Comisión de Defensa Nacional organizó foro de consulta sobre reformas al Código Militar de Procedimientos Penales

Política

La Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado del PAN, Ricardo Villarreal García, organizó el foro de “Consulta para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, con la finalidad de conocer su opinión respecto a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 10 y 43 del Código Militar de Procedimientos Penales, ante la resolución de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Villarreal García informó que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado envió, para conocimiento a la Comisión, la sentencia de inconstitucionalidad 46/2016, aprobada por el Pleno de la SCJN el 16 de abril de 2023, relativa a la consulta a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad, en materia de justicia militar, igualdad y de traducción e interpretación.

Destacó que, aunque se beneficie a estos grupos, el Poder Legislativo está obligado a consultar previamente la primera iniciativa, aprobada en la LXIII Legislatura, y de acuerdo con el Máximo Tribunal cualquier tema que toque los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se debe consultar, incluso cuando se les otorguen más, o tengan que participar en un juicio sujeto al Código de Justicia Militar.

Lo anterior, dijo, generó que Luis Raúl González Pérez, ahora expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promoviera la presente acción de inconstitucionalidad, y solicitó la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expidiera el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016.

Esto fue lo que determinó la SCJN en su resolución; no mencionó que se afectaban los derechos de las pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sino que no se les consultó, por lo que nunca más se debe hacer una norma sin previamente saber la opinión de estos grupos, subrayó.

Por ello, la Comisión de Defensa Nacional llevó a cabo el foro, con la finalidad de fomentar las consultas públicas previas, abiertas y accesibles, para escuchar las ideas, propuestas y necesidades de los diversos grupos y comunidades indígenas, con relación a la iniciativa, específicamente por lo que toca a la invalidez de los artículos 10 y 43, párrafos I, II, III, IV y VI, del Código Militar de Procedimientos Penales, por una falta de consulta previa.

Por su parte, el diputado del PAN, Roberto Valenzuela Corral, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas, aseguró que ambos artículos tienen como propósito garantizar el debido proceso de las personas indígenas y su acceso a la justicia.

Recalcó que el Estado mexicano debe privilegiar la participación social, más cuando se trata de dar voz a los grupos históricamente discriminados, como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que las consultas deben ser de buena fe y acordes a sus circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo e incorporar sus propuestas.

En tanto, la diputada de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, indicó que actualmente las legisladoras y legisladores tienen el compromiso de escuchar a los grupos indígenas, por lo que esta reforma es de gran relevancia.

En este sentido, conminó al Legislativo a continuar impulsando reformas que favorezcan a los grupos más desprotegidos, a través de estrategias públicas que los representen y tengan un bienestar y progreso en común.

En su oportunidad, Luis Ángel Ortiz Montoya, integrante de la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía, subrayó que ni la militarización ni la presencia de soldados en las comunidades, garantizan la seguridad de los grupos indígenas, la defensa de sus derechos humanos y sus territorios.

Por ello, solicitó aprobar las reformas envidadas por el Ejecutivo Federal en materia indígena, para una vida libre de represiones, y se reconozcan los sistemas propios de administración de justicia y se fortalezca el autogobierno.