La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), concluyó los trabajos virtuales del Parlamento Abierto de análisis para la iniciativa presidencial en materia de pensiones, en el cual expertos, servidores públicos de la SHCP y representantes del sector de las afores, señalaron los pros de la iniciativa.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores señaló que el sistema actual no ha servido para el trabajador, fue instalado por el neoliberalismo y causará dificultades si no se le pone atención, por lo que es una materia que debe revisar a fondo. “La iniciativa endereza la anterior, no arregla la dificultad mayor, pero apunta en esa dirección. No debe soltarse el debate, hay que avanzar con lo que se tiene en la iniciativa, ya que de lo contrario tendrán una pensión miserable que no le alcanzará ni para cubrir la canasta básica alimentaria”.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villareal (PRI) consideró que ha sido alarmante el uso de estos ahorros por parte de los usuarios de las Afores por cuestión de la crisis que enfrentan miles de ellos. “Añadió que se ha puesto atención en los distintos puntos de vista y hacer planteamientos que fortalezcan esta primera reforma, la cual no resolverá de tajo el tema, pero será un primer paso que permita tener un sistema pensionario a nivel nacional robusto y que brinde mejor desarrollo al país”.

Carlos Hurtado López, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), propuso que se incluya un artículo transitorio para que el Gobierno Federal utilice recursos para pagar y atender a los primeros jubilados de la ley vigente, en 2021, y que por haber empezado a cotizar tarde, en 1997, y tienen la edad de jubilación, será muy difícil que estos trabajadores alcancen las 750 semanas cotizadas; serán miles que tendrían derecho a pensión por haberse encontrado en la transición de las dos leyes. Destacó que es importante que la reforma no imponga costos fiscales a las finanzas públicas dado que su situación, en los próximos años, están “apretadas”.

Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apuntó que en este momento el equilibrio fiscal que se plantea en la iniciativa es factible, es decir, que además de la presión fiscal que se tiene con la pensión universal, se otorgan los mayores beneficios posibles: más trabajadores alcanzando una pensión, una mejor pensión garantizada y la aportación de los patrones, que se incrementa al 15 por ciento. Cuidar la viabilidad financiera, no es sólo un objetivo, sino la garantía de que los recursos estarán disponibles. El sistema pensionario debe complementarse, para aumentar el poder adquisitivo, insertar a las mujeres y a quienes laboran en la informalidad.

La directora general Adjunta Jurídica de Seguros, Fianzas y Pensiones de la SHCP, Yolanda Torres Segarra, indicó que esta reforma debe contemplar el ahorro voluntario para los trabajadores que tienen ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos y clarificar cuáles serán los parámetros para asegurar la pensión garantizada.

La directora general adjunta de Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, Amelia Chávez Carrillo, planteó que el impacto fiscal de las medidas propuestas dependerá de la situación laboral del país y de las proyecciones, es decir, del número de trabajadores activos e independientes, por lo que un incremento en los beneficios del sistema generará una presión de gasto, lo cual podría ocasionar un desequilibrio fiscal.

Pedro Sánchez Cuervo, Presidente de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que el aumento en las aportaciones permitirá disminuir el incremento de las cuotas de patrones con trabajadores que perciben salarios menores, por lo que las medianas, pequeñas y micro empresas tendrán un impacto muy marginal. “Estamos creciendo el ahorro, pero sin incrementar a los sectores empresariales que tendrían dificultades para mayores aportaciones”.

Jorge López Pérez, representante de COPARMEX Nacional, señaló que el sistema de seguridad social anterior no brindaba niveles de remplazo aceptables por diferentes causas, mandando a la mayoría de mexicanos al sector informal, por consecuencia México tiene una de las mayores participación de personas con 60 años o más laborando, lo que se suma a que las empresas deben dejar que el trabajador “permanezca hasta que el cuerpo aguante”, llegar a un acuerdo o pagar una indemnización que tiene un impacto en la liquidez o, en su caso brindar un plan de pensiones como una indemnización final.

Orlando Corona, integrante de la Comisión de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, consideró que el gran reto es mantener equilibrio en las finanzas públicas y que los adultos mayores tengan los recursos suficientes para vivir dignamente, por ello, la pensión universal debe ser el piso básico, que no discrimina, complementándose con la pensión mínima garantizada, que cuando el trabajador no logre tener los recursos suficientes, el Estado aporte la diferencia, a fin de mantener un equilibrio fiscal, por ello propuso armonizar los artículos 141 y 170 de la iniciativa para no generar desequilibrio en las finanzas públicas.

José Luis Carazo Preciado, secretario de Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México, aclaró: “los trabajadores no es que no tengan la cultura del ahorro, no se tienen los ingresos y no alcanza para ahorrar”. El 49.1 por ciento de los empleados que cotizan en IMMS, ganan de uno a dos salarios mínimos. Todos luchamos por tener una pensión digna, afirmó. Pidió tomar en consideración a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, para que accedan a una pensión, en caso de regresar al país, porque no tienen acceso a esta prestación, pese a que enviaron remesas durante muchos años y no tienen posibilidad a una vejez digna, a través de su cuenta individual de ahorro.

El director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C, Héctor Juan Villareal Páez, expresó que es una buena reforma, no obstante, dijo que se debe integrar a la población informal y alertó a los legisladores que de no atender el tema de pensiones ahora, el sexenio entrante se enfrentaría a una crisis que pondría en riesgo el sistema fiscal.

Manuel José Molano Ruiz, Economista en Jefe del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., opinó que es una buena reforma, toda vez que traerá ahorros e incentivará la aportación voluntaria, asimismo, consideró que la competencia en este sector es importante para la reducción de comisiones, pues permitirá que se coloquen acorde a los niveles internacionales.

Carlos Fernando Lozano Nathal, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, enfatizó que en cuestión fiscal todo debe hacerse de forma clara para que el contribuyente no tenga dudas. Indicó que se debe establecer que un 40 por ciento de las aportaciones se inviertan en valores emitidos por la federación para que haya un ahorro favorable para el gobierno, y agregó que actualmente en los planes privados hay 553 mil millones de pesos invertidos, equivalente a medio billón o 2.2 por ciento del PIB, por lo cual si estos se llevan a una deducción que pase del 53 al 100 por ciento podrían alcanzar un crecimiento equivalente al 1 por ciento en alrededor de tres años. “Sería un estímulo más que favorable”.

Lizbeth Escalante Chong, Director Retiro, Mercer Human Resource Consulting, señaló que, según las estimaciones que han realizado, el modelo que propone el Gobierno Federal representa en términos generales costos neutrales en los próximos 30 años, por lo que bajo la óptica fiscal es viable a largo plazo.

Álvaro Meléndez Martínez, vicepresidente técnico de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), puntualizó que los trabajadores mexicanos ahorran muy poco, 6.5 por ciento, en comparación con otros países de América Latina, por lo que las pensiones no serán tan altas como se quisiera, además que no siempre están activos en el mercado laboral formal. “Con la propuesta el impacto fiscal en los próximos 30 años no existe”.

Guillermo Zamarripa Escamilla, director General de la Fundación de Estudios Financieros, apuntó que la condición para modificar el esquema de pensiones es que cumpla con el requisito de ser sostenible fiscalmente, es decir, que el gasto sea limitado y no crezca en los años, se mantenga acotado y no afecte otro rubro de inversión. Pidió tener mucho cuidado al legislar y no tener falsas expectativas, sobre todo, porque la iniciativa no implica un endeudamiento significativo al no alentar más subsidios, pero sí amplía la atención, sin afectar los derechos de los trabajadores en activo y pensionados.

Carlos Mena Labarthe, abogado del Bufete Creel García Cuéllar, señaló que la reforma es necesaria y urgente; reconoció el esfuerzo del Legislativo y Ejecutivo. Propuso modificar el artículo 37, de la Ley de Sistema de Ahorro para el Retiro, para que la Consar regule el costo de las comisiones y la Cofece aliente las condiciones de competencia efectiva, con lo que se establecería un doble control técnico en estos costos. Advirtió que si no se tienen estas previsiones se estarán estableciendo barreras artificiales que afectarían las condiciones de mercado y el acceso al mismo, incluso se discriminaría y ciertas empresas se beneficiarían con mayor concentración, pudiendo tener otros efectos no deseados.

Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que si se insiste en mantener esta reforma se debe hacer una revisión de las comisiones, incentivar que los recursos se canalicen en inversión productiva y establecer un modelo de pensiones que permita a los que tienen un ingreso de cinco salarios mínimos una capitalización individual, pero con beneficios definidos.

Álvaro Meléndez Martínez, vicepresidente técnico de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), argumentó que el impacto presupuestal de la reforma que hoy se analiza es prácticamente nulo para los próximos 30 años, además fomenta el ahorro voluntario, disminuye las semanas de cotización y aumenta la pensión mínima garantizada, pues todo ello beneficia a la ciudadanía.