Al instalarse, la Mesa de Trabajo para atender y dar seguimiento a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Erasmo González Robledo (Morena) señaló que se buscará fortalecer a este organismo, a fin de agilizar el análisis de las cuentas públicas y con ello dar resultados efectivos a la ciudadanía.
Detalló que esta mesa se integrará a los trabajos de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para la revisión de la Cuenta Pública 2016. Analizará los ejes de acción propuestos por la ASF respecto de las leyes de Adquisiciones, de Obras, las empresas productivas del Estado, finanzas estatales y el gasto federalizado, así como los padrones de los programas sociales.
En la reunión, el auditor especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, Isaac Rojkind Orleansky, señaló que en la Cuenta Pública 2016 se elaboraron mil 865 auditorías, que propiciaron la emisión de 10 mil 327 acciones, de las cuales se solventaron el 64 por ciento es decir, 6 mil 616, donde los entes han entregado información que acredita que no hubo irregularidad. Mientras que 3 mil 709 acciones están en proceso de seguimiento.
Detalló que estas acciones que se encuentran en proceso de seguimiento se distribuyen en: 2 mil 103 pliegos de observación, 331 solicitudes de aclaración, 391 recomendaciones, 164 recomendaciones al desempeño, 15 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y 705 promociones de responsabilidad administrativa.
De los 2 mil 103 pliegos de observación, continuó, se determinó que no están solventados mil 113 casos de la Cuenta Pública 2016; en 61 ya se tienen dictámenes técnicos de no solventación que se van a enviar al área jurídica y 929 están en análisis.
Precisó que están en elaboración los dictámenes técnicos de no solventación de mil 113 casos, donde se establece la auditoría, la irregularidad, los presuntos responsables, las evidencias de por qué no cumplió y este dictamen es el sustento o base donde el área jurídica inicia, en su caso, los procedimientos resarcitorios correspondientes.
Respecto de las 331 solicitudes de aclaración, informó que prácticamente ya se determinó que las respuestas del ente no son suficientes y 188 de ellas se están convirtiendo en pliegos de observación para después, en su caso, formar parte de dictamen técnico y finiquitar el asunto. En 142 hay respuesta de los entes y se está determinando si solventan o no.
En cuanto a las otras acciones, indicó que de las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal se analizan 15 casos que mandaron el SAT, ISSSTE e IMSS, y en estos casos se hacen auditorías y si se identifica que no hay los pagos correspondientes, se envía la notificación a las instancias. En relación con las 391 recomendaciones, dijo, se tienen 220 atendidas y el resto en análisis. Lo mismo sucede con las 164 recomendaciones al desempeño están estudio.
Rojkind Orleansky resaltó que la ASF tiene un rezago muy grande, “así como audita, genera acciones y tiene que solventar, atender o no las acciones”. Precisó que el atraso no es solo de la Cuenta Pública 2016, sino también de 2013, 2014, 2015 y advirtió que “la Cuenta Pública 2014 está en proceso de prescripción y se tiene que resolver”.
Se tiene el compromiso que para “reconvertir esa tendencia creciente que se ha dado a lo largo de estos años”, hay que procesar, al menos, 5 mil acciones por cuatrimestre. “Tenemos que atender todo porque todo es urgente”, dijo.
Jaime Bolaños Cacho, titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas de la ASF, subrayó que muchas veces las causas de los problemas de opacidad, trasparencia, combate a la corrupción, se encuentran en el marco normativo.
Refirió que la ASF ha hecho recomendaciones de mejora regulatoria que son derivadas de la práctica de la auditoría y donde se encuentra con disposiciones que no tienen eficacia jurídica, con lagunas legales y espacios donde el control presupuestal es discrecional.
Destacó la importancia de analizar el marco normativo, por lo que planteó revisar diversas leyes, como la de Adquisiciones, “ya que todo lo que ha sido conocido como la estafa maestra se desprende prácticamente de un vacío normativo en el artículo primero de dicha norma”.
Asimismo, propuso reformas a la Ley de Obras porque una de las grandes inversiones que hace el Estado mexicano se refiere a obra pública, “pero también es uno de los grandes espacios de discrecionalidad y ausencia de control para el debido ejercicio del gasto público federal”.
También sugirió cambios normativos en cuanto a las empresas productivas del Estado para determinar si cumplen con su misión, función social, objetivos y si cuentan con los controles para el gasto gubernamental. Además, a las finanzas estatales y al gasto federalizado, porque participaciones que manejan los estados es un tema que todavía no está debidamente normado y donde existen, inclusive, contradicciones que dificultan la aplicación de la ley. Por último, reformas respecto a los padrones de los programas sociales.
La diputada de Morena, Lidia García Anaya señaló que es preciso que la información de las posibles anomalías de recursos sea conocida por los legisladores, “no es posible que lo hagan primero los medios de comunicación”.
Pidió a los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación los elementos para hacer las modificaciones a la ley que les permitan coadyuvar a entregar resultados para la ciudadanía.
El diputado Alfredo Porras Domínguez (PT) afirmó que ante las cifras dadas por al ASF es evidente que “hemos reprobado”, por lo tanto consideró que se debe priorizar en el tema de la Cuenta Pública 2014, la cual está por prescribir.
Lamentó que “los estados sean más eficientes, pues ellos están prácticamente al día en materia de auditorías”, por lo que propuso trabajar en equipo para terminar con el rezago existente en este órgano, porque sería grave que hiciéramos un exhorto o un extrañamiento de su labor.
El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) solicitó a los funcionarios explicar qué entes son los auditados y con ello buscar los mecanismos para sancionar a quienes no cumplan en la ejecución de los gastos.
Apuntó que es tarea de los diputados elaborar un marco jurídico que contribuya a aligerar el trabajo de la ASF, por lo que cuestionó cuáles son las alternativas para atender la Cuenta Pública 2014 y eficientar el análisis de las siguientes.
La diputada panista, Josefina Salazar Báez, mencionó que el informe permite conocer de qué manera recibieron a la ASF, pues esto abre un panorama general de lo que se debe hacer para lograr concluir las más de diez mil acciones pendientes.
Reiteró su apoyo para atender lo que ya está y evitar la opacidad en materia de sanciones a los servidores públicos que no cumplan la ley. “Lo que hemos visto es que son las mismas observaciones año con año, por ello es fundamental garantizar la fiscalización; es una exigencia ciudadana”.
El diputado perredista, Antonio Ortega Martínez dijo que es fundamental que se dé el peso que merece el análisis de la Cuenta Pública, a fin de terminar con la impunidad. “Hay patrones de conductas de quienes ejecutan con discrecionalidad el gasto, por lo tanto, deben ser atacados”.
“Lamentablemente no tienen miedo a las auditorías porque a quien se tiene en la cárcel, sólo son funcionarios de bajo y medio nivel, de ahí la integración de esta subcomisión para diseñar herramientas que permitan dar resultados a la ciudadanía”.
El diputado Francisco Javier Luévano Núñez (PAN) coincidió en que es fundamental fortalecer los cinco ejes propuestos porque una institución como la Auditoría debe tener los elementos que requiera a fin de que los resultados sean óptimos.
Subrayó que el malestar que existe entre los legisladores es “porque hay más de diez mil acciones y de estas solo 27 pasaron a la PGR, de estas existen tres amparos y ningún detenido, por lo que es urgente darle dientes a la ASF para que termine con la opacidad y corrupción del país”.
El diputado priista, Alfredo Villegas Arreola propuso una mesa de trabajo entre las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para revisar el rezago legislativo en la materia, pues todos queremos la transparencia en el gasto, desde los municipios hasta las dependencias federales.
“El trabajo en conjunto permitirá lograr dar resultados a corto plazo, por ello es preciso generar trabajo legislativo eficaz que agilice el análisis de las cuentas públicas”.
Su compañera de bancada, diputada Marcela Guillermina Velasco González, explicó que esta subcomisión tiene como objetivo analizar la Cuenta Pública 2016. Efectivamente tenemos prisa, porque el objetivo es dejar resultados y no con funcionarios en la cárcel, sino resultados operativos que eviten en el futuro la malversación de los recursos.
“La función de la Cámara de Diputado es revisar los recursos que se asignan a los gobiernos, Ejecutivo, estatal y municipal, y la otra es legislar, modificar y ampliar las leyes que prevengan la corrupción y fomenten la transparencia”.
La mesa de trabajo estará integrada por los diputados Marco Antonio Andrade Zavala, de Morena; Francisco Javier Luévano Núñez, del PAN, Alfredo Villegas Arreola del PRI; Antonio Ortega Martínez, del PRD, y Jesús Sergio Alcántara Núñez, del PVEM.

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