La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó con 20 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, el acuerdo sobre el mecanismo para la discusión interna de las iniciativas constitucionales en materia de reforma política-electoral.
Robledo Ruiz indicó que el acuerdo es un instructivo de trabajo para procesar el estudio, la discusión y, en su caso, la dictaminación de las iniciativas que existen, empezando por la del presidente de la República, las de los grupos parlamentarios del PT y del PAN, así como las que en lo individual han presentado diputadas y diputados.
En las comisiones que tienen la tarea de dictaminar, como son la de Reforma Política-Electoral y la de Puntos Constitucionales, hay 42 iniciativas. Mencionó que se propone marcar tiempos para recibir de todas las diputadas y diputados de esta instancia legislativa, las opiniones que deseen para poderlas condensar, integrar y circular.
Precisó que en una fecha que se acuerde, se busca arrancar el proceso de trabajo de discusión, y aclaró que la Comisión de Reforma Política-Electoral será la encargada de realizar el borrador de dictamen; no obstante, “nos autorizamos a sesionar de manera conjunta, cuando la oportunidad del proceso legislativo lo permita”.
Expuso que el propósito es darse plazos muy laxos y autorizarse a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Reforma Política-Electoral, una vez que “concluyeron los foros del Parlamento Abierto acordados por la Junta de Coordinación Política y estamos a la espera de la compilación de los mismos”.
Desde plataforma digital, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI) dijo estar en contra del acuerdo, ya que tiene imprecisiones, al no señalar fechas claras, “pues la discusión de la vida democrática del país no puede sujetarse solamente a que en el mes de septiembre se reciban las aportaciones y los comentarios de las fracciones parlamentarias, sin hacer un análisis real y exhaustivo de las conclusiones del Parlamento Abierto; no puede ser votada fast track”.
Por Morena y vía telemática, la diputada Irma Juan Carlos pidió contemplar la iniciativa que presentó sobre la participación política de los pueblos indígenas y afromexicano, para que se pueda dictaminar de manera conjunta con la del presidente y de los grupos parlamentarios del PAN y del PT.
El diputado Pedro Vázquez González (PT), vía digital, argumentó que ya se han hecho aportaciones y hay suficiente discusión, debate y propuestas, “por lo que veo innecesario que se posponga la aprobación del acuerdo”.
Acuerdo para la discusión de la reforma política-electoral
El acuerdo precisa que las diputadas y los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales podrán presentar por escrito o a través de las cuentas de correo electrónico, las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas que correspondan a las iniciativas turnadas para su opinión, durante el mes de septiembre.
Menciona que, previamente, se circularán los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales las conclusiones del Parlamento Abierto sobre la materia.
En su oportunidad, deberá celebrarse sesión ordinaria de la Comisión con el objeto de dar a conocer y, en su caso, disertar y discutir sobre las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas de las diputadas y los diputados.
Relata que una vez que la Comisión haya celebrado la sesión ordinaria referida, turnará de forma oficial las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas a que se refiere el acuerdo, a la Comisión de Reforma Política-Electoral para que sean consideradas e incorporadas en el proceso y elaboración del dictamen de las iniciativas de reforma constitucional.
Además, la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará de manera conjunta con la Comisión Política-Electoral, con el objeto de discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen de reforma constitucional en materia electoral.
Prisión preventiva
En asuntos generales, el diputado Robledo Ruiz indicó que desde hace años existe en la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero ante la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para eliminarla, “es indispensable estudiar y ponderar una posición sobre el tema”.
Destacó que, desde el punto de vista de los derechos humanos, algunos piensan que no debe existir y, desde el punto de vista de otras razones del Estado como la seguridad interior y la seguridad pública, “es necesario que algunas personas aún sin la sentencia, reincidentes o muy peligrosas, lleven su proceso penal en reclusión provisional”.
Argumentó que modificar, cambiar o suprimir la Constitución es una tarea exclusiva y propia del Congreso mexicano y del constituyente permanente. “Es un asunto de la mayor importancia para la vida y la salud de la República; me parece que afecta a las instituciones republicanas una intromisión de esa naturaleza por parte de la Corte y que debe preocupar a todos”, añadió.
Desde plataforma digital, la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) planteó analizar la Constitución y los convenios internacionales. “Hay que revisar el catálogo de los delitos que se pueden determinar graves y establecer una sanción en contra de los jueces que dicten prisión preventiva cuando no se trate de esos delitos; hay libertad y discrecionalidad hacia los jueces para aplicarla”.
Salvador Caro Cabrera, diputado de MC, subrayó que la figura de prisión preventiva oficiosa tiene un rol institucional relevante, pero en el contexto actual y en el contenido de la Constitución debe replantearse. Añadió que si la Corte tomara una decisión unilateral “tendría un efecto terrible y habría una impunidad más profunda. Es oportuno que podamos entrar a un análisis y estudio serio de cuál será la forma en que subsistirá la prisión preventiva”.
El diputado del PT, Jorge Luis Llaven Abarca, sugirió defender la autonomía del Poder Legislativo, “más allá de cumplir los acuerdos internacionales en el respeto a los derechos humanos, abrir la posibilidad de que se modifique el precepto constitucional por una vía que no es la que el proceso mismo marca; creo que estamos ante un riesgo muy grave”.
Por Morena, la diputada Andrea Chávez Treviño dijo estar en contra de la intromisión a la esfera del Poder Legislativo que en diversas ocasiones ha promovido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ameritaría “en el futuro realizar un espacio de reflexión sobre el fondo del tema respecto a la supremacía constitucional”.
La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena) mencionó que es indispensable que la Comisión de Puntos Constitucionales haga un pronunciamiento que deje en claro cuál es la posición. “No estamos en contra de los derechos humanos, lo que no aceptamos es la intromisión de ningún otro poder en una tarea que es exclusiva del Congreso mexicano; nos corresponde a nosotros legislar una reforma constitucional de esta magnitud. Es urgente hacer reformas al Poder Judicial y analizar el tema de la prisión preventiva”.
