacionales importantes; ahora hay más embajadoras. “A 10 años de publicada y frente a la gran tarea que representa instrumentar una reforma de esta magnitud, el Gobierno de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúan incorporando progresivamente la perspectiva de derechos humanos en todos sus programas y normativas.

Dijo que preocupa que las mujeres de poblaciones originarias desconocen sus derechos en materia de lucha contra la violencia, de herencia, escolar y social. “Aquí tenemos un problema muy fuerte y los parlamentarios pueden contribuir a que se vaya eliminando, continúan casos como la venta de niñas, creo que aquí los parlamentarios podrían hacer cómo estos tratados que existen a nivel internacional y Constitucional puedan aplicarse”, subrayó.

El reto en materia de derechos humanos es evitar su vulneración

El expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, mencionó que el reconocimiento constitucional de los derechos humanos fue el punto de partida, por lo que el reto es prevenir su vulneración en materia de seguridad humana y pública, acceso a la justicia independiente e imparcial, el empoderamiento de las mujeres, el feminicidio, la libertad de expresión y el acceso a la información y la atención a las personas con discapacidad.

Afirmó que para hacer realidad los derechos humanos se deben garantizar los siguientes temas: la defensa y promoción de los mismos de acuerdo con los parámetros internacionales, la incorporación de sus principios en la Constitución, fomentar la educación en la materia como un compromiso de Estado, la autonomía de las instituciones, la investigación de las violaciones de los derechos humanos no sólo por parte del Estado sino entre particulares y el control horizontal y vertical del poder.

Ante ello, propuso el fortalecimiento de la CNDH a fin de que se encuentre legitimada para dar seguimiento a las violaciones imprescriptibles e incluso se integre una comisión en la materia en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a vulneraciones de lesa humanidad y sancionar a los responsables.

Finalmente, resaltó que en la siguiente década se debe enfocar el trabajo en fortalecer las instituciones con un marco jurídico actualizado, donde los servidores públicos estén debidamente formados con experiencia en el servicio público, se evalúen las políticas públicas en la materia y que estos organismos cuenten con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.