Diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México coincidieron en la importancia de la transición de la Procuraduría a Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para modernizar los protocolos de investigación, aminorar los tiempos de atención.
Reconocieron que la herencia de gobiernos pasados en esta institución ha complicado la reducción de la incidencia delictiva y el brindar justicia a las y los capitalinos.
Durante la comparecencia ante el Congreso capitalino de la procuradora de Justicia, Ernestina Godoy, el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, manifestó que la Procuraduría es de las mejores instituciones en el país, con servidores públicos, servicios periciales y policías que siempre se destacaron con eficacia y eficiencia, siendo una institución que llegó a superar, en algún momento, a la Procuraduría General de la República.
“Esperemos en verdad que esta ciudad alcance la justicia y no por la manipulación de las estadísticas ni por la supremacía de una orden decretada, sino por la sencilla razón de que sólo en democracia y con una cultura de respeto a los derechos es como podremos alcanzar la justicia que merecemos”, dijo.
Al fijar posicionamiento, la legisladora Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del PVEM, aseguró que la PGJCDMX fue rezagada en procesos de confianza, lo que impactó en su eficacia, generando miedo, desconfianza y frustración entre la ciudadanía, por lo que las personas decidieron no ir a la agencia del Ministerio Público, y si lo hacían sería poco probable que el daño se restituyera y el culpable fuera sancionado.
“Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos las mujeres es la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Las mujeres no nos sentimos seguras, ni hay la certeza de salir a la calle y regresar a salvo. Ante esto se ha generado un reclamo social latente, que en los últimos meses se ha puesto bajo reflectores de la opinión pública con más fuerza que nunca”, externó.
En su turno, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del PRI, detalló que de acuerdo con el índice de Estado de Derecho en México, la ciudad ocupa los últimos lugares en materia de justicia penal; se tiene rezago de 270 mil averiguaciones previas y casi 600 mil carpetas de investigación. Asimismo citó que con base en el informe previo entregado por la Procuraduría, los delitos han crecido de 2015 a 2019 de 123 mil a más de 181 mil.
“No es casualidad que en el mismo periodo la percepción de inseguridad haya pasado de 78 por ciento a 89 por ciento, lo que confirma la necesidad de poner un alto a quienes lastiman a nuestra sociedad”, argumentó.
Jorge Gaviño Ambriz, integrante de la bancada del PRD, lamentó las cifras contradictorias entre el informe entregado por la PGJCDMX al Congreso y las cifras con que cuenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que es alimentado por las Procuradurías locales.
“El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó un informe al mes de agosto, en donde la Ciudad de México tiene 235.9 presuntos delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, lo que nos coloca en la quinta entidad más peligrosa en este tipo de delitos”, dijo el diputado Gaviño Ambriz.
Durante su posicionamiento, la legisladora Jannete Guerrero Maya, del PT, destacó que se deben atender las voces de los grupos feministas, cuya exigencia es abatir los altos índices de impunidad en delitos de género.
“La confianza no es cheque en blanco, se gana y mantiene con resultados efectivos. La Encuesta Nacional de Victimización ha reflejado un leve incremento en la confianza ciudadana en el orden de 1.4 puntos porcentuales en relación al año anterior”, añadió.
Durante su intervención el diputado del PAN, Diego Orlando Garrido, aseguró que la PGJCDMX arrastra deficiencias que no se tratan de una herencia del año pasado, sino de más tiempo, que derivan de un sistema agotado que debe transitar hacia una Fiscalía.
“Desde el PAN vemos que las fallas se deben al crimen, a un sistema caduco que permite la corrupción e impunidad, la desconfianza ciudadanía, la pésima atención en las agencias del Ministerio Público, así como las filtraciones de datos de víctimas. Todo esto es un lastre que se padece desde hace mucho”, señaló.
Nazario Norberto Sánchez, diputado por MORENA, posicionó en tribuna que los capitalinos tienen una urgente necesidad de seguridad y justicia, por lo cual se ha trazado como eje principal del Gobierno de la Ciudad avanzar en estos rubros, y con ello alcanzar el proceso de transición a Fiscalía.
“Entendemos que el impacto de cambios serán limitados por las condiciones del deterioro en la Procuraduría. Esos cambios son un preámbulo de proyecto mayor y ambicioso en transición de la Fiscalía con una filosofía para la atención a grupo vulnerables y protocolos de investigación”, indicó el legislador.
Contra los delitos de género hay una política que prioriza la protección
Al responder a los primeros cuestionamientos, la procuradora Ernestina Godoy afirmó que la violencia en la capital afecta especialmente a niñas, adolescentes y mujeres y que para combatir los delitos de género se ha establecido una política criminal que prioriza mecanismos de seguridad y protección, incorporando estándares para la investigación de los delitos de género y fortaleciendo la articulación interinstitucional.
“Sabemos que cuando tenemos a una mujer en situación de vulnerabilidad pidiendo apoyo a nuestra institución, puede ser la única ocasión en que puede hacerlo; por ello las medidas de protección en los casos de violencia familiar y sexual tienen que ser contundentes y rápidas”, dijo.
En esta materia, resaltó la incorporación de estándares internacionales para la investigación de los delitos contra las mujeres, la reclasificación de violencia familiar a casos de tentativa de feminicidio; detalló que actualmente con la participación y coordinación entre las 156 abogadas de la Secretaría de las Mujeres, los Ministerios Públicos y asesores jurídicos de las 79 agencias desconcentradas y especializadas existen 28 mil 135 orientaciones y el inicio de 5 mil 670 carpetas por violencia familiar.
En cuanto la seguridad señaló que han logrado contener y disminuir la criminalidad en 338 colonias que concentran 70 por ciento de las carpetas de investigación, resultado que tiene que ver con una estrategia amplia en la que participan todas las alcaldías.
Además, se pronunció en favor del diseño de programas de persecución criminal por zonas y no por alcaldía, “aquí sí ni filias ni fobias, vamos todos y todas a buscar la seguridad de esta ciudad”, destacó la funcionaria local.
Al hablar de la transición de Procuraduría a Fiscalía de la CDMX, afirmó que representará un reto importante que deberá consolidarse en cuatro años, pero se están sentando las bases para construir una nueva institución con un andamiaje estructural que responda a las necesidades actuales y emergentes en materia de procuración de justicia, es decir, una estructura orgánica flexible, lo suficientemente robusta para afrontar el reto, pero no pesada para la ciudadanía, no una Procuraduría convertida en Fiscalía que le resulte cara a la ciudad.
Godoy Ramos afirmó que ninguna Procuraduría puede dar resultados si atiende de la misma forma todo tipo de delitos, por ello dijo que la Fiscalía tendrá que trabajar de manera diferenciada para atender casi 70 por ciento de las denuncias que llegan de delitos de bajo impacto, ya que algunos delitos pueden ser resueltos mediante los mecanismos alternativos.
Diputadas y diputados preguntaron, la procuradora respondió
Durante la ronda de réplicas, el legislador Miguel Ángel Álvarez Melo, preguntó el estado que guarda un punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso referente a las carpetas de denuncias presentadas por mujeres víctimas de tentativa de secuestro, acoso sexual, robo y demás delitos.
Por su parte, el diputado del PRI, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, solicitó información referente a los mecanismos alternativos de solución que se establecen en el sistema de justicia penal y las acciones encaminadas a fortalecer las investigaciones para que lleguen a ser realmente eficientes.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, señaló que si 70 por ciento de los homicidios de la capital están vinculados al crimen organizado, cuál es la política que tiene la Procuraduría para atacar dicho rubro.
Mientras tanto, la diputada Jannete Guerrero Maya preguntó cómo enfrenta la Procuraduría la falta de estudios y formación de los policías de investigación.
A nombre del grupo parlamentario del PAN, el diputado Christian Von Roehrich, pidió conocer las acciones para eficientar los procesos en la investigación, y el número de bandas delictivas detenidas y desmanteladas en la alcaldía de Benito Juárez.
El diputado de MORENA, Eleazar Rubio Aldarán, se refirió a las investigaciones por el maquillaje de cifras delictivas que presuntamente realizó la administración anterior y la estrategia para cumplir con la llamada Ley Amnistía, promulgada el 8 de junio del 2018.
Al respecto, la procuradora comentó que ante denuncias de secuestro y acosos en el Metro se establecieron cinco agencias del Ministerio Público móviles en distintas estaciones, lo que permitió a las mujeres tener esa facilidad de denuncia, incluso para quienes en algún momento también fueron amenazas vía electrónica o redes sociales.
En cuanto a los mecanismos alternativos de solución, dijo, existen 20 centros de mediación; sin embargo, existe poca información entre la ciudadanía, “del 5 de diciembre de 2018 para acá hemos tenido 6 mil 656 casos, 2 mil 995 nos fueron derivados del Ministerio Público, 3 mil 661 casos han sido presenciales y hemos logrado firmar sólo mil 804 convenios y 818 acuerdos”, precisó.
En atención a los cuestionamientos, Godoy Ramos dijo que en materia de delincuencia organizada existe una coordinación estrecha con las instancias federales, desde la Fiscalía General, el Consejo Nacional de Información, el Centro Nacional de Inteligencia, con la Sedena, ya que el tema rebasa las capacidades y facultades de la Procuraduría local.
Respecto de los integrantes de la Policía de Investigación informó que hay 16 elementos separados, más de 300 en investigación por razones de corrupción y hasta posibles nexos con las organizaciones delictivas y en cuanto a mejorar las condiciones laborales se ha adquirido equipo adecuado y especializado, además de vehículos necesarios para sus funciones.
Finalmente sostuvo que el trabajo coordinado con todas las alcaldías les ha permitido detectar bandas locales y líderes específicos que provocan violencia en colonias, barrios y unidades habitacionales.
En cuanto a las manifestaciones, indicó, que han iniciado alrededor de 10 carpetas de investigación de centros bancarios, restaurantes, tiendas de conveniencia e incluso del propio gobierno.
“No vamos a criminalizar, pero tampoco vamos a permitir que la violencia se apodere de las manifestaciones que deben ser pacíficas y estamos siendo muy cuidadosos en la Procuraduría, en la ubicación de quienes no estaban haciendo uso de su derecho a manifestar y de protesta, sino estaban realmente destruyendo y sólo fueron a destruir”, concluyó.
