- Esta actividad es impulsada por la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados
Durante el segundo día del taller “Introducción a la Prevención y Eliminación de la Discriminación”, impulsado por la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que dirige Yuriria García Núñez, se analizó el marco jurídico del Derecho a la Igualdad y la no Discriminación.
En el taller participan las y los trabajadores de las direcciones generales de Servicios a Diputados, Resguardo y Seguridad, Apoyo Parlamentario, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, Canal del Congreso y Comunicación Social.
En el transcurso de la sesión se identificaron y explicaron los diversos instrumentos legales, internacionales y nacionales, enfocados a la protección de los derechos humanos.
Norma Lorena Cortés Loaeza, quien impartió el taller, explicó que la discriminación hacia las personas y grupos se materializa en el acceso desigual de los derechos, los cuales pueden ser económicos, políticos o culturales, e incide en la toma de decisiones o en el acceso a los mecanismos para denunciar a hacer exigible un derecho.
Especificó que la discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona, sobre la base de un prejuicio o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida.
Reiteró que la igualdad de las personas y el derecho a la no discriminación son un componente esencial de los instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y regionales, los cuales, se hicieron presentes desde su promulgación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Añadió que en este documento elaborado una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se estableció que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
Subrayó que el instrumento nacional se denomina “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, decretada el 11 de junio de 2003, modificada varias veces a raíz de la reforma Constitucional de 2011, a fin de que el Estado proteja a todas y todos de cualquier acto de discriminación.
Explicó que la no discriminación es un derecho humano con una dimensión jurídica plasmada en instrumentos internacionales y que el Estado está obligado a garantizar su cumplimiento, a través de mecanismos legales.
Añadió que es un tema de administración pública que implica una gran tarea para eliminarla porque, aun cuando está prohibida desde la Constitución, eso no garantiza su eliminación. “La discriminación no se termina por decreto”, acotó.
