La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informa a la opinión pública respecto a la reuniones mantenidas con integrantes de la sociedad civil nicaragüense a la vez que expresa su condena por las persistentes violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua.
Hemos seguido recibiendo denuncias de actores de la sociedad civil que nos obligan a alertar a líderes regionales y a la comunidad internacional en general. De ellas se infiere que persisten las violaciones a los Derechos Humanos, el ataque sistemático a las libertades públicas, así como malos tratos y torturas a los presos políticos.
Se observa la negativa del gobierno a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y a cumplir sus deberes bajo la Carta Democrática Interamericana, en especial los artículos 4 y 5.
Existen hoy 113 presos políticos en Nicaragua, los cuales llevan 14 días de huelga de hambre. En protesta por su situación, presos políticos se han zurcido sus labios y tomarían la medida de coserse sus parpados también. Esta situación es intolerable e inhumana. Todos han sido presentados públicamente como criminales y no han tenido acceso a un proceso judicial justo, siendo violentado así el principio de presunción de inocencia y todas sus libertades fundamentales.
El día 14 de septiembre, Daniel Ortega formuló una “orientación” a la Corte Suprema de Justicia, un acto que vulnera la separación de poderes. Ello se hizo en relación a una propuesta de ley que amenaza a la oposición con prisión perpetua por los llamados “crímenes de odio”. Se trata de un cargo de tipificación imprecisa. Ello deja el suficiente espacio para la arbitrariedad, siendo susceptible de convertirse en una herramienta para reprimir.
Por otra parte, la Policía Nacional, llamada por el Presidente Ortega “Policía sandinista”, viene implementando una estrategia de acoso y persecución a líderes opositores, así como a familiares de presos políticos y víctimas. Todo ello realizado en coordinación con grupos paramilitares. Los asesinatos perpetrados los transforma en verdugos de todo un pueblo.
Este patrón forma parte de una alteración al orden constitucional que se prolonga en el tiempo. Esta Secretaría General insta al Gobierno de Nicaragua a restablecer la normalidad del hilo constitucional, respetando la separación de poderes, las libertades públicas y el Estado de Derecho, al tiempo que cumple con sus obligaciones internacionales en la materia. La próxima Asamblea General de la Organización debe ser consistente y hacer suyas las denuncias de violación de los derechos humanos, exigir se liberen a los presos políticos, se restablezcan las libertades fundamentales y se proceda a las necesarias reformas electorales que permitan el retorno de la democracia a Nicaragua. Llamamos al gobierno de Daniel Ortega a actuar para corregir las repetidas vulneraciones al Estado de Derecho y la alteración al orden constitucional que se verifican en el país.
