El 1 de diciembre, día mundial del SIDA, nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los avances y retrocesos en el combate a la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH/SIDA), que lleva más de cuatro décadas. La batalla contra el VIH ha avanzado significativamente desde el punto de vista científico y social. Sin embargo, aunque se ha avanzado en tratamientos, aún no se ha encontrado la cura; y aunque ya no hay propuestas de crear campos de concentración o tatuar a las personas que viven con el virus, el estigma no ha desaparecido y continúa generando discriminación e injusticia.
Según el Programa de Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA), 92 países reportaron que en 2020 tener tipificado como un delito la no revelación, la exposición o la transmisión del virus. Esta criminalización del VIH/SIDA es un fenómeno creciente a escala mundial que socava los derechos humanos de las personas que viven con VIH y los esfuerzos de respuesta de salud pública. La criminalización del VIH aumenta la vulnerabilidad de las personas, exponiéndolas a una amplia gama de violaciones de derechos humanos. En las Américas cada vez se usan más las legislaciones penales para procesar y castigar la exposición y transmisión del VIH. Existen disposiciones específicas que criminalizan la exposición y/o transmisión del VIH en aproximadamente 12 países de las Américas. En algunos países se procesa a personas que viven con VIH usando leyes generales de sus códigos civiles o penales. Más de 3.242 personas con VIH han sido procesadas en el hemisferio por exposición y transmisión del virus.
La criminalización del VIH no contiene la epidemia, sino que socava el mensaje de prevención más fundamental de salud pública: realizarse la prueba y empezar tratamiento. En vez de alentar la participación en los esfuerzos de lucha contra el VIH, su criminalización aliena a las personas que viven con el virus, convirtiéndolas en perpetradoras de un delito. La criminalización desalienta a las personas a realizarse la prueba, lo cual anula los esfuerzos para la prevención del contagio y para el tratamiento. Solo quienes saben que tienen VIH pueden empezar tratamiento. Gracias a los avances científicos, hace décadas que la infección de VIH es una condición crónica tratable, en la medida que haya acceso a una atención adecuada a la salud.
En algunos países se argumenta que las leyes de criminalización de la exposición o transmisión del VIH protegerán a las mujeres. Esto es falso. Por el contrario, las expone a violencia, denuncias y las pone en riesgo de prisión y de pérdida de custodia de sus hijas e hijos, entre otras consecuencias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han destacado el riesgo exacerbado del VIH entre las mujeres en América Latina y el Caribe. En un contexto de discriminación y violencia sistémica contra las mujeres en la sociedad y las relaciones desiguales de poder, las mujeres a menudo se encuentran imposibilitadas de negociar sexo seguro.
Este tipo de leyes y procesos legales contradicen las directrices internacionales sobre VIH y Derechos Humanos del ONUSIDA/PNUD, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, la Comisión Mundial sobre el VIH y el Derecho, respetados juristas, defensores de los derechos de la mujer (incluidos destacados académicos jurídicos feministas), el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Este 1 de diciembre propongámonos que el miedo, la ignorancia y el estigma den un paso atrás. En su lugar, instalemos la compasión, el conocimiento y la idea de que cuando la ley trata a las personas con VIH de manera discriminatoria en relación con aquellas que no lo tienen o ignoran si lo tienen, el ideal democrático de igualdad ante la ley no se ve realizado.
