Las Comisiones de Desarrollo Democrático de la Coparmex CDMX y la Nacional exhortaron esta mañana a la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México a derogar el artículo décimo transitorio e instruir al Instituto Electoral local, a emitir la Convocatoria Única para elegir Comités Vecinales y Consejos de los Pueblos y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo previstos en la ley, porque no hay razones jurídicas suficientes que justifiquen la suspensión de una ley vigente en tanto no se apruebe una nueva.
Claudia Guzmán González, titular de la comisión empresarial en la Ciudad de México hizo un llamado también a elaborar una Nueva Ley de Participación Ciudadana que observe los comentarios y recomendaciones que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como experto en la materia, realizó sobre las tres iniciativas con proyecto de decreto de ley en materia participación Ciudadana, y que no están impactadas en el pre-dictamen.
Asimismo, conminó a los legisladores a actuar de acuerdo con los estándares internacionales, en pleno apego a la Constitución de la Ciudad de México, garantizando el derecho a la buena administración, el buen gobierno y a la democracia participativa, que eviten que la ciudadanía deba recurrir a un juicio de amparo colectivo, para defender legítimamente sus derechos, pues la responsabilidad del Congreso es fomentar y asegurar la participación en igualdad y en el marco de la ley.
En la rueda de prensa participó también Juan de Dios Barba Nava, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Coparmex Nacional, quien estableció que “es un absurdo que en un tema de participación ciudadana, lo menos que hay son representantes de la ciudadanía”.
Por lo que también se unió al llamado para que el congreso corrija el camino, entre otros puntos donde pretende que la autoridad sea juez y parte en procesos de revocación de mandato o en la definición de proyectos de presupuesto participativo, “en este último donde se fomenta el asambleísmo que no es una figura democrática legítima, porque lo que se debe estimular es la participación mediante el voto directo y secreto de todos los ciudadanos”.
Barba Nava, quien también fue presidente del Centro Empresarial de la Ciudad de México, ve otro problema cuando “se prevé la asignación de recursos a ciertos comités de participación ciudadana, lo cual es un absurdo porque sería involucrarse en el ejercicio directo de los recursos públicos con todas las consecuencias jurídicas y de fiscalización que pudieran darse”.
Destacó que debe haber un debate incluyente donde participe no sólo el sector empresarial, sino también la academia, los sindicatos de trabajadores y la sociedad civil en general, con todos sus derechos, porque hasta ahora “falta claridad, transparencia y no podemos permitir este mal ejemplo de la CDMX en el resto del país”.
Por esto mismo, exhortó al Congreso de la CDMX para que reconsidere el proceso de creación de una nueva Ley de Participación Ciudadana y no se tire por la borda el recurso presupuestal ni el proceso correspondiente a 2019, que todavía es oportuno realizarlo y no llevarlo hasta 2020. “Porque la siguiente pregunta es qué se va a hacer con los 1,200 millones de pesos que están presupuestados para 2019”.
Claudia Guzmán convocó a la ciudadanía, a las organizaciones de la sociedad civil, a la Academia y a los sectores público y privado, a generar un clima de exigencia y debate público razonado, a fin de defender la Ciudad Capital y su reputación como Referente internacional en la implementación de buenas prácticas para el ejercicio e innovación de la democracia participativa, y sumar esfuerzos para evitar que el pre-dictamen de la nueva Ley de Participación Ciudadana sea aprobado en los términos en los que está redactado.
Destacó el riesgo de que el dictamen sea aprobado cómo está su redacción actual porque al ser nuestra Ciudad Capital caja de resonancia a nivel nacional, se corre el riesgo de que inicie un efecto cascada en los Congresos Locales Estatales.
Los dirigentes en la Coparmex CDMX y Nacional explicaron que pese a que no debiera ser necesario, acudirán a todos los recursos legales disponibles para parar esta afectación a los derechos de los ciudadanos y la democracia participativa, incluidos los tribunales internacionales.
martes, abril 23, 2024
