Desde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) las y los consejeros electorales llamaron a los partidos políticos, ciudadanía y autoridades a erradicar expresiones estereotipadas y violentas, así como los actos tendentes a limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, además de implementar estrategias de cooperación interinstitucional para que haya cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres.

En sesión ordinaria y al dar por recibido el Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la Consejera Carla Humphrey exhortó a todas las autoridades del Estado mexicano y a los órganos de los partidos políticos a atender el principio constitucional de brindar justicia pronta y expedita a las víctimas de la violencia política en razón de género.

“Frente a casos de violencia política y ante la imposición de sanciones, se debe atender a la gravedad de los hechos, la capacidad económica de la persona infractora, la reincidencia, así como de cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o la levedad, en su caso, del hecho infractor, así como el uso de herramientas como colaboraciones institucionales para realizar diligencias adecuadas, pues de la severidad de las sanciones se puede disuadir la comisión de actos constitutivos de violencia política en razón de género”, señaló.

De acuerdo con el informe, agregó Humphrey, en el Proceso Electoral 2020-2021, hay características propias de la violencia política en razón de género, como la calidad del denunciante: 106 denuncias fueron presentadas por derecho propio, 12 derivaron de vistas de diversas autoridades, seis fueron presentadas por terceros y 10 por conducto de representantes legales.

Sobre las víctimas, las candidatas a diputaciones federales fueron las que más denuncias presentaron (23), seguidas de las militantes de los partidos políticos (15) y las candidatas a presidencias municipales (13).

Asimismo, el mayor índice de denuncias (21 en total) se presentó en contra de ciudadanos; en 17 casos no se identificó al agresor, y   las 13 restantes fueron contra candidatos a diputaciones federales.

En cuanto al sexo de las personas denunciadas, en 67.16% se señalaba a personas del sexo masculino; 4.4% contra el género femenino; el 10.4% en concurrencia de ambos géneros y en 17.91% no fue posible determinar el sexo del denunciado.

Relevante dar seguimiento a los casos

La Consejera Dania Ravel resaltó la importancia del informe, pues da cuenta de que a partir del 14 de abril y hasta el 21 de julio se presentaron 147 quejas, de las cuales 46 han sido competencia del Instituto y 95 de otras instancias.

Enfatizó la importancia de dar seguimiento para que los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género que no son atendidos por el Instituto Nacional Electoral no queden en la impunidad.

“En la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género, la implementación de estrategias integrales conjuntas y la cooperación interinstitucional es muy relevante, un estado de cero tolerancia a ésta y otros tipos de violencia en contra de las mujeres, requiere de la actuación efectiva, oportuna y óptima de cada una de las autoridades”, estableció.

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz consideró imprescindible que todas las instituciones del Estado mexicano sumen y fortalezcan esfuerzos de manera coordinada.

“Para evitar, inhibir y prevenir todo tipo de expresiones y conductas que limiten, anulen o menoscaben el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así como atender de manera efectiva todas las quejas y denuncias presentadas en materia de violencia política en razón de género”.

Arbitraje del INE evita daños a la legalidad de la competencia electoral

En la sesión, el pleno dio también por recibido el Informe sobre el estatus que guardan las Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

“La tarea de arbitraje del INE se desplegó de manera intensa, los ciudadanos votaron en secreto y en libertad y eso es lo importante, que seguimos teniendo elecciones íntegras y que las posibles o las distintas violaciones que se presentaron a las reglas del juego democrático se trataron de reparar por parte de esta autoridad al emitir las medidas cautelares para evitar daños mayores a la legalidad o a las condiciones de la competencia electoral”, afirmó el Consejero Ciro Murayama.

Señaló que entre el 1º de enero y el 20 de julio se recibieron 510 procedimientos administrativos sancionadores, de los cuales 315 son procedimientos especiales y 195 ordinarios.

De estos últimos, se ha recibido una queja de partidos, 183 de ciudadanos y la autoridad ha iniciado de oficio 11, mientras que de los procedimientos especiales sancionadores que han ido a la Comisión de Quejas y Denuncias, como está previsto en la normatividad, 181 las promovieron los partidos políticos, 98 ciudadanos y en 36 casos se iniciaron por la propia autoridad electoral en procedimientos oficiosos.

El Consejero Presidente hizo reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. “Las cifras del informe hablan, frente a cualquier discurso en contrario, de la imparcialidad, apego a la legalidad y sobre todo defensa de los principios rectores de la función electoral que esta institución, a través de la Comisión de Quejas y, por supuesto, con el acompañamiento de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral”.

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