Erigida como Órgano de Acusación, la Cámara de Diputados aprobó con 271 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones, las conclusiones de la Sección Instructora en el procedimiento de juicio político identificado con el número de expediente SI/LXIV/JP/01/2019.La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, dijo que la Cámara de Diputados en términos del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hace la siguiente declaratoria:
“Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga, o Rosario Robles Berlanga, por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho durante el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018”.
Fueron trasgredidos los artículos 126 y 134 de la Constitución Política, así como diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, añadió.
Rojas Hernández pidió notificar a la Cámara de Senadores, así como remitir el expediente legislativo y a las instancias respectivas.
Designan a diputados para sostener la acusación ante el Senado
Con 270 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno cameral designó al diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), así como a las diputadas Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) y Ana Ruth García Grande (PT), para sostener la acusación aprobada en esta Cámara de Diputados en contra de la ciudadana Rosario Robles Berlanga ante el Senado de la República.
Presidente de la Sección Instructora expone conclusiones acusatorias
El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), presidente de la Sección Instructora, resaltó que es un momento histórico porque después de 94 años en que no se había instaurado un procedimiento se presentan conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político.
Explicó que la acusación se basa en lo que hizo la Auditoría Superior de la Federación y que documentó la “Estafa Maestra”. La Sección Instructora, dijo, se ha apoyado también en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, “en lo que nos han informado los propios organismos utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión”.
Destacó que la acusación “no es a una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”. Recalcó que “no es un asunto personal. La Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado; no nos interesa la persona, sino las funciones que desempeñaba y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados”.
Gómez Álvarez aclaró que “la presunción de inocencia siempre se respetó, el periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera”. Agregó que nunca se negó derecho procesal alguno, pero, “no hubo tampoco negación de los hechos, ni de las conductas; nunca la defensa presentó ese punto”.
Sostuvo que se han cumplido con los plazos de la ley, “escrupulosamente. Hemos hecho un procedimiento limpio porque queremos tener la autoridad moral para reclamar, como hoy y en lo sucesivo, a los servidores públicos de alto rango que se apeguen a la ley y que protejan los intereses públicos y se aboquen al buen despacho de los mismos. Buen gobierno es lo que exige la Cámara de Diputados”.
“Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas”, dijo.
No es tema de personas, partidos, chivos expiatorios, ni verdugos
La denunciante, diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena), solicitó ser excusada de participar en la votación de las conclusiones emitidas por la Sección Instructora en el procedimiento de juicio político identificado con el número de expediente SI/LXIV/JP/01/2019, “dado que entraría en un conflicto de interés por ser una de las partes en conflicto”. Fue aprobada por 264 votos, cuatro abstenciones y uno en contra.
Indicó que en la administración pasada el uso de los recursos públicos para servir a intereses particulares o a una fracción partidista fue la regla en el país y no la excepción. De las 13 universidades de la llamada “Estafa Maestra”, cinco son del estado de México.
El país, dijo, vive momentos históricos, pues por primera vez se está ante la posibilidad de castigar la traición a la confianza ciudadana otorgada a los altos funcionarios públicos. “La corrupción ha sido el mal que ha puesto en riesgo los cimientos de la República y del orden constitucional. No es tema de personas, de partidos, ni chivos expiatorios, ni de verdugos. Al día de hoy hay 25 denuncias penales derivadas de los hechos que hoy expresamos”.
El caso de la “Estafa Maestra” fue el más notorio en el sexenio pasado, no sólo por su difusión, sino porque reveló el método con el que se operaba el desvío de recursos públicos y porque los millones de pesos que se esfumaron estaban dirigidos a aliviar problemas tan delicados como salud, educación o la falta de alimento. “Es imposible soslayarla y que no tenga consecuencias políticas”.
Relató que se comprobó que la entonces secretaria de Desarrollo Social y después de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumentó un esquema de contratación fraudulento, al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, que consistió en contratar universidades públicas e institutos de radio y televisión estatales, lo que provocó un daño patrimonial por más de 5 mil millones de pesos.
Clouthier Carrillo negó que se le esté transgrediendo el derecho a ninguna mujer, “se le han violado los derechos a millones de mexicanas cuando se les quitó su recurso público; se habla del bien mayor sobre el bien menor”. Tampoco, dijo, hay atropello porque “la justicia y la tarea que nos compete tiene que llevarse a cabo”.
Un atropello a los derechos humanos
Alberto Javier Sánchez Rojas, abogado defensor de María del Rosario Robles Berlanga, entregó a la secretaría de la Mesa Directiva un documento con el cual se realiza la defensa jurídica y solicitó que su contenido quede íntegramente transcrito en el Diario de los Debates.
Requirió que quede asentado que “a criterio de esta defensa, el juicio político, en todo momento, ha sido un atropello a los derechos humanos que como persona y como mujer le corresponden a María del Rosario Robles Berlanga. En este procedimiento se ha visto una saña inaudita en contra de su persona, pasando por encima de sus derechos constitucionales y de los compromisos en materia de derechos humanos que ha asumido México a nivel internacional”.
Por ello, solicitó que quede constancia en el Diario de los Debates e invitó a los legisladores a que “no aprueben este atropello que se está realizando al Estado de derecho. El ejemplo más reciente es la notificación que se hizo el día de ayer, a las 18:30 horas, a María del Rosario Robles Berlanga, recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla, con la evidente finalidad de que le fuera imposible preparar una adecuada defensa para esta sesión. Justicia sí, venganza no”.
Este dictamen que adoptará la Cámara de Diputados, afirmó, es una crónica de una sentencia anunciada. Es una resolución que estaba tomada desde el día uno que se presentó la denuncia de juicio político. María del Rosario Robles Berlanga está siendo juzgada por autoridades de carácter jurisdiccional y en cuanto a su inhabilitación como funcionaria por la Secretaría de la Función Pública; ya está enfrentado un proceso penal ante autoridades federales, acotó.
“Ya no hay materia para este juicio político, pues no la puede separar de un cargo que ya no tiene, tampoco inhabilitar, y lo único que persigue es el escarnio público, es la picota y exhibirla públicamente en su persona y honra; este juicio viola el artículo 22 de la Constitución, al imponer una pena de infamia, la cual está prohibida por la Constitución y el Estado de derecho. Señores diputados, el rasero que están imponiendo es el que permanecerá de aquí en adelante”, añadió.
Posiciones de los grupos parlamentarios
Al fijar su postura, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) expuso que este juicio no se dirige a sancionar una persona, sino busca sepultar, desde este recinto, la corrupción e impunidad que fue por mucho tiempo orquestada por los servidores públicos. “Hoy hay un gobierno y un Congreso comprometido y listo para combatir y perseguir la impunidad, erradicar la corrupción y que nunca más se despojen los recursos para el bienestar o que se quebrante el erario público”.
Del PRI, la diputada Anilú Ingram Vallines indicó que este juicio político es un hecho sin precedentes que debió conducirse apegado a derecho y bajo los principios de transparencia y legalidad. “A lo largo de las reuniones de trabajo se fue desvirtuando la esencia, ya que el procedimiento violó el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de la inculpada”, quien es una ex funcionaria inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, aunque la sentencia esté sub judice, por lo que “no tiene fundamento ni razón de ser”.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) aseguró que con este acto se envía una señal de que la Cámara de Diputados está a favor de que el ejercicio de la función pública se realice en estricto apego a la ley. “No podemos tolerar una traición a la sociedad ni ser cómplices pasivos con quienes de manera dolosa traicionaron al pueblo”. Se pronunció a favor de la inhabilitación de 20 años que propone la Sección Instructora.
De Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar aseveró que su bancada está en contra de la corrupción y recordó que el 11 de enero de 2018 presentaron una denuncia en contra de la implicada. Preguntó que si ella es la única responsable en la comisión de los delitos por los que se le acusa, y por qué no hay más funcionaros responsables.
El diputado Francisco Saldívar Camacho, de Encuentro Social, mencionó que su grupo parlamentario está a favor de la acusación con el fin de continuar con el proceso de juicio político y defendiendo la responsabilidad que tienen como representantes populares. Exhortó a todos los servidores públicos a actuar de manera objetiva, con honestidad, de manera transparente y anteponiendo siempre el beneficio de las familias mexicanas.
Posteriormente, se aprobó el acta de la sesión de Jurado de Procedencia; se pidió publicar en la Gaceta Parlamentaria y concluyó la misma.
La presidenta de Mesa Directiva, diputada Laura Angélica Rojas Hernández pidió a las y los legisladores permanecer en sus lugares para iniciar con los trabajos correspondientes a la sesión ordinaria.
