En la última mesa de trabajo de las audiencias públicas sobre la reforma laboral, especialistas en la materia expusieron ante legisladores sus propuestas sobre cómo garantizar justicia en los conflictos obrero-patronales.
La diputada Anita Sánchez Castro (Morena) subrayó que el tripartismo laboral ya no está contemplado en la iniciativa, porque eso se prestaba a que las empresas contrataran mediante la figura del outsourcing; esta propuesta cambia el esquema, pero no se desprotege ni al empleado ni al patrón.
La legisladora afirmó que se respaldan los derechos de los empleados y se armonizan las leyes para garantizar la estabilidad en el empleo.
Por su parte, Eliel Morales Sosa, representante patronal del Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, resaltó que la construcción del nuevo modelo de justicia laboral permitirá fortalecer el Estado de derecho, acabar con la corrupción y dar una respuesta oportuna a los conflictos obrero-patronales; sin embargo, precisó se debe tener cuidado en realizar un adecuado proceso prejudicial, de lo contrario se podría caer en vicios de dilatación.
Añadió que también se requiere considerar una adecuada designación de los juzgadores, lo cual deberá ser mediante la profesionalización técnica de la materia, a fin de que garanticen la transparencia y la certeza de su labor, así como crear un centro de capacitación judicial-laboral, donde se actualice al personal.
César Maillar Canudas, presidente de la Comisión de Empleo y Productividad de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), celebró que este proyecto de reforma garantice que los sindicatos verdaderamente representen los derechos de los trabajadores y que la autoridad defienda a la inversión y a los empresarios. “Esperamos que esta administración meta la mano fuerte para evitar las huelgas y los paros ilegales”.
Pidió a los legisladores revisar el artículo 784, pues la propuesta actual no contempla que el 99 por ciento de las empresas del país, no tiene la capacidad de contratar a un buen despacho de abogados, en caso de un juicio laboral y pueden llegar a perder todo a consecuencia de un laudo, lo cual también afecta a otros trabajadores.
Sandra Maricela Flores Alonso, titular de la Unidad de Transparencia del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados, destacó que las audiencias públicas permiten conocer las posturas de expertos, a fin de que los legisladores tomen una decisión más informada; además, se coloca a la ciudadanía en el centro de las decisiones.
Añadió que la reforma terminará con la represión de conflictos por la corrupción y simulación del viejo régimen laboral. Asimismo, propuso proteger los datos de los integrantes de los sindicatos, pues la iniciativa, como está, permite dar a conocer las listas con el nombre de los agremiados.
César Adrián de León Guadiana, funcionario conciliador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mencionó que el ejercicio de parlamento abierto permite escuchar a todas las voces, sobre todo en un tema tan relevante como lo es la reforma laboral mandatada por la Constitución.
Subrayó que las juntas de conciliación han sido abandonadas presupuestalmente. Hay un estigma hacia los trabajadores de estos organismos; no obstante, dijo, hay una gran inversión en recursos humanos, por lo que propuso que todos los trabajadores que reúnan los perfiles, puedan integrarse a los centros de conciliación.
Héctor Barba García, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Trabajadores, planteó la transferencia de más de un millón de juicios en rezago que tienen las juntas de conciliación del país, a los nuevos tribunales de justicia laboral.
“No es tanto una propuesta, sino que así lo marca la propia Constitución para esta reforma. Las juntas se irán extinguiendo, por eso debe concretarse la transferencia”, apuntó.
Eugenio Narcia Tovar, director de Asesoría Legal y Representación Laboral ANR SC, consideró que en la reforma debe quedar claro que el centro de conciliación tiene que ser un órgano autónomo que cumpla con los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, transparencia, publicidad y probidad.
“Es importante que esa nueva entidad se rija por una junta de gobierno independiente donde no intervenga el sector empresarial, ni los sindicatos”. Otro punto relevante es plasmar que el patrón no escoja las agrupaciones, porque es un derecho que corresponde a los trabajadores.
Óscar Rubio González, fundador de Asesoría Legal y Representación Laboral ANR SC, señaló que a lo largo del tiempo ha habido representantes sindicales con muchos intereses; sin embargo, estimó, con la reforma ya no se podrá eludir la responsabilidad laboral.
Indicó que hay derechos y obligaciones tanto del trabajador como del patrón; la reforma, precisamente, trata de agilizar los desacuerdos laborales.
Gustavo Macías Sandoval, asesor jurídico de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, expuso que el Centro de Conciliación Especializado, el cual se encargará de registrar sindicatos y los contratos colectivos, debe estar constituido en forma tripartita con representación de los patrones, trabajadores y del gobierno.
Añadió que esta propuesta es de hecho retrógrada, pues se coloca a los sindicatos en un tipo de lista negra y vulnera la estadía laboral de los trabajadores. “Lo que tanto se criticó se está regresando, pero aumentado y mal”, advirtió.
Felipe García Martínez, representante del Grupo Restitución del Artículo 123 de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, dijo que las juntas de conciliación y arbitraje han sido abandonadas, lo que ha generado ineficiencia, además que éstas se encuentran supeditadas políticamente a los gobernadores, al Ejecutivo, quienes cambian a capricho a sus titulares.
Subrayó que la eventual desaparición de las juntas dependientes de los líderes ejecutivos y su reemplazo por tribunales adjuntos del Poder Judicial, de ninguna manera garantiza la calidad y honestidad, por el contrario, se impulsaría la corrupción y el desconocimiento de la materia laboral y se terminaría con los principios de tutela de los trabajadores.
Guadalupe Morales Núñez, especialista en el tema laboral, mencionó que en estas reformas se debe cumplir con las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de igualdad salarial.
Alertó que de no atenderse este tema, ocurriría una precarización salarial y un aumento del trabajo informal, por lo que propuso modificar los artículos 20 y 25 de la Ley Federal del Trabajo para que se incorpore en carácter incluyente en las condiciones generales de trabajo.
Además, explicó que estas modificaciones no afectan al trabajo informal, sino que todo se le recarga al empleador formal, por lo que propuso desarrollar la base sobre esta materia, a través de incentivos fiscales y con ello todos participen en la generación de impuestos.
Selene Campos López, secretaria auxiliar del Servicio Público de Conciliación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, manifestó que para garantizar la justicia laboral es primordial fomentar la cultura del diálogo y con ello alcanzar acuerdos voluntarios obrero-patronales mutuamente beneficiosos.
Destacó que en la Ciudad de México a través del proceso de conciliación, se han logrado 7 mil 42 convenios de 31 mil 911 demandas, por lo que es una prueba garantizada que esta vía es fundamental para agilizar los procesos en materia de justicia penal.
Rosario Ortiz Magallón, comisionada en Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Telefonistas, consideró que la reforma laboral se ubica en un contexto político que debe aprovecharse. “El reto es profundizar los avances democráticos en materia de derechos humanos y, particularmente, en el ámbito laboral”.
La reforma legal, agregó, es necesaria porque la desigualdad se ha profundizado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) refieren que 80 por ciento de los ingresos de las familias proviene del empleo; sin embargo, señala que en México hay grandes brechas y muy bajo crecimiento económico, además de discriminación salarial hacia las mujeres, que perciben 30.5 por ciento menos de salario que los varones.
