La Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación, clausuró el primer curso de inducción ‘Acceso a la justicia y prevención de violencia feminicida y feminicidios’.

La titular de la Conavim, Fabiola Alanís Sámano, al agradecer al Instituto Nacional de Ciencias Penales la infraestructura para llevar a cabo este evento, señaló que no puede haber teoría sin acción, es una tarea tan desafiante cómo lo es la prevención y erradicación de las violencias.

“Debemos avanzar en la consolidación de un servicio profesional de carrera con perspectiva de género y derechos humanos, para que las políticas públicas se centren en las necesidades de las mujeres y estar al servicio de ellas”, sostuvo.

En su oportunidad, la antropóloga y especialista en estudios de género, Marcela Lagarde de los Ríos, puntualizó que el Estado se debe convertir en un impulsor, defensor y garante los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Refirió que la educación con perspectiva de género debe ser eje transversal, donde las universidades se unan a este esfuerzo.

Puntualizó la importancia de la creación de protocolos para prevenir la violencia en todos los ámbitos, y una sólida formación al funcionariado, “la capacitación es fundamental para dejar de ser parte de la problemática, y conocer desde nuestra trinchera qué podemos aportar, para crear espacios libres de violencia, incluir el lenguaje incluyente y evitar replicar estereotipos, debemos esforzarnos por eliminar la misoginia”.

En el curso, que se llevó al cabo del 3 al 11 de marzo, abordó los temas de: perspectiva de género, violencia contra las mujeres y las niñas, derechos humanos, marco normativo nacional e internacional, sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precedentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atención de mujeres víctimas, y deontología de las profesiones.

Participó la madre de Mariana Lima Cortés, víctima de feminicidio en 2010, Irinea Buendía Cortés; así como 592 personas funcionaria públicas de 26 estados de la república que brindan servicios en el área jurídica, trabajo social, psicología, procuración de justicia, ciencias forenses, administración y contabilidad, enfermería, criminología, educación, pedagogía, medicina, ciencias de la comunicación, informática, seguridad pública, economía, ciencias políticas y prevención social del delito.