El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué consideró indispensable reformar el artículo 27 de la Constitución Política, para prohibir las concesiones para la explotación de minerales en el fondo marino, pues provoca daños graves a los ecosistemas marinos, sus especies y actividades productivas como la pesca.
A nombre del PVEM, explicó que el interés comercial de la minería submarina, que han desarrollado países como Francia, Alemania, Japón, Rusia, Corea del Sur o Reino Unido, se concentra en yacimientos ricos en cobre, hierro cinc, plata, oro, magnesio, níquel y cobalto.
Desafortunadamente, agregó el legislador, esta actividad tiene graves consecuencias en los ecosistemas marinos, pues los océanos representan a un ambiente vital para el equilibrio del planeta, en ellos se concentra el 80 por ciento de la biodiversidad, regulan el clima al absorber una cuarta parte de todo el dióxido de carbono que los humanos emitimos a la atmósfera.
Dijo que aunque en México no se realiza minería submarina, se extraen titanio y hierro a partir de arenas. La empresa mexicana Exploraciones Oceánicas propuso, en el 2016, el proyecto Don Diego, en el cual pretendía extraer arenas ricas en fosfato del fondo marino en la Bahía de Ulloa, en el estado de Baja California Sur, añadió.
El impacto al ambiente y a la actividad pesquera de dicho proyecto provocó preocupación porque en la Bahía habitan, temporal o permanentemente, especies biológicas de gran importancia comercial y ecológica, y se pretendía utilizar un sistema de dragado para obtener siete millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, a 19 kilómetros de la costa de Baja California Sur.
Pero la recolección de arena fosfática del mar y la deposición de residuos pudieron generar sedimentos, bloquear la luz y afectar la fotosíntesis marina. Además, de disminuir considerablemente la pesca de especies comerciales como abulón, almejas, calamar, camarón, caracol, cazón, jaiba, langosta, ostión, pulpo, rayas y tiburón, por el dragado.
Bolaños-Cacho recordó que el 7 abril de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó la autorización de impacto ambiental y el 18 de octubre de 2018 ratificó dicha negativa al proyecto de dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
Así, apuntó, la dependencia confirmó su rechazo al proyecto de minería submarina y reiterando su compromiso con la conservación de la biodiversidad de todos los ecosistemas del país.
El senador del PVEM presentó la iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución Política y prohibir las concesiones para la explotación de minerales en el fondo marino. Su propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda.
