Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Salud, aprobaron el dictamen que reforma el artículo 4º de la Constitución Política, en materia de bienestar, y acordaron que las reservas se presenten en el Pleno de la Cámara de Diputados.
El dictamen que deriva de una iniciativa del Ejecutivo federal quedó: por la Comisión de Puntos Constitucionales, 21 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, y por la Comisión de Salud, 17 en pro, dos en contra y cinco abstenciones. Se remitió a la Mesa Directiva para efectos de la programación legislativa.
El dictamen pretende que el Estado garantice los derechos de las y los mexicanos, empezando con el combate a la pobreza y la marginación de los sectores más indefensos de la población.
Busca incorporar en materia de bienestar, temas como la creación de un Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, al elevar a rango constitucional el Instituto de Salud para el Bienestar, y garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente de la población que no cuenta con seguridad social.
Incluir el apoyo a personas con discapacidad, dando prioridad a tres grupos de la población: menores de 18 años; indígenas hasta 64 años, y personas en condición de pobreza. De igual modo, una pensión no contributiva a mayores de 68 años y para indígenas a partir de los 65 años, y becas para estudiantes de todos los niveles, que pertenezcan a familias en condición de pobreza.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz, explicó que esta reforma contempla el apoyo económico a personas con discapacidad permanente; la pensión no contributiva a adultos mayores; sistema de becas para garantizar con equidad el derecho a la educación de los estudiantes de todos los niveles educativos, y la garantía de que estos instrumentos sociales no podrán ser disminuidos en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Comentó que los recursos ya se encuentran contemplados en el presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no habrá un impacto adicional con la aprobación de esta reforma. Los montos son de 128 mil 349 millones de pesos para adultos mayores y 14 mil 197 millones de pesos para personas con discapacidad permanente.
Respecto al Sistema de Becas Educativas Benito Juárez, para Educación Básica son 30 mil 475 millones de pesos, para Media Superior la bolsa es de 28 mil 995 millones de pesos.
En cuanto a las Becas Eliza Acuña para profesionalización de egresados y docentes de instituciones públicas el recurso es de cuatro mil 164 millones de pesos, y Jóvenes Construyendo el Futuro 7 mil 776 millones de pesos.
Dijo que según la opinión del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, el impacto presupuestal asciende a 95 mil 730 millones de pesos para el Sistema de Salud para el Bienestar, recursos contemplados en el presupuesto de Egresos de la Federación: personas sin seguridad social.
Recordó que se llevaron sesiones de parlamento abierto los días 2 y 3 de marzo pasados, a los que acudieron autoridades y expertos para comentar la iniciativa. En este sentido, ayer por la tarde, se hizo llegar a sus correos electrónicos la relatoría correspondiente sin que hasta el momento se haya recibido alguna observación.
Alavez Ruiz aclaró que “no está cerrado el dictamen”, sino uno de los procesos; “espero que podamos seguir trabajando durante todos estos días para encontrar la mejor redacción que ayude a que esto realmente sea un beneficio tangible para cada una de las mexicanas y mexicanos”. Afirmó: “vamos a atender lo que sea necesario para corregir y mejorar el texto que estamos discutiendo”.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) lamentó que no se haya presentado ninguna modificación de fondo al dictamen. “No estoy en contra de las causas que se persigue, pero sí que se establezca a través de un mecanismo constitucional a la política pública. La Carta Magna no es el lugar sino la ley la que debe establecer las formas para desenvolver los derechos fundamentales: la iniciativa no pretende un qué sino un cómo”.
Silvano Garay Ulloa, diputado del PT, precisó que es importante no regatear un beneficio ni bienestar a la población. “Tenemos que pagar una deuda histórica; han crecido los pobres y la extrema pobreza; es tiempo de que esta soberanía pague esa deuda al país. Es un dictamen garantista y progresista”.
María Alemán Muñoz Castillo, diputada del PRI, externó que el Parlamento Abierto únicamente se considera en las consideraciones de los dictámenes y no más allá. Lamentó que no haya habido una consulta indígena.
De Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz expresó que en México hay, de acuerdo con el Coneval, 71 millones de personas sin seguridad social, 20 millones sin servicios de salud y 21 millones con rezago educativo; además, de acuerdo con el Conapred, 7.2 por ciento de la población son adultos mayores, y casi la mitad vive en situación de pobreza. Se pronunció por garantizar los derechos sociales mediante esta propuesta, la cual, es reivindicatoria y hace lo socialmente correcto.
La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz (MC) indicó que votará en abstención, y añadió que para lograr un nuevo estado de bienestar, efectivo e irrevocable exige considerar las capacidades presupuestales y las necesidades de la nación. Se debe evitar hacer de la Constitución un compendio de políticas públicas y garantizar que al materializar presupuestalmente las garantías no se lesione el federalismo ni los programas que sí funcionan.
Javier Ariel Hidalgo Ponce, diputado de Morena, se manifestó a favor de la reforma que garantiza los derechos fundamentales de las personas, a través de una política de vanguardia; además, es progresiva, justa y busca garantizar la viabilidad de las reformas legales emprendidas en materia de salud, educación y desarrollo social.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) dijo que su voto será de abstención a fin de buscar un consenso con quienes están promoviendo el dictamen, porque tiene muchas áreas de oportunidad que deben de ser revisadas. “Compartimos el objetivo de la reforma y del proyecto de dictamen, pero hay temas que quedan cortos, que necesitamos revisar y proponer modificaciones al texto, e incorporar las propuestas de los especialistas al dictamen” para no constreñir sus derechos a las personas más excluidas de sus derechos.
La diputada de Morena, Graciela Zavaleta Sánchez mencionó que su voto sería a favor, porque no se trata de una medida asistencialista sino está acorde al principio pro persona establecido en la Constitución, además se establecen las bases para un México más justo y beneficiando a quienes más lo necesitan.
De MC, la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado se abstuvo, ya que la reforma deja afuera a las personas que no son mexicanas y que la propia Constitución, desde el artículo primero, les garantiza la protección amplia y el acceso a todos los derechos humanos, por lo que propuso eliminar el término mexicanos.
Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena) dijo estar a favor del dictamen, porque se termina con una deuda vieja, y se atiende a las personas que han esperado muchísimo porque todos los derechos sean garantizados.
De esa misma fracción parlamentaria, la diputada Irma Juan Carlos presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, pidió a sus homólogos votar a favor de este dictamen, toda vez que se establecen los derechos a los servicios a la salud, educación y apoyo a los sectores más vulnerables.
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, diputado de Encuentro Social, externó que la reforma es garantista y busca construir un Estado de bienestar, el cual contribuya en el buen desarrollo de las familias de México y proteger a los más vulnerables. “Aspiro a exterminar la pobreza del país y a que se alcance la igualdad social”.
