Cumplen con trámite de declaratoria de publicidad cinco dictámenes para reformar la Carta Magna

Política

Los temas: suspensión de derechos, trato digno a los animales, prisión preventiva oficiosa, espacio ultraterrestre y edad mínima para ocupar un cargo público

El Pleno de la Cámara de Diputados conoció, para trámite de declaratoria de publicidad, cinco dictámenes que reforman la Constitución Política en temas de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, bienestar y trato digno a los animales, prisión preventiva oficiosa, actividades en el espacio ultraterrestre y edad mínima para ocupar un cargo público.

Suspensión de derechos

El primero reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.

Se agrega una fracción VII al artículo 38, a fin de suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, por tener sentencia firme debido a la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa.

En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Además, se incorpora en el artículo 102 constitucional el lenguaje con perspectiva de género en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República.

Trato digno a los animales

Otro dictamen reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de bienestar y trato digno a los animales.

Se busca facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, respecto del bienestar y trato digno a los animales.

Prisión preventiva oficiosa

El tercero reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna, con el propósito de que el Ministerio Público pueda solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa por tráfico ilegal de armas de fuego.

Menciona que la previsión de la prisión preventiva oficiosa en el caso del tráfico ilegal de armas se entiende que posibilitará que quienes trafiquen ilegalmente, eventualmente tengan incentivos para omitir la conducta, pero al mismo tiempo permitirá que se realicen los valores de seguridad, orden y paz en el país y, eventualmente, auxiliará en la persecución de las conductas criminales.

Espacio ultraterrestre

También se conoció el dictamen que reforma los artículos 28 y 73 de la Constitución Política, en materia de regulación de actividades en el espacio ultraterrestre.

Indica que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las actividades sobre el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y los cuerpos celestes y se faculta al Congreso de la Unión para legislar en toda la República en actividades sobre el tema.

Edad mínima para ocupar un cargo público

El quinto dictamen reforma la fracción II del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política, respecto de la edad mínima para ocupar un cargo público.

Se establece que para ser diputado es necesario tener 18 años cumplidos el día de la elección; actualmente es de 21 años; para ser Secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos.

Informa Jucopo que al momento no hay consenso para la propuesta de elección de consejeras, consejeros y presidencia del INE

Hoy 30 de marzo, la Junta será citada por la tarde a reunión de trabajo a fin de continuar el diálogo

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de un oficio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el que comunica que al momento no hay consenso para hacer propuesta de designación nominal para la elección de las consejeras, consejeros y presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

Ello, conforme a su normatividad interna y después de haber escuchado el posicionamiento y la deliberación de los grupos parlamentarios que la integran, y al no haber logrado al momento el consenso necesario.

Menciona que hoy 30 de marzo, la Junta será citada a reunión de trabajo para continuar con el diálogo exhaustivo y el impulso a la construcción de acuerdos, conforme a los plazos previstos en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y la Convocatoria para la elección de consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus criterios específicos de evaluación.

En ese sentido, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Santiago Creel Miranda, señaló que la presidencia estará atenta durante el transcurso del día para conocer de los acuerdos que, en su caso, puedan alcanzarse entre los distintos grupos parlamentarios en el seno de la Junta de Coordinación Política, relativos al procedimiento.

El documento de la Jucopo precisa que, con fundamento en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafo quinto, incisos a) al e) de la Constitución Política corresponde a la Cámara de Diputados elegir, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a las consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Argumenta que con fecha 26 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación remitió a la Jucopo cuatro listas en una proporción de cinco personas aspirantes por cada cargo vacante.

Con fecha 29 de marzo, los coordinadores fueron citados para dialogar, deliberar y expresarse ampliamente en relación con las listas remitidas por el Comité y el proceso de elección de los tres cargos de consejeras y consejeros, así como el de la consejera presidenta conforme a las previsiones del artículo 41 constitucional, la Ley Orgánica del Congreso General y las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.