El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó hoy una resolución sobre “La situación en Nicaragua” donde reitera “la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política en ese país”.
La resolución fue aprobada con 20 votos a favor (Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela), 3 votos en contra (Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Suriname) y 10 abstenciones (Barbados, Belize, Bolivia, Dominica, El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica y Saint Kitts y Nevis). Un país estuvo ausente de la votación (Trinidad y Tobago).
El documento insta a las partes a que “avancen en un diálogo efectivo y de buena fe” mediante la implementación por parte del Gobierno de medidas tales como: “la liberación incondicional de todos los presos, antes del 18 de junio de 2019”, “permitir el trabajo efectivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de sus mecanismos en Nicaragua, incluido el MESENI”, “dar curso a las medidas institucionales necesarias que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, de conformidad con los estándares internacionales”, “garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias”, y “garantizar el regreso y permanencia seguros, sin represalias, a todas las personas que fueron forzadas a abandonar Nicaragua como resultado de la actual crisis”, entre otras.
El Jefe de Gabinete del Secretario General, Gonzalo Koncke, expresó que “Nicaragua requiere avances en materia de reforma electoral, es necesario que estos trabajos progresen para poder tener elecciones justas, transparentes, con estándares de observación internacional. Es necesaria la máxima promoción y protección de los derechos humanos en el país, la liberación de los presos políticos, el restablecimiento completo de la libertad de expresión, es necesario avanzar en los trabajos de justicia y reparación en el país, así como en las garantías para el regreso de los ciudadanos que se vieron forzados a salir del territorio. También es fundamental el regreso del MESENI y de la CIDH a trabajar en el país”.
