- Los puntos de acuerdo se aprobaron en votación económica
El Pleno de la Comisión Permanente aprobó dictámenes de la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, con exhortos a diversas instituciones en materia de derecho al medio ambiente sano, espacios cien por ciento libres de humo de tabaco, protección ambiental, vivienda, energía y derechos del consumidor.
Al fundamentar, el presidente de la instancia, diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN), reconoció el trabajo de los integrantes de la Comisión, que a través del consenso y el acuerdo “pone a consideración del Pleno los dictámenes aprobados por unanimidad”.
Con estos dictámenes, resaltó, se da cuenta de que la instancia dejó de lado las filias y las fobias políticas, y trabajó con disposición para abordar los temas turnados, encontrando puntos de coincidencia en beneficio del país.
El primer dictamen pide al gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, implementar políticas públicas que mejoren la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey; además, que el ejecutivo estatal y la Secretaría de Medio Ambiente del estado cumplan y, en su caso, actualicen el programa de gestión para mejorar la calidad de aire, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
Otro dictamen solicita a las dependencias de los tres niveles de gobierno, a implantar y cumplir las reformas y adiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, relativo a los espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco y emisiones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022.
Otro, para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Economía para que, de manera coordinada con las autoridades locales, colaboren en los procedimientos de inspección y vigilancia para la protección de los cerros de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a fin de prevenir y evitar extracción ilegal de materiales pétreos, afectando el equilibrio del ecosistema local y, en su caso, sancionar a las personas que realicen dichas actividades ilícitas.
Un dictamen más pide a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México que ejecuten los programas de obras públicas, en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a efecto de garantizar la seguridad de la población.
Se solicitó también al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que haga públicos los criterios aplicables para el ejercicio fiscal de 2023 del Programa de Responsabilidad Compartida, y continuar con las campañas informativas del programa Responsabilidad Compartida, a fin de que las y los interesados puedan acceder a él.
Asimismo, se exhortó a la Secretaría de Energía para que continúe reforzando estrategias, programas y acciones que promuevan la diversificación de las fuentes de energías limpias y renovables y la transición energética, especialmente para la generación de energía eléctrica.
Mediante otro dictamen se solicitó a la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para que se sustancie el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley General en la materia y realice los procedimientos a que haya lugar.
Asimismo, se exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor para que remita al Congreso de la Unión un informe que contenga las acciones y mecanismos implementados durante diciembre para proteger y orientar al consumidor frente a casos de abuso por parte de vendedores, así como los resultados obtenidos en cuanto atenciones, resoluciones a favor del consumidor y la protección de derechos del mismo.
Además, fortalecer y generar mecanismos y acciones que permitan al consumidor realizar denuncias de manera accesible, así como un seguimiento eficaz y directo, para proteger sus derechos frente a posibles casos de abuso por parte de vendedores durante el primer trimestre del año. Lo anterior, como respuesta institucional a la llamada «cuesta de enero».
