El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de Antonio Ortega Martínez, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, afirmó que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) de la Comisión Nacional del Agua, deberá explicar ante comisiones, su decisión de inundar a las comunidades más pobres de Tabasco y si hubo dolo e improvisación; además de notificar las medidas que se están tomando con la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal para resarcir los daños contra unos 100 mil habitantes de la región.
Llamó de igual manera a la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Blanca Elena Jiménez Cisneros, a aclarar el por qué sus afirmaciones desafortunadas contra esta población a quien -durante una entrevista con un medio nacional- pidió estar consciente del actual escenario “porque aquí les tocó vivir”, y posteriormente el Presidente López Obrador evidenciara que, para no afectar a la capital Villahermosa, se optó por inundar a las zonas habitadas por la gente más pobre.
“¡Lo más preocupante es que no hay estrategia!” Afirmó el legislador. “¡No es novedad que Tabasco se inunde en temporadas de huracanes; pero por eso se han creado instancias como el CNGP y fondos económicos para hacer frente! Lo que vemos es que, el Ejecutivo y su absurda ‘austeridad franciscana’, está propiciando crisis que pudieron ser evitadas. El haber desaparecido áreas y personal estratégicos en Medio Ambiente y el Fonden está derivando en consecuencias letales”, fustigó.
“No hay medidas de prevención ni de respuesta inmediata para enfrentar estas lluvias ‘atípicas’ que serán más recurrentes”, señaló el perredista al tiempo de enfatizar que, para la toma de decisiones, siempre será mejor una medida colectiva que una unipersonal, aun así sea la del mismo Presidente de la República”, recalcó.
En este contexto, llamó a Jiménez Cisneros a superar el discurso oficialista del Presidente López Obrador que siempre busca evadir sus responsabilidades culpando a los demás de sus omisiones, y hacerse cargo de la función para la que fue nombrada; ello luego de recordar que la directora de Conagua se ha negado a comparecer ante la Comisión de Recursos Hidráulicos para informar de los serios conflictos en los que –por su impericia- la Conagua se ha visto envuelta, el más reciente y que sigue activado es el de la presa La Boquilla, en Chihuahua.
Antonio Ortega indicó que urge un encuentro de las y los diputados con quienes integran el Comité Nacional de Grandes Presas, particularmente Conagua y Comisión Federal de Electricidad (además de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional; Marina; Pemex; Protección Civil; Centro Nacional de Control de Energía; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; UNAM, UAM y otras), que –se supone- mensualmente se reúnen para analizar las condiciones y previsiones meteorológicas e hidrológicas nacionales así como sus posibles efectos y toman las decisiones respecto a la operación de la infraestructura hidráulica nacional.
“Estos funcionarios deben estar preparados para emplear la reacción inmediata y no caer en culpar a las víctimas como se ha vuelto ya una constante en esta administración”, fustigó.
“La problemática que enfrenta nuestro país en materia hídrica –precisó el legislador federal- va más allá de un análisis donde se acuse que son la “corrupción” y fallas en la operatividad las causantes de las inundaciones. Estos funcionarios tienen más de dos años de haber tomado el control del gobierno; se nos dijo que fueron nombrados los más capaces y honestos; los mejores; pero parece que solo en la teoría porque en la práctica están cometiendo errores criminales que están costando vidas y más miseria”, acusó.
Como producto de la descoordinación, insistió Antonio Ortega, hay más de 160 mil afectados y 8 muertos que pudieron haberse salvado, “ya veremos lo que se desate en lo económico porque se trataba de gente que vivía de lo que producía y de sus animales de granja. Todo esto como resultado de no tomar las decisiones correctas en los momentos indicados. El desempeño de esta administración en materia hídrica no ha estado a la altura de las circunstancias”, acusó.
El también Secretario de la Comisión de Hacienda destacó finalmente que, mientras otros países destinan hasta el cinco por ciento del presupuesto gubernamental a la promoción de proyectos para mitigar los efectos de los desastres naturales, y el mejoramiento de las tecnologías para pronosticar el tiempo, en México los recursos se achican al grado de que apenas hace unas semanas fue eliminado el único Fondo constituido en 1996 para movilizar recursos emergentes y proteger la vida y salud de la población, además de canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura afectada por fenómenos naturales y superar la emergencia lo más rápido posible restituyendo la vida normal de las personas.
“Ahora, será necesario buscar medidas y asumir la profesionalización en los mecanismos de prevención y respuesta frente a desastres”, concretó.
