Un centenar de diputados de los grupos parlamentarios del PRD, MC, PRI y PAN demandaron la comparecencia de Sanjuana Martínez Montemayor ante el Congreso de la Unión para aclarar los gastos en Notimex, agencia de la cual es directora general, y su supuesta campaña difamatoria contra varios periodistas que pone a éstos en riesgo.

Formalizaron su demanda a través de una propuesta de acuerdo a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso en la cual refieren cómo, a los tres meses de iniciada su gestión en marzo de 2019, Martínez desatendió el llamado de la misma Permanente a conducirse con responsabilidad, equidad, pluralidad, objetividad, imparcialidad, veracidad e independencia editorial.

Por el contrario -dijeron-, inició un polémico nuevo servicio de verificación de información difundida por otros medios y despidió injustificada e ilegalmente a varios de los trabajadores de la agencia -con liquidación de apenas 40%-, agresión que provocó que éstos se fueran a huelga en febrero de 2020.

La funcionaria pública no respetó ni el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que declaró legal dicha huelga, pues se obcecó en continuar labores -como la misma agencia noticiosa reconoció- sin los afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Notimex.

Para ello rentó, entre marzo y noviembre del mismo año, oficinas alternas en la calle de África 15, Barrio La Concepción, en la alcaldía de Coyoacán.

Los 100 diputados proponentes de la comparecencia de Sanjuana Martínez recordaron que esta violación a la legalidad fue calificada por la JFCA como ofensiva para la sociedad, pues además, según respuesta del Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) en mayo pasado, no recibió notificación alguna sobre dicho arrendamiento, como debió recibirla.

En cambio, el Indabin reportó en junio que sí tenía notificación de otro arrendamiento en Avenida Baja California 200, colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual se desconocía hasta ese momento.

Los legisladores recordaron que, según el párrafo VI del artículo 12 del Estatuto Orgánico de Notimex, el o la titular de la Dirección General debe proponer a la Junta de Gobierno de la agencia el cierre o la reubicación de oficinas y/o corresponsalías de la Agencia en territorio nacional o en el extranjero, antes de proceder a ello.

Por tanto, al omitir este requisito y la notificación al Indabin -órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, Sanjuana Martínez violentó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que se sumó a su anterior violación a la Ley Federal del Trabajo.

Lejos de reconsiderar su polémica actuación contra los sindicalizados de la Agencia, Martínez Montemayor lo llevó a otro nivel al calumniar a la dirigente del gremio, Adriana Urrea, al difundir que, ante dos órdenes de aprehensión, era ilocalizable, por lo que prácticamente era prófuga de la justicia.

La campaña difamatoria también se encaminó contra periodistas y medios de comunicación críticos al actual Gobierno Federal, de acuerdo con informes de la organización Amnistía Internacional y el Departamento de Estado del gobierno estadounidense.

En la consideración de los diputados perredistas, emecistas, priistas y panistas, las decisiones y actuaciones de Sanjuana Martínez representan un notable ataque al Estado Democrático de Derecho, pues transgrede normas laborales, hacendarias e informativas, entre otras, por lo cual debe aclaraciones a la sociedad mexicana a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dice su propuesta para citarla a comparecer:

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a la titular de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), C. Sanjuana Martínez Montemayor, para esclarecer la situación que prevalece al interior de la Agencia en lo que respecta a la política de austeridad, así como los supuestos ataques por parte del organismo que encabeza mediante una campaña difamatoria que pusieron en riesgo la integridad de las y los periodistas, y que trasgreden el Estado Democrático de Derecho”.

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