Washington, D.C. – A un año de iniciadas las protestas sociales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reitera su compromiso permanente con las víctimas de las violaciones a derechos humanos en Nicaragua, así como con sus familias. Asimismo, la CIDH urge al Estado a cesar la represión, esclarecer la verdad sobre los hechos y garantizar el acceso a la justicia y una reparación integral a fin de evitar la repetición de las graves violaciones perpetradas.
La respuesta violenta del Estado a las protestas sociales iniciadas el 18 de abril resultó en la muerte de 325 personas, entre ellas, 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; y más de 2,000 heridas. Según cifras aportadas por la sociedad civil, 777 personas fueron detenidas y enjuiciadas, de las cuales, al menos 500 continúan privadas de libertad; 300 profesionales de la salud fueron despedidos; 144 estudiantes de la UNAN han sido expulsados; más de 70 periodistas y trabajadores de medios se vieron forzados al exilio. De acuerdo con ACNUR, alrededor de 62,000 personas nicaragüenses han huido a países vecinos, de las cuales unas 55,000 habrían buscado refugio en Costa Rica.
La CIDH lamenta que, a un año de iniciada la crisis, en Nicaragua se mantenga la imposición de un estado policial y de grave deterioro institucional. Persiste la represión estatal y una estrategia dirigida a acallar las voces disidentes. Asimismo, las graves violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión permanecen impunes. En este contexto, la CIDH reconoce el trabajo comprometido que día a día realizan las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, así como los trabajadores de medios de comunicación y periodistas independientes que han logrado mantenerse en el país. La CIDH se solidariza con las víctimas de las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal; con las personas que permanecen privadas de libertad y sus familias; así como con los estudiantes; médicos y profesionales de la salud, religiosos; campesinos; niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas desplazadas, exiliadas y; en general, con toda la población nicaragüense cuya vida se mantiene afectada por la grave crisis iniciada el 18 de abril de 2018.
“Durante este tiempo ha sido admirable la perseverancia de las familias de las personas asesinadas en las protestas, de las familias de las personas que permanecen detenidas y de las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan para la obtención de verdad, justicia y reparación. Su liderazgo y valentía constituyen el motor de nuestro acompañamiento”, señaló la Comisionada Esmeralda Arosemena, Presidenta de la Comisión. Por su parte, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, señaló: “reiteramos nuestro compromiso para continuar acompañando sus demandas, y en este sentido, recordamos que cualquier solución a la crisis coherente con el derecho internacional de los derechos humanos debe colocar a las víctimas como su prioridad. Asimismo, en cualquier proceso de dialogo, es esencial que las voces de las víctimas y sus familiares sean escuchadas”. El Comisionado Joel Hernández, Relator para las Personas Privadas de Libertad, añadió: “Demandamos la inmediata liberación de las personas encarceladas bajo un proceso ordenado, expedito, transparente y que otorgue certeza sobre su situación jurídica”.
El pasado 27 de febrero, la Comisión Interamericana reconoció el inicio de los trabajos de la Mesa de Negociación, desarrollados entre el Gobierno y la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia, como una oportunidad invaluable para avanzar en la construcción de una solución pacífica, permanente y democrática a la grave crisis de derechos humanos que vive el país. En dicho contexto, la CIDH urge a superar los obstáculos que impiden su continuación y la implementación de los acuerdos alcanzados entre las partes. La CIDH hace un llamado enfático al Estado de Nicaragua a cesar de la represión inmediatamente, restablecer la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, garantizar la manifestación libre y pacífica y el retorno de las personas nicaragüenses exiliadas bajo condiciones mínimas de seguridad; así como esclarecer la verdad y el acceso a la justicia, y una reparación integral a todas las víctimas.
Finalmente, la CIDH exhorta a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y en ese sentido reitera las recomendaciones emitidas en sus observaciones preliminares de su visita inicial a Nicaragua que fueron incluidas en su Informe de País. Al respecto, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, recordó que “la Comisión Interamericana está en la disposición para regresar al país y colaborar técnicamente con las autoridades en materia de derechos humanos. Para la CIDH siempre será prioritario estar en terreno al lado de las víctimas”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
