Javier Divany Bárcenas

La Cámara de Diputados emitió la declaratoria de aprobación de reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, con los que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana

En sesión semipresencial la presidenta de la Mesa Directiva en turno, diputada Dolores Padierna Luna (Morena), dijo que una vez realizado el cómputo de los votos aprobados de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se hace la declaratoria de aprobación.

“El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislatura de los estados y de la Ciudad de México, declara reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”.

Los 18 votos aprobatorios de las legislaturas son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

La reforma al artículo 108 de la Carta Magna precisa que “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.

Mientras que la reforma al artículo 111 constitucional, menciona que “para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

Al respecto, diputados de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PRD y PVEM expresaron sus comentarios en torno a la declaratoria de reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) dijo que el fuero es, según su génesis, un apoyo que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado dentro de un régimen democrático.

El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) afirmó que esta reforma no implica la desaparición del fuero. “La declaratoria de procedencia, en caso de ser necesario que el Ministerio Público impute delitos al Presidente, realmente permanece intocado”.

Por el PRI, la diputada Cynthia Iliana López Castro manifestó que esta reforma constitucional debe ser el paso para lograr eliminar por completo cualquier viso de desigualdad e impunidad en nuestra Constitución. “Quien cometa un delito en este país, no importa el nombre ni el cargo, tendrá que ser juzgado”.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) mencionó que la reforma trata de que no haya ciudadanos de primera y segunda, de que la clase política se baje del pedestal del privilegio. Los diputados del PT no dudan en eliminar el fuero que hizo intocables a los presidentes del pasado.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (MC) dijo estar a favor de la reforma porque “vemos positiva la declaratoria e invitamos al resto de las fuerzas políticas de la Cámara a trabajar en este y otros temas con la intención de fortalecer los mecanismos de contención al poder político”.

Desde plataforma digital, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (Encuentro Social) dijo que con esta reforma se da un paso firme para ciudadanizar el poder político. “Ya no más un fuero constitucional que proteja a servidores públicos de alto rango y que por décadas le servía como protección para realizar abusos en el ejercicio de sus funciones”.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez del PRD expresó su convicción de que el fuero no debe ser un impedimento para poder juzgar penalmente a los servidores públicos que cometan algún delito. Señaló que esta “es una reforma demagógica y sin mayor trascendencia en el ejercicio del Poder Ejecutivo”.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) indicó que las modificaciones a los artículos 108 y 111 constitucionales son de gran relevancia. “Más bien son históricas, porque recogen y atienden el reclamo social que durante décadas ha hecho la población exigiendo que nuestro marco normativo no haga distinción entre los mexicanos”.