Congresistas piden a su Junta de Coordinación Política reestablecer convenios de servicio social con instituciones educativas

Metrópoli

Debido a la pandemia por COVID–19, empresas privadas, así como instituciones públicas y privadas suspendieron la prestación del servicio social

Con el objetivo de que mujeres y hombres, estudiantes de licenciatura en las universidades públicas o privadas puedan realizar su servicio social de manera presencial o vía remota en este órgano legislativo, congresistas capitalinos aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), a efecto de que sean celebrados o refrendados los convenios, programas para restablecer el servicio social.

Desde el inicio de la jornada nacional de sana distancia, causada por la pandemia por Covid-19, una de las medidas con mayor impacto fue el confinamiento que suspendió de manera gradual las actividades presenciales no esenciales; siendo la población joven uno de los sectores más afectados, señaló la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA).

Quienes además de ver limitada la interacción social en las escuelas, han sido afectados en oportunidades laborales, debido a que algunas empresas privadas, así como instituciones públicas han suspendido la prestación del servicio social; cancelando convenios, no refrendando su adhesión a diversos programas o solicitando a las universidades no enviar a las personas para realizar dicha actividad.

Por este motivo, la legisladora comentó que a la fecha se han realizado esfuerzos para revertir estas acciones; sin embargo, dijo que para sortear esta situación no sólo se requiere del trabajo de las universidades, también es importante que las empresas privadas y los poderes públicos implementen acciones como el servicio social a distancia, para que puedan concluirse de manera satisfactoria este requisito que permite a las personas concluir sus estudios universitarios.

Cabe señalar que en México el servicio social es un requisito esencial para recibir un título universitario, como lo menciona el artículo quinto de la Constitución Federal, al establecer que los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley.