La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó la necesidad de impulsar, aún más, el diseño e implementación de normas contra la discriminación que incluyan categorías protegidas como la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, para lo cual se requiere generar un clima de respeto y la definición de sanciones para quienes, desde el servicio público, cometan actos motivados por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, lo que es delicado cuando esos actos ocurren entre personas que comparten un mismo entorno laboral.
Señaló su preocupación porque, desde el desconocimiento de la teoría de género y de la complejidad cultural, se haga uso de la llamada “ideología de género” para descalificar los derechos humanos, en especial de los vinculados con la igualdad y la no discriminación, por lo cual reconoció a la teoría de género y al feminismo por ofrecer categorías de análisis y herramientas interpretativas para cuestionar el orden sociocultural y desmontar aquello que se concebía como “natural”, sobre todo en lo relacionado con el ejercicio de la sexualidad.
Lo anterior, ante hechos como que el 49.4% de la población encuestada en la ENDOSIG 2019 tuvo que ocultar su orientación o identidad de género, ya que en su vida cotidiana las personas del colectivo LGBTTTIQ experimentan de manera frecuente expresiones de violencia y restricciones sociales que afectan su bienestar y desarrollo, por lo que aún es un gran desafío para los derechos humanos poner fin a estas prácticas de rechazo y discriminación.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar, acompañado por el Presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, en la presentación del “Protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género de las personas que laboran en el Instituto Federal Electoral”, que evidencia que en el INE hay una intención de sumar a su lógica institucional procedimientos para fortalecer el derecho a la no discriminación y el respeto a las diferencias, por lo cual se espera que otras instituciones y órganos autónomos decidan transitar por rutas de inclusión, no discriminación y promoción de los derechos. Llamó a autoridades y sociedad a trabajar en forma conjunta por un México sin discriminación y diverso.
Tras mencionar que los protocolos son mecanismos transitorios para visibilizar situaciones específicas y ofrecer garantías de no repetición mediante pautas de actuación, de atención y de sanción, expuso que lo trascendente es que las instituciones construyan una cultura de respeto pleno a la otredad, una cultura de derechos en la que no se requieran este tipo de herramientas, y destacó que el citado protocolo fue sensible a los resultados de la Encuesta ENDOSIG 2018.
González Pérez recordó que en 2008 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género y el Comité DESC emitió su Observación General No. 20 “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales”, de julio de 2009, en tanto que nuestra Constitución General reconoce en su Artículo 1° los derechos humanos, incluyendo los que han sido suscritos mediante convenios y tratados internacionales, lo que fue posible tras la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y a la lucha histórica de personas, colectivos y organizaciones que defendieron que la diferencia no debe implicar la discriminación; hombres y mujeres de la diversidad sexual se hicieron ver por una sociedad y unas instituciones que durante mucho tiempo los hicieron invisibles.
Por su parte, Lorenzo Córdova destacó que organismos autónomos como el INE y la CNDH son instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos desde sus diversos ámbitos, y sin éstos no se puede explicar la democracia en México. Indicó que el objetivo de este Protocolo es establecer criterios que aseguren el ejercicio pleno de todas las personas que trabajan en ese Órgano electoral para salvaguardar los derechos de identidad y expresión de género, al libre desarrollo de la personalidad, a la seguridad personal, protección a datos personales y, con ello, lograr que todas las personas en el INE se sientan libres y seguras.
La Consejera Electoral Dania Ravel Cuevas mencionó que el Protocolo es producto del trabajo del INE y surgió del compromiso para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía en igualdad de condiciones, para que todas y todos los trabajadores sean conscientes de las dificultades que enfrentan las personas trans. Destacó la creación de espacios más seguros libres de discriminación que contribuyan a generar una sociedad más justa.
Posteriormente, en entrevista conjunta con el Consejero Presidente el INE, el Ombudsperson nacional lamentó que el Gobierno federal no haya entendido el sentido propositivo de la Recomendación 29/2019 de la CNDH, ya que el tono de respuesta que se le dio es grave y lamentable.
Señaló que las descalificaciones no deben ser la guía de convivencia entre las personas y las instituciones, y precisó que no se ha entendido lo que significa ser contrapeso sano de los gobiernos, como lo es la CNDH que en sus más de 29 años de existencia ha tenido visión clara y ha alzado la voz cuando se pueden violentar o se violentan derechos humanos. La CNDH, dijo, ejerce su institucionalidad y sus atribuciones y actúa dentro del diálogo y el respeto ante violaciones a derechos fundamentales.
Esta Comisión Nacional precisa que en los próximos días dará a conocer su posicionamiento respecto de la respuesta que dieron las autoridades por la no aceptación de la citada Recomendación, al tiempo que subraya que la negativa a aceptar tal documento recomendatorio lastima, principalmente, los derechos fundamentales de niñas, niños y madres trabajadoras.
