Hoy conmemoramos un Día Internacional contra la Corrupción diferente. El Covid19 y los desafíos que esta pandemia está planteando a nuestros países y nuestras poblaciones hacen más relevante si cabe el combate a la apropiación indebida de bienes y servicios públicos. La pandemia le ha impuesto a los Estados la necesidad de adoptar medidas urgentes para su mitigación. Esta lucha implica una gran inversión de recursos públicos que ahora, con mayor razón, por estar en juego la salud y la supervivencia de los ciudadanos, deben ejecutarse con honestidad, transparencia y eficacia.
La corrupción sigue siendo uno de los peores males que aqueja a nuestras sociedades, porque no sólo priva a los ciudadanos de recursos que legítimamente les pertenecen, sino que además mina la confianza de esos mismos ciudadanos en sus instituciones y sus democracias.
Los efectos devastadores de la corrupción son desgraciadamente muy visibles hoy en nuestro hemisferio. Nadie está a salvo de la corrupción, pero todos somos responsables de asegurarnos que se persigue y se castiga con dureza. La impunidad es el mejor amigo de la corrupción, y el mejor ejemplo de ello es desgraciadamente Venezuela. Un país con enormes recursos y riqueza tiene a gran parte de su población empobrecida, sufriendo de malnutrición y enfermedades antes controladas, rehenes de unos dictadores que han cooptado las instituciones, los bienes y los servicios del estado para su beneficio propio. Cuando la impunidad es la norma, los dictadores no temen ser perseguidos.
En esta coyuntura, el trabajo de base que la OEA y sus Estados Miembros vienen realizando en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) adquiere mayor relevancia. Es necesario que nuestros Estados cuenten con marcos jurídicos robustos en materias de las que se ocupa la Convención, como la contratación pública y la prevención de los conflictos de intereses, para evitar la apropiación de los recursos públicos por los corruptos.
El trabajo del MESICIC no se detuvo con la pandemia. A los 94 sistemas de vinculación de funcionarios y 37 sistemas de contratación pública evaluados en su última ronda de análisis, se han comenzado a sumar en la ronda iniciada este año varias análisis claves.
Estas evaluaciones incluyen el levantamiento del secreto bancario en casos de corrupción, la extradición de los corruptos, la tipificación del enriquecimiento ilícito, la sanción del soborno transnacional y la responsabilidad de las empresas en la prevención y detección de actos de corrupción.
Asimismo, en las visitas in situ que realizó el MESICIC en su última ronda, además de entrevistar a 784 funcionarios de 259 entidades estatales, propició la activa participación de 47 organizaciones de la sociedad civil, 41 representantes del sector privado, 28 asociaciones profesionales y 11 académicos e investigadores.
El MESICIC continua consolidándose como el foro hemisférico de cooperación contra la corrupción, un espacio para que los Estados miembros sigan intercambiando buenas prácticas, dotándolos con nuevas herramientas como una ley modelo para la prevención de los conflictos de intereses y un conjunto de indicadores que los ayuda a determinar objetivamente sus resultados en la investigación, persecución y sanción penal de los actos de corrupción. Estos indicadores les permitirán también contar con alertas tempranas sobre las medidas a ser adoptadas para evitar que los actos de corrupción queden en la impunidad.
Con ocasión de esta conmemoración, guiados por nuestra Convención contra la Corrupción y bajo el convencimiento de que menos corrupción significa más derechos para más gente, reafirmamos nuestro compromiso de continuar apoyando a los Estados en la lucha contra la corrupción. Contra la corrupción, tolerancia cero.
