De la austeridad republicana al “austericidio” de la república… un camino hacia la ineficacia

Deporte

Carlos Gálvez

A partir del intenso reacomodo institucional, que el nuevo gobierno ha generado dentro de la Administración pública y que se debe en gran medida a la austeridad republicana, se sigue creando incertidumbre en propios y extraños, quienes no identificamos el ¿cómo? en el corto plazo, se pueda lograr el cumplimiento de las funciones sustantivas de la República.
Según la “Enciclopedia de la Política” de Rodrigo Borja, la república se define etimológicamente de la siguiente manera: “viene del latín respublica (de rei o res = cosa, y de publicus = común, de todos)”, señalando además que; “la república no es una forma de Estado sino de gobierno, con sus peculiares características, se entiende por república la forma de gobierno caracterizada por la división de poderes del Estado, en el marco de un régimen político electivo, representativo, alternativo y responsable.” Con el paso de los meses y utilizando la definición anterior, hemos visto que la “cosa pública” se ha enfrentado a una serie de conflictos graves, ocasionados por el excesivo recorte al gasto público, aplicado a raja tabla por el Ejecutivo Federal, sin importar las secuelas institucionales y sociales que se estén generando, es decir sin una correcta evaluación de estás acciones.
Aunado a ello y también a la mala costumbre por parte de AMLO, de intentar rescatar a la política desde acciones emocionales, convirtiéndola en una arena donde se enfrentan las pasiones, los prejuicios y acusaciones, lo cual carece de importancia pública o validez para ayudar al diseño efectivo de políticas públicas, al no otorgar evidencias o argumentos convincentes de por qué una determinada política será aplicada en detrimento de otra, o por qué una demanda social ha sido incluida o excluida de la agenda del gobierno en turno.
Tras la más reciente destitución de Gonzalo Hernández Licona como secretario ejecutivo del CONEVAL, y después de que el Presidente hiciera un guiño (del que ojalá se retracte) a la posibilidad de desaparecer dicha institución e integrarla al INEGI, se reavivaron las preocupaciones de algunos especialistas, que consideran vital para el fortalecimiento y desarrollo democrático de un país como México, la supervivencia de instituciones con atribuciones como las conferidas al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), debido a la relevancia que la evaluación debe tener sobre cualquier acción de gobierno o política implementada.
Así, la austeridad republicana se está convirtiendo en un “austericidio” de la república, es decir, en un crimen provocado desde la austeridad para con el gobierno; cabe aclarar que para no entrar en purismos de lo que significa “austericidio”; y para los fines ilustrativos de esta nota, propongo se considere el concepto como se utilizaba en el clásico programa de radio: “la tremenda corte” en el que se agregaba el sufijo “cidio” para intensificar y criminalizar cualquier acción realizada por su personaje principal el “tres patines”.
Así pues, el “austericido de la república”, se está viviendo en todos los sectores de la Administración Pública Federal; el deporte, la salud, los organismos autónomos, la cultura, la seguridad pública y en general muchas de las actividades sustantivas del nuevo gobierno, se han visto comprometidas por la reducción intransigente del gasto público.
Si bien es cierto, que los gobiernos deben buscar la eficiente asignación de los limitados recursos, cierto es también, que recortar el gasto sin evaluar las complicaciones orgánicas que esto puede ocasionar al sistema gubernamental, acarrearía complicaciones irreparables para la continuidad de la vida social e institucional de nuestro país.
Reinventar a una nación y sus políticas públicas, desde una idea abstracta de austeridad, resulta tan complicado como el mantenerla con un gasto excesivo y desordenado.
Nadie en su sano juicio puede contradecir la idea de AMLO de que existían malos manejos en los recursos otorgados a las dependencias, tampoco puede negarse el ideal de que se deben corregir los excesos y privilegios desorbitantes de algunos funcionarios públicos, sin embargo, esta visión queda opacada ante decisiones tan lacerantes como el tema de las instancias infantiles, la suspensión de la red informática para la UNAM, el reajuste a la baja de becas para deportistas, o la desaparición de plazas estratégicas para el funcionamiento de algunas instituciones.
Otro problema que se está acrecentando peligrosamente es el que se refiere a los trámites y servicios que diariamente tienen que realizar los ciudadanos comunes, en este punto es dónde el gobernado puede medir la eficiencia y eficacia de sus gobernantes y del aparato administrativo que encabezan, por ejemplo, al desaparecer las figuras de Delegados Estatales y su respectiva estructura orgánica: Subdelegados- Jefes de Departamento o los similares que para cada caso aplique, se quedaron en el limbo un sinfín de trámites y servicios que exclusivamente eran autorizados o avalados por dichas figuras administrativas, por lo que a la fecha no se ha determinado quién suplirá esas atribuciones o si se crearan nuevas estructuras para resolver los rezagos.
A 7 meses del ejercicio presupuestal 2019, los recursos siguen restringidos, obligando a las dependencias a operar con lo básico indispensable, minando la capacidad de respuesta del aparato burocrático, lo que nos obliga a repensar la teoría planteada por la 4t, y asumir que no necesariamente al eliminar la corrupción y el dispendio de recursos, el gobierno habrá de funcionar mejor.
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