La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), resaltó que se trabaja en una agenda legislativa que transforme y establezca las bases desde la Carta Magna para alentar su cumplimiento en la administración pública, como otro frente de lucha contra la corrupción y las malas prácticas de funcionarios.
En el foro “Análisis sobre iniciativas en materia de transparencia y control de la Constitución”, la legisladora sostuvo que la sociedad ha reclamado durante muchos años que el fenómeno de la corrupción se atienda.
Por ello, en el anterior periodo de sesiones se elevó a delito grave, sin la posibilidad de obtener pronta libertad.
“Lo hacemos con la convicción de que lamentablemente requerimos de estas medidas, que sean drásticas, y enviar ese mensaje hacia la sociedad y a todos los sectores, de que vamos a actuar con rigidez”, aseguró.
Alavez Ruiz indicó que el derecho humano a la información es un mecanismo fundamental para vigilar el cumplimiento de la ley en el actuar de las instituciones en cada estado de la República.
Consideró que la Carta Magna en muchos de sus legados era letra muerta, por eso, “hacer valer un derecho no va a implicar enunciarlo nada más en la Constitución”.
Expresó su beneplácito por vincular al Poder Legislativo con la sociedad civil y el sector académico; destacó la importancia de escucharlos y retomar sus comentarios.
El diputado Héctor Jiménez y Meneses, coordinador de la Subcomisión de Transparencia, Anticorrupción y Control de la Constitución, de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien convocó al foro, comentó que no es necesario abrogar la Carta Magna de 1917, sino adecuarla.
Por el contenido político, social, económico y democratizador que debe garantizar la Constitución, las propuestas para modificarla adquieren una relevancia singular. Por ello, la Legislatura LXIV se ha convertido en Constituyente al aprobar reformas a 34 artículos.
Afirmó que no debe perderse de vista que la transparencia, anticorrupción y el control de la Constitución implica la transformación de procedimientos que permitan aplicarla en la vida cotidiana.
“La aplicación de la Constitución debe verse con una visión más profunda y reflexiva, porque en atención al contenido democratizador no es posible mirar sólo el presente, pues una reforma a este marco jurídico no puede agotarse de forma próxima, ya que debe garantizar un mejor futuro para los ciudadanos”, aseveró.
Resaltó la importancia de tender “puentes” de análisis con especialistas y la sociedad en un marco plural con el objetivo de conocer sus propuestas de reforma a este marco jurídico, con el propósito de enriquecer con la visión académica la construcción de dictámenes.
Perla Xóchitl Gómez Pulida, maestra en Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla, planteó la importancia de incluir en la Constitución Política la justicia intergeneracional para garantizar a las próximas generaciones el goce de derechos, como por ejemplo, que tengan un adecuado medio ambiente que les ofrezca las posibilidades de tener calidad de vida.
También asistieron los diputados del PT, Silvano Garay Ulloa, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Jesús Fernando García Hernández; de Morena, Alfonso Pérez Arroyo; la Asociación de Abogados de Atlixco y estudiantes universitarios de Puebla.
