- La reforma a la Ley General de Educación busca apoyar a la economía familiar
La Comisión de Educación, que preside la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), aprobó un dictamen que reforma la Ley General de Educación, a fin de definir el porcentaje de becas en la educación privada.
El documento establece que los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, el porcentaje mínimo del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios será de entre el cinco al diez por ciento.
Además, estipula que corresponderá a la Secretaría de Educación Pública definir el porcentaje mínimo de las becas y tendrá que incluir la participación de los representantes de las instituciones particulares.
Cruz Santos explicó que en la legislación se prevé un porcentaje del cinco por ciento, por ello se decidió dejar este como margen, a fin de coadyuvar a la educación de niñas, niños y adolescentes que debido a la pandemia han tenido que abandonar las instituciones privadas.
“Estamos a favor de la educación de sumar y atender los momentos difíciles que enfrenta el país y por ende las madres y padres de familia”.
En su intervención, la diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) comentó que en el presente dictamen genera mucho ruido lo que estamos legislando, ya que se indica que las becas no podrán ser inferiores al 5 o 10 por ciento y realmente no se le está poniendo un mínimo.
“Lo que se busca con este dictamen es que los chicos que a raíz de la pandemia tuvieron que abandonar las escuelas particulares tengan la opción de entrar a la escuela particular, lo único que a mí me generaría un poco de ruido es que le estamos dando la decisión final a la Secretaría de Educación para que ellos definan el resultado de las becas”.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) dijo que este es un dictamen que parte de la sensibilidad de apoyar a la economía familiar, particularmente porque derivado de la pandemia los ingresos en los hogares se vieron afectados. Asimismo, señaló que es necesario generar estrategias que permitan a las escuelas particulares sobrevivir para brindar servicios educativos de calidad y mantener sus operaciones.
Comentó que el Sistema Educativo debe ser visto de forma integral, la educación pública y privada deben ser aliadas ya que ambas son un motor que permite beneficiar a más jóvenes, niños y niñas en nuestro país. Agregó que con esta reforma también se pone en riesgo a las instituciones que imparten educación privada porque estas escuelas durante la pandemia quedaron desprotegidas.
El diputado Román Cifuentes Negrete (PAN) manifestó que ante la situación apremiante en el esquema económico, las escuelas también requieren de apoyo y certeza para seguir funcionando.
“El tema de que se determine como obligatorio para las escuelas tiene que quedar específicamente definido y no dejémoslo en un esquema que dé posibilidad a una intervención discrecional que pudiera ser abusiva por parte de la Secretaría de Educación Pública”, argumentó.
Sonia Rincon Chanona, diputada de Morena, se pronunció a favor del dictamen, toda vez que la propuesta es noble y está enfocada a ayudar a las niñas, niños y adolescentes que por la situación de la pandemia requieren esa beca.
Detalló que el cinco por ciento ya está establecido en casi todos los estados y quien emite la convocatoria para las becas es la SEP y firmada con la Asociación de Escuelas Particulares.
Por el PRI, Sayonara Vargas Rodríguez, mencionó que con este porcentaje establecido en el dictamen no se perjudica a las instituciones particulares; no obstante, subrayó que en el futuro esta instancia analice a la educación privada como un punto a legislar en terminas fiscales, de calidad e infraestructura.
Enfatizó que se debe romper el paradigma de que se va a una escuela privada porque tienes recursos económicos, por lo que esta reforma podría beneficiar a muchas y muchos estudiantes.
Del PAN, Esther Mandujano Tinajero coincidió que muchos alumnos de las instituciones privadas no asisten porque sea la opción que ellos buscan, sino la que tienen más cerca, de ahí la importancia de fijar un porcentaje y que sea responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública la que otorgue las becas.
Argumentó que se deben definir los parámetros para cada escuela, ya que no puede medirse de la misma forma a una institución particular de provincia o una ubicada en la ciudad.
Las y los integrantes de la Comisión avalaron desechar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Educación enviada por la Cámara de Senadores, en diciembre de 2018 y tiene como objetivo profundizar en las definiciones y alcances de la educación inclusiva.
No obstante, la presidenta de la Comisión indicó que la intención de la promovente ya está atendida en la legislación vigente, surgida de la reforma educativa de 2019.
