Principal Internacional CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia

CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) delegó a su Secretaría Ejecutiva la realización de una visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019. La visita se realizó en el marco de una invitación del Estado y tuvo por objeto recoger información sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre pasado en el país.

La delegación de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH visitó las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Sacaba. Durante la visita, la delegación sostuvo reuniones con altas autoridades del Estado de los niveles nacional y territorial, de todas las ramas del poder público, y se encontró con amplios grupos de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, recibiendo sus testimonios y documentación; también visitó hospitales, centros de detención, despachos defensoriales, y comunidades afectadas por la violencia. Así, durante su primer día la delegación de la CIDH se reunió con representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, y el Instituto de Investigación Forense, así como con representantes de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al Fiscal de La Paz, y de la Defensoría del Pueblo. Ese mismo día, se entrevistó con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y visitó la sede diplomática de México en La Paz. El segundo día, la delegación se reunió con el Procurador General del Estado, con los Presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Al segundo día en la tarde se celebró una reunión plenaria con numerosas organizaciones de derechos humanos, partidos y organizaciones políticas de todas las representaciones, organizaciones indígenas, agrupaciones de víctimas, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), la Conferencia Episcopal de Bolivia, organizaciones periodísticas, estudiantes, médicos, defensores y otros diversos grupos y movimientos ciudadanos. El tercer día, el equipo de la CIDH se entrevistó con las directivas de la Cárcel de San Pedro en La Paz, y con los administradores del Hospital Holandés en El Alto. Posteriormente visitó la Alcaldía de El Alto, donde fue recibida por el equipo de gobierno y distintos líderes sociales de esa localidad. Más tarde visitó el Distrito 8 de El Alto, donde asistió a una reunión plenaria con habitantes de ese sector, que incluyó la presencia de víctimas y familiares de fallecidos en los hechos de violencia. El cuarto día de su visita, la delegación de la CIDH se trasladó a Cochabamba, donde se reunió con el Alcalde de Cochabamba, con el Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, con el Comandante de la Séptima División del Ejército en Cochabamba, y con el Fiscal Departamental de Cochabamba. Se trasladó luego a la población de Sacaba, donde se entrevistó con víctimas de la violencia y sus familiares, y con líderes sociales y defensores. También visitó ese día el Hospital Viedma y la sede de la Defensoría del Pueblo en esa ciudad, donde se entrevistó con numerosas personas, incluyendo representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, funcionarios públicos, víctimas, ciudadanos particulares y una asociación de familiares de agentes de la Policía.

Al respecto, la CIDH agradece la invitación, la apertura, la transparencia, el apoyo y el acompañamiento del Estado de Bolivia a todo lo largo de la visita de observación, y expresa su gratitud por toda la asistencia prestada para su organización y desarrollo, así como por el apoyo logístico y de seguridad. Además, valora el esfuerzo de las personas y organizaciones que presentaron información y testimonios ante el equipo técnico de la CIDH, especialmente de quienes han resultado víctimas en los recientes hechos de violencia registrados en el contexto de la crisis política y social en ese país.

La CIDH hace públicas en el presente comunicado sus observaciones preliminares sobre la situación de derechos humanos en Bolivia, y urge la realización de una investigación internacional independiente sobre los sucesos que se han registrado en el país a partir del mes de octubre de 2019. En este sentido la CIDH celebra que su solicitud coincida exactamente con la voluntad expresada por el Estado de Bolivia en la Nota Diplomática MPB-OEA-NV 274-19 del 10 de diciembre de 2019, en la cual el Gobierno interino expresa que “será esa investigación internacional la que investigue los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre octubre y diciembre del 2019”, y que “[e]stamos plenamente de acuerdo que haya una investigación internacional imparcial la que determine y califique los hechos de violencia ocurridos en Bolivia”. Al respecto, la Comisión valora altamente la disposición del Gobierno a permitir una investigación independiente. El foco central del trabajo de la CIDH es la mayor efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición, independientemente de cuándo se haya consolidado la violación grave de derechos humanos correspondiente.

Con anterioridad a la realización de la visita de noviembre de 2019, la Comisión ha monitoreado de cerca la situación de derechos humanos en Bolivia en los últimos años por medio de las siguientes actuaciones: la realización de una visita in loco en 2006, y de una visita de trabajo por el Relator de País, Comisionado Francisco Eguiguren, en agosto de 2018; la elaboración de dos informes temáticos, sobre el “Acceso a la justicia e inclusión social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, en 2007, y “Comunidades Cautivas: Situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia”, en 2009; la publicación de un informe de seguimiento en el marco del Informe Anual de 2009; la emisión de múltiples comunicados de prensa, incluyendo 13 comunicados en los años de 2014 a 2019; 8 pedidos de información confidencial al Estado bajo el artículo 41 de la Convención Americana desde 2014, sobre temas relativos a los derechos de las personas LGBT, la edad mínima legal para prestar el servicio militar, el uso de la fuerza en manifestaciones públicas, la situación de las juezas, y la situación de los niños y niñas detenidos, entre otros; y 10 audiencias temáticas desde 2014, sobre temas tales como la independencia judicial en Bolivia, la violencia sexual contra adolescentes, la reforma penal y penitenciaria, el derecho a la consulta previa, o los derechos de las víctimas de la dictadura. A la fecha, la CIDH tiene 91 peticiones contra el Estado de Bolivia en proceso de estudio, 28 en etapa de admisibilidad, y 6 en etapa de fondo, relativas éstas últimas a temas de integridad personal y tortura, desaparición forzada, violencia sexual y protección judicial. Asimismo, la CIDH desarrolla actualmente procesos de solución amistosa entre el Estado y víctimas de violaciones de derechos humanos. En el año 2011, la Comisión otorgó medidas cautelares para proteger los derechos de una víctima del Estado refugiada en el exterior; y ha sometido, desde 1997, un total de 6 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Bolivia.

El eje central de las observaciones de la CIDH en esta visita de observación a Bolivia fue el ejercicio del derecho a la protesta en un contexto de violencia generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones presidenciales y legislativas, a partir del mes de octubre de 2019 y hasta la fecha actual, en el país. Para consolidar sus observaciones, el equipo técnico de la Comisión se ha apoyado en una alta cantidad de fuentes testimoniales y documentales, oficiales y extraoficiales, que dan cuenta de fuertes indicios de violaciones de derechos humanos, con profundas repercusiones sobre la vida de la sociedad boliviana.

Marco temporal de la crisis

La Comisión observa que las movilizaciones y protestas sociales en Bolivia se enmarcan en el contexto del proceso electoral realizado el 20 de octubre, y registraron un punto de intensificación importante a partir del mes de octubre de 2019. Las protestas y movilizaciones fueron realizadas por una amplia diversidad de sectores cívicos, políticos, étnicos y movimientos sociales; el recurso a la violencia fue tomado por una serie de actores particulares de distinta afiliación en el curso de esas protestas y movilizaciones; y los actos lesivos de los derechos de las personas bolivianas observados por la CIDH fueron cometidos en el curso de la represión de las protestas por distintos agentes del Estado. Esa participación amplia y multisectorial en los hechos de violencia es el principal factor de complejidad de la crisis sociopolítica actual, tal y como se refleja en las presentes observaciones preliminares. Las recomendaciones dirigidas por la Comisión al Estado de Bolivia giran en torno a la urgente necesidad de que se genere un proceso de diálogo y reconciliación nacional, tendiente a desactivar las tensiones potencialmente violentas que hoy subyacen a las relaciones sociales en Bolivia. La Comisión toma nota y valora que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia haya condenado “toda forma de violencia y toda instancia en que se ponga en riesgo la vida y la seguridad de todos los miembros de la sociedad boliviana”, y comparte esta visión.
El marco cronológico de la crisis ya ha sido delineado por la CIDH en sus comunicados de prensa de 2019. La CIDH advirtió que, una vez hecho público el informe del grupo de auditores de la OEA sobre el proceso electoral, el 10 de noviembre, el Presidente Evo Morales anunció la convocatoria a nuevas elecciones y la renovación de la totalidad de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional. De acuerdo con información pública, el alto mando militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana solicitaron la renuncia del Presidente Morales, quien ese mismo día dimitió, aduciendo su voluntad de evitar que continuase la violencia en el país tras semanas de enfrentamiento. A la profundización de la crisis política se sumó la renuncia de otras altas autoridades del Estado, como el Vicepresidente de la República, los ministros del gabinete y los presidentes de las Cámaras Legislativas; y la posterior instauración de un Gobierno interino con el aval del Tribunal Constitucional. Como un antecedente relevante, en su Informe Anual de 2018 la Comisión expresó su preocupación por los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017 que anuló el resultado del referéndum constitucional de febrero de 2016 en el que había ganado el “no”, rechazando la modificación constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa anteriormente, que buscaba reformar el mandato presidencial para que fuera posible la reelección continua por más de dos períodos. El 5 de diciembre de 2018, en el marco de su 170º Período de Sesiones, la Comisión Interamericana realizó una audiencia sobre el tema de la reelección presidencial en Bolivia. Dentro del Sistema Interamericano, la discusión sobre un derecho a la reelección es actualmente materia de un proceso de opinión consultiva que está en tramitación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, en este contexto, otras consideraciones relevantes efectuadas por la CIDH se han referido a la realización de operaciones conjuntas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de mantener y restablecer el orden público con excesivo uso de la fuerza; así como a la emisión del Decreto Supremo No. 4.078 con el fin de eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que hubiera participado en los operativos para el restablecimiento del orden interno.

En cuanto a esta última medida, en su comunicado del 19 de noviembre de 2019, la Comisión manifestó su profunda preocupación por las afectaciones de los derechos humanos por dicho instrumento en el contexto de la contención de las manifestaciones públicas. Sobre este punto, en su visita, la delegación de la CIDH recibió denuncias de diversas organizaciones e instituciones nacionales de derechos humanos sobre la utilización de dicho decreto para servir como una amnistía irrestricta a la actuación de las fuerzas de seguridad. Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó que había presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta contra esta norma ante el Tribunal Constitucional; y recientemente, el día 27 de noviembre, se informó sobre su derogación.

El equipo de la CIDH recibió información según la cual las operaciones llevadas a cabo por dichas fuerzas conjuntas militares y policiales habrían resultado en la pérdida de vidas humanas en diferentes sucesos en todo el país, entre los que se destacan las muertes registradas el 11 de noviembre en la Zona Sur – Pedregal del municipio de La Paz; la masacre de Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre; y la masacre de Senkata, en El Alto, del 19 de noviembre. La Comisión toma nota de que el Decreto Supremo No. 4.078 estuvo vigente durante las masacres de Sacaba y de Senkata. En ese sentido, la CIDH recuerda al Estado que, bajo los estándares interamericanos de derechos humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inoponible en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado.

La CIDH también ha sido informada sobre la presentación y trámite actual de un proyecto de ley en el cual se eximiría de responsabilidad penal a Evo Morales y a Álvaro García. Al respecto, la CIDH advierte que bajo los estándares interamericanos, son inadmisibles las leyes de amnistía, o sus equivalentes, que pretendan excluir la responsabilidad penal individual de quienes son responsables por violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de su rango o nivel de mando en la estructura del Estado.

La protesta social como eje y común denominador de los sucesos recientes

Durante la visita, la delegación de la CIDH recibió denuncias de manera reiterada sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el contexto de la contención de las diversas protestas sociales en el país. Sobre el particular, se informa que en el curso de las acciones de represión de las marchas y manifestaciones, diversas personas habrían resultado heridas por golpes, disparos, o por la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos u objetos contundentes.

En el contexto de las protestas, la CIDH toma nota de la información de la Defensoría del Pueblo, que registró un escalonamiento del número de lesionados, empezando en 466 personas el 8 de noviembre y alcanzando al menos 804 personas el 22 de noviembre. Esta cifra incluye a las personas que resultaron heridas durante las masacres de Sacaba y Senkata. La CIDH toma nota de que algunas personas habrían sido lesionadas, durante los enfrentamientos, por otros actores y grupos sociales; y de la información sobre las lesiones sufridas por agentes de la fuerza pública, en sucesos tales como las protestas de la plaza Abaroa, el 24 de octubre, donde tres agentes de la policía habrían resultado heridos.

Asimismo, la Comisión resalta la información recibida en el sentido de que el 22 de octubre, al intentar ingresar al Tribunal Superior Electoral, algunos manifestantes habrían sido bloqueados por la Policía, que utilizó golpes y gases lacrimógenos y generó varios heridos, incluyendo una joven de 16 años. Igualmente, según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, el 31 de octubre varios grupos de jóvenes intentaron ingresar al Palacio de Gobierno, en la Plaza Murillo de La Paz, mostrando un alto nivel de agresividad y apoyados por mineros que tenían dinamita, ocasión en que habrían sido repelidos por la Policía mediante gasificación, golpes y otros actos que causaron lesionados entre ellos y entre las personas civiles que pasaban por el lugar.

La Comisión observa que el desarrollo escalonado de los eventos políticos y electorales del país marcó el ritmo para la intensificación diaria y sucesiva de las manifestaciones, enfrentamientos y consistente derivación hacia la violencia de estas protestas y marchas. La CIDH recuerda que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos protege el derecho a la protesta social, imponiéndole al Estado obligaciones internacionales de estricto cumplimiento, entre las cuales sobresalen el deber de respeto y garantía de este derecho, y el deber de abstenerse de interferir en su ejercicio salvo para aquellos aspectos necesarios para proteger a quienes lo ejercen y garantizar el orden público, con un uso mínimo de la fuerza represiva y ningún uso en absoluto de fuerza armada letal. Además, la Comisión urge al Estado a que avance en la reparación de los lesionados en estos hechos de violencia y de sus familiares.

La CIDH también llama al Estado a cesar los actos de violencia atribuibles a agentes estatales, o a grupos privados actuando en asocio, en connivencia con o bajo la tolerancia de los mismos, y a que garantice que cada persona lesionada en el contexto sociopolítico actual reciba el tratamiento médico y sanitario integral al que tiene derecho bajo la Convención Americana.

Incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial

La Comisión Interamericana toma nota de que las manifestaciones y protestas en varios casos han degenerado en fenómenos colectivos violentos, en muchos casos racistas y en diversas formas discriminatorios. La CIDH declara su alarma por los distintos discursos de odio e incitaciones a la violencia a los que han recurrido diversos actores del país. Al respecto, la CIDH fue informada de la utilización de estos discursos e incitaciones por parte de funcionarios públicos y actores privados, quienes se han acusado recíprocamente de instigar a la población al uso de la violencia. Ello coincide en varios casos con el recurso simultáneo, desde el Estado, a la persecución penal de los opositores políticos, a quienes se señala de cometer los delitos de sedición, terrorismo e incitación a la violencia.

En efecto, tanto los oficialistas como la oposición se han acusado recíprocamente de instigar a las masas al uso de la violencia.

La Comisión también toma nota de que fueron consistentes las declaraciones de quienes tomaron parte en algunas manifestaciones, en el sentido de que estaban protestando contra actos y patrones de racismo y discriminación. La CIDH también destaca la información presentada por la Defensoría del Pueblo, en la cual reporta que ha registrado docenas de casos de actos racistas y discriminatorios en el curso de las últimas semanas, en particular actos de violencia verbal, y algunos casos de retención y humillación pública por motivos raciales y/o de género.

Entre los actos de racismo y discriminación referidos a la Comisión sobresalen los que se han cometido contra las así autodenominadas “mujeres de pollera”, es decir, mujeres indígenas o de ancestro indígena y campesino que usan el atuendo tradicional como parte de su cultura, y conforman una mayoría visible de la población boliviana. Al respecto, distintas personas declararon ante la CIDH que se habían sumado a las marchas y protestas sociales porque sectores políticos o sociales específicos habían humillado, despreciado o vilificado en sus discursos y expresiones a las mujeres de pollera, que eran sus madres, hermanas, tías o abuelas. Distintos testigos señalaron que a las mujeres de pollera se les había asesinado, golpeado, herido, y humillado mediante actos recurrentes tales como cortarles el pelo.

Igualmente, la Comisión toma nota de los impactos que la situación actual ha tenido sobre los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia, que conforman un sector mayoritario de la población. Entre ellos sobresale la afectación del derecho a la integridad cultural de las personas indígenas por la quema, destrucción y ofensa a la bandera de la Wiphala. Las ofensas a este símbolo cultural de la población indígena boliviana, que incluyen su quema y destrucción, han sido cometidas por agentes de la policía, líderes cívicos y ciudadanos particulares en diversos espacios oficiales, tales como la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en espacios públicos, como sucedió entre otras en la plaza central de Cochabamba. Asimismo, se ha registrado en videos ampliamente difundidos a agentes de la policía de Santa Cruz que se cortaban dicho símbolo de su uniforme. Estos actos causaron inmediatamente indignación, ofensa y rechazo entre amplios sectores de la sociedad, particularmente los indígenas y campesinos, y constituyeron parte de los motivos que llevaron a numerosas personas a unirse a las movilizaciones.
En relación con este punto, la CIDH recuerda que la incitación a la violencia y los discursos de odio están prohibidos bajo la Convención Americana, mucho más cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes sociales para exacerbar situaciones de violencia y tensión social. Los funcionarios, líderes u otras personas que efectivamente desplieguen este tipo de incitaciones y discursos deben ser tenidos como responsables de las consecuencias que sus expresiones tengan sobre los derechos humanos de la población boliviana. Por otra parte, bajo la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos autóctonos de Bolivia tienen derecho a la integridad y dignidad de sus culturas.

Arrestos y detenciones arbitrarias

De acuerdo con la información recabada, cientos de personas fueron detenidas entre el momento del inicio de las protestas y el de la visita de la delegación de la CIDH. La Comisión observa que, según lo informado por la Fiscalía General del Estado en el Informe del 26 de noviembre de 2019, la mayoría de los detenidos se encuentra en situación de detención preventiva. Asimismo, la información recibida da cuenta de que esas personas han sido recluidas tanto en cárceles y carceletas como en centros de reintegración, sitios de arresto policial y celdas judiciales, y que en diversos casos las detenciones no habrían sido precedidas por orden judicial, sino realizadas como medida policial preventiva de escaso o nulo sustento legal.

Al respecto, la delegación de la CIDH obtuvo información en el sentido de que el 22 de octubre, la Policía habría aprehendido al menos a 21 jóvenes entre los manifestantes que se enfrentaron a la fuerza pública y quemaron el Tribunal Electoral Departamental de Beni. Asimismo, la Defensoría del Pueblo documentó que el 12 de noviembre había realizado verificaciones en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen – FELCC, donde encontró a 28 personas arrestadas, incluyendo a 4 menores de 18 años, por los hechos ocurridos en las protestas de Ciudad Satélite de El Alto.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó a la CIDH en el informe DGFSE No. 153/2019, remitido a la CIDH por el Ministerio Público mediante oficio FGE/JLP No. 751/2019 y luego mediante la Nota Diplomática del Estado, que para el día 26 de noviembre, 364 personas habían sido detenidas con ocasión de los hechos de violencia pre- y post-electoral, de las cuales una alta proporción fue capturada sin orden judicial previa, y muchas de las cuales permanecen privadas de la libertad a la fecha, en todo el país. Además, el equipo técnico de la CIDH pudo constatar, en su visita a las celdas judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que no se lleva un registro completo ni cuidadoso de las personas que han sido privadas de la libertad en este contexto.

La Comisión recibió repetidos reportes sobre actos de maltrato físico y verbal, tales como golpes, culatazos, insultos, amenazas o similares, infligidos a las personas al momento de su aprehensión por parte de los agentes de la fuerza pública. En ese sentido, la CIDH toma nota del informe de la Defensoría del Pueblo del 22 de noviembre, que refiere que entre el grupo de detenidos que se habían visitado en las celdas de la FELCC, 18 presentaban heridas en distintas partes del cuerpo, 2 de ellas graves, y todas requiriendo atención médica que no se había provisto.

Ante la delegación de la CIDH, en la Cárcel de San Pedro en La Paz, algunas personas detenidas denunciaron haber sido golpeadas e insultadas por agentes de la Policía al momento de su detención, así como obligadas a arrodillarse y otros vejámenes físicos. El Servicio de la Prevención de la Tortura (SEPRET) de Bolivia denunció que las personas detenidas en las últimas semanas estarían siendo llevadas a lugares distintos de los centros penitenciarios y carcelarios para allí permanecer privadas de la libertad, donde se les habrían aplicado castigos físicos, gases, golpes y otros ataques a su integridad. El SEPRET también denunció ciertas limitaciones que habían sido impuestas a sus funcionarios para acceder a los sitios de reclusión en todo el país. La Comisión toma nota de la renuncia, el 18 de noviembre, del Director de SEPRET, quien según lo informado, habría sido instado verbalmente a presentar su dimisión.
La Comisión también recibió información sobre amenazas y agresiones contra personas privadas de la libertad, así como sobre la carencia de un registro detallado, al momento del ingreso, de las personas llevadas a los centros de detención, exponiéndolas en consecuencia a situaciones de alta vulnerabilidad, así como a un alto riesgo de ser víctimas de tortura o desaparición forzada.

La CIDH recuerda que el Estado está en la obligación internacional de prestar una especial protección a los derechos de las personas privadas de la libertad, por su especial estado de vulnerabilidad; por lo que se le exhorta a que cumpla en el presente momento con esa obligación internacional básica. Además, la CIDH enfatiza la necesidad de proteger a las personas privadas de la libertad que han dado sus testimonios a la comitiva de CIDH, especialmente en la Cárcel de San Pedro, donde varios de ellos relataron haber recibido amenazas tanto por otros presos como por los propios agentes policiales custodios.

Masacres y asesinatos 

En el contexto de la crisis y hasta el 27 de noviembre, la comitiva de la CIDH tuvo noticia de 36 personas que perdieron la vida en Bolivia. Durante su visita, la delegación de la CIDH recibió abundante información sobre dos masacres cometidas en Sacaba y en Senkata, los días 15 y 19 de noviembre, respectivamente, en las cuales perdieron la vida por lo menos 18 personas.

La masacre de Sacaba ocurrió el 15 de noviembre. La Comisión recibió información testimonial según la cual miembros de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba llegaron en una manifestación pacífica al municipio de Sacaba, exigiendo el retorno al gobierno de Evo Morales y rechazando al Gobierno interino. A la altura del puente Huayllani, en el kilómetro 10 de la carretera a Cochabamba, se habría establecido un anillo de seguridad por parte de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas. Al momento en el que los manifestantes intentaron pasar, inicialmente fueron contenidos con la indicación verbal de que estaba en camino la Defensoría del Pueblo para mediar; sin embargo, de conformidad con la información recibida, a los pocos momentos los agentes policiales y militares habrían abierto fuego contra la población civil allí reunida, a la que además habrían atacado con gases lacrimógenos, golpes y patadas. En estos hechos habrían resultaron muertas nueve personas: Omar Calle, César Sipe, Juan López, Emilio Colque, Lucas Sánchez, Plácido Rojas Delgadillo, Armando Carvallo Escobar, Marco Vargas Martínez y Roberto Sejas. También habrían resultado heridas, inclusive por balas, numerosas personas que fueron recibidas en distintos hospitales de Sacaba y Cochabamba.

La Comisión toma nota de que existen diferentes versiones sobre la forma como tuvieron lugar los hechos. Por una parte, algunas autoridades estatales, incluyendo el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y los mandos policiales, han acusado a los manifestantes de haberse disparado entre ellos, aduciendo razones tales como el calibre de las balas que fueron encontradas en los cuerpos de las personas fallecidas y heridas. Por otra parte, los numerosos testimonios recibidos por la CIDH son consistentes al indicar que las personas manifestantes estaban desarmadas, avanzaban pacíficamente por iniciativa propia, y fueron agredidas de repente con armas de fuego, contenedores de gas lacrimógeno, porras y otras armas por la fuerza pública, de manera sorpresiva. En la operación participaron helicópteros de la fuerza pública, según lo atestiguó el propio Comandante de la Policía de Cochabamba ante la CIDH.

La masacre de Senkata ocurrió el día 19 de noviembre. Según la información recibida, un grupo de personas partidarias del MAS realizaba un bloqueo alrededor de la planta de hidrocarburos del sector de Senkata, en El Alto. Esa mañana se permitió la salida de la planta de sesenta vehículos contenedores de gasolina y gas, luego de lo cual los manifestantes habrían derribado uno de los muros perimetrales de la planta, momento en el cual habrían sido contenidos con armas de fuego por las fuerzas conjuntas de la Policía y el Ejército. En los hechos resultaron nueve personas muertas por impacto de bala: Devi Posto Cusi, Pedro Quisberth Mamani, Edwin Jamachi Paniagua, José Colque Patty, Juan José Tenorio Mamani, Antonio Ronald Quispe, Clemente Mamani Santander, Rudy Cristian Vásquez Condori y Calixto Huanacu Aguilar. Entre las víctimas fatales se cuentan varias personas que al parecer no estaban participando en el bloqueo, sino simplemente pasaban por la zona en camino a sus casas o trabajos. También resultaron numerosas personas heridas, por impactos de bala, golpes, inhalación de gases y otras causas conexas, y fueron atendidas en diversos hospitales de El Alto. Al igual que con la masacre de Sacaba, algunos funcionarios públicos, tanto forenses como policiales, han cuestionado que las balas que mataron a estos ciudadanos hayan sido disparadas de armas reglamentarias de la fuerza pública. Al respecto, según declaraciones públicas, y ante la CIDH, en forma reiterada por las propias víctimas, estas personas se estaban manifestando públicamente sin violencia y fueron objeto de represión con armas de fuego por agentes estatales. También se han presentado denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas que habrían fallecido en esta misma masacre, los cuales habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia de las personas muertas. En particular se denunció ante la CIDH que este fue el caso de una mujer campesina, y de una niña de aproximadamente 12 años, entre otros. Las víctimas de esta masacre señalaron consistentemente que los muertos fueron muchos más que los nueve que se han reportado hasta la fecha.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos. En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas. Además, los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial. El derecho a la vida, protegido bajo la Convención Americana, es inviolable, y por su carácter esencial es la precondición para el ejercicio de todos los demás derechos humanos. Los órganos del Sistema Interamericano han reiterado que el uso de la fuerza por el Estado debe ajustarse a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, se recuerda al Estado boliviano que la fuerza letal no puede ser utilizada para meramente mantener o restituir el orden público; sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes y reales puede ser un objetivo legítimo para aplicar la fuerza letal por parte de agentes estatales. En ese sentido, la CIDH urge al Estado que implemente en forma inmediata y apremiante mecanismos para prohibir e impedir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de manifestaciones públicas. La Comisión además reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas de los operativos de control de las protestas sociales y que los funcionarios policiales o militares que pudieran entrar en contacto con la manifestación no deben portar armas de fuego o de otra manera letales. Adicionalmente, la Comisión urge al Estado que cumpla a la brevedad con su obligación internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos criminales.

Además de las muertes registradas en las masacres de Sacaba y de Senkata, el equipo técnico escuchó las denuncias de los asesinatos de Beltrán Paulino Condori Aruni, de 21 años, y Percy Romel Conde Noguera, de 32 años, quienes habrían muerto por disparos de arma de fuego; y de Juan Marín Félix Taco, de 18 años, cuya causa de muerte no se ha determinado, todos ellos durante la contención de una protesta realizada por pobladores de las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, entre el 10 y 11 de noviembre. Según la información presentada por la Defensoría del Pueblo, estas muertes, así como varias lesiones a personas, fueron producidas durante el ingreso de las fuerzas policiales y militares al lugar de la protesta, habiéndose identificado un uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública en este incidente.

El mismo día, según la información recibida por la CIDH, se produjo la muerte de Miguel Ledezma González, de 24 años, al parecer por un impacto de perdigones metálicos no reglamentarios, en un enfrentamiento con fuerzas policiales y militares en Sacaba. Asimismo, la CIDH fue informada sobre la muerte de otras personas, incluyendo agentes de la fuerza pública, en sucesos ocurridos en distintas zonas del país.

Por otra parte, la comitiva delegada por la CIDH fue informada sobre la muerte de varias personas durante conflictos violentos entre diferentes grupos de particulares en el marco de las protestas, como la muerte, el 11 de noviembre, de Filemón Soria Díaz, de 45 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Cochabamba atado de pies y manos, quien habría muerto por estrangulamiento con un lazo. El 12 de noviembre murió Juan José Mamani, de 35 años, en Cochabamba, tras ser golpeado a muerte por un grupo de personas; y Marcelino Jarata Estrada murió en Potosí por un impacto de arma de fuego. En Santa Cruz, en la zona de Montero, el 30 de octubre murieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas por impactos de bala, al igual que el joven Roberth C.S., abaleado el 13 de noviembre en la misma ciudad; las muertes ocurrieron durante enfrentamientos entre personas que realizaban bloqueos y partidarios de grupos de opositores al MAS, en los que aparentemente participaron francotiradores.

Dada la gravedad de los sucesos violentos observados, la CIDH condena las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el contexto de la violencia electoral. Al mismo tiempo, hace un firme llamado al Estado boliviano para que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, investigue y esclarezca cada uno de los hechos, con el fin de establecer los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como a que provea reparación integral a las víctimas y sus familiares.

La CIDH advierte que se trata de hechos de violencia extremadamente graves, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales, en un contexto de zozobra y conmoción social, en el que han surgido distintas versiones de lo ocurrido. Más aun, no es claro que la institucionalidad nacional esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Por lo tanto, en criterio de la CIDH se trata de una situación típica en la que se plantea al Estado la necesidad de permitir la instauración de una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos, para coadyuvar a las autoridades nacionales en dicho cometido, por parte de un Grupo Internacional de Expertos Independientes.

Heridos entre la población civil 

Los hechos de violencia ocurridos en Bolivia han causado un número de heridos hasta el momento no precisado, pero que claramente supera las 800 personas y resultará ser mucho más alto cuando se consoliden los registros completos de las víctimas de las últimas semanas. Las mediciones del número de heridos y lesionados con ocasión de los sucesos de las últimas semanas han variado, como es razonable esperar. Por ejemplo, para el 8 de noviembre la Defensoría del Pueblo había registrado 466 personas heridas, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad; para el 18 de noviembre se había aumentado esa cifra a 715 personas, y en el informe defensorial preliminar del 22 de noviembre se había elevado el estimativo a 804 personas. Muchos de estos heridos habrían sido lesionados por la Policía y las Fuerzas Armadas en el curso de las acciones de represión de las marchas y manifestaciones, fuera con golpes, disparos, gases lacrimógenos u objetos contundentes; otros fueron lesionados durante enfrentamientos con otros actores y grupos sociales. Esta cifra incluye las personas que resultaron heridas durante las masacres de Sacaba y de Senkata. La CIDH nota que también han resultado heridos en los enfrentamientos numerosos agentes de la fuerza pública.

Muchos de los heridos han recibido algún grado de atención médica en diversos centros hospitalarios y de salud, y varios permanecen a la fecha de hoy hospitalizados. La CIDH visitó a algunas de estas personas en hospitales de El Alto y en Cochabamba, observando directamente la gravedad de sus lesiones y su preocupación por los costos de los tratamientos médicos a su cargo. Sin embargo, también se recibió información según la cual una alta cantidad de personas heridas no habría tenido acceso al servicio de salud, especialmente quienes están privados de la libertad. Ante la CIDH recurrentemente se expresó la preocupación de las personas heridas y sus familiares por no contar con dinero para pagar el costo de medicamentos, exámenes y tratamientos que no están cubiertos por ningún tipo de aseguramiento y de cuyo pago depende la continuidad del servicio respectivo.

El derecho a la integridad personal es uno de los derechos fundamentales de la persona humana protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Estado tiene la obligación de investigar esos hechos y tomar las medidas necesarias para reparar las violaciones en las que se identifique a sus agentes como responsables. De conformidad con el derecho a la salud, los Estados tienen la obligación inderogable de asegurar el derecho de acceso a las instalaciones, bienes y servicios de salud por quienes lo requieran. Cuando las personas no puedan hacer valer ese derecho por sí mismas, como es el caso de los heridos y enfermos, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar ese acceso, lo cual puede incluir la búsqueda y recogida de dichas personas, así como su atención inmediata. Esto incluye la obligación de los Estados de adoptar medidas positivas para asegurar la atención integral de la salud, especialmente en circunstancias de peligro para la vida. Así mismo, los Estados deben abstenerse de impedir que el personal sanitario imparta tratamientos médicos a las personas que lo necesiten en el marco de estas situaciones.

La CIDH llama al Estado de Bolivia a que cesen los actos de violencia atribuibles a agentes estatales, o a grupos privados actuando en asocio o connivencia con, o bajo la tolerancia de los mismos, y a que garantice que cada persona lesionada en el contexto sociopolítico actual reciba el tratamiento médico y sanitario integral al que tiene derecho bajo la Convención Americana.

Criminalización y persecución de opositores políticos, reales o percibidos

La delegación de la CIDH también recibió reportes sobre la persecución judicial de numerosas personas a través de investigaciones penales o procesos judiciales iniciados en razón de sus opiniones, convicciones o posturas políticas, incluso en razón de su trabajo como funcionarios públicos del gobierno del MAS. En particular, altos funcionarios del Estado del nivel ministerial del actual Gobierno interino han emitido declaraciones públicas anunciando la presentación de denuncias y la apertura de investigaciones penales por sedición y terrorismo contra miembros del MAS. El clima de persecución judicial y extrajudicial de opositores ha resultado en renuncias masivas y en cadena de servidores públicos a todo nivel; por ejemplo, la Asociación de Alcaldes de Bolivia denunció a la CIDH que no menos de 65 autoridades locales habrían presentado su renuncia como parte de este patrón de presión e intimidación en la vida cotidiana de todo el país.

También es de público conocimiento que a quienes eran vocales del Tribunal Supremo Electoral -Organo Electoral Plurinacional- de Bolivia al momento de las elecciones del 20 de octubre se les iniciaron sendas investigaciones penales, como consecuencia de lo cual actualmente están privados de la libertad o prófugos. Tal fue el caso de vocal Antonio Costas, con quien el equipo técnico de la CIDH se entrevistó en la Cárcel de San Pedro, en La Paz, al igual que con su familia, recibiendo testimonios sobre el uso y valoración irregulares, en su proceso, de pruebas testimoniales exculpatorias, y sobre la transmisión pública de su detención por los medios de comunicación. La Comisión manifiesta su preocupación por la situación jurídica suya y de los demás vocales presos o investigados, y por la garantía de sus derechos procesales, y demás derechos humanos, bajo la Convención Americana.

Adicionalmente, el 17 de noviembre se anunció la creación de un aparato especial en la Fiscalía para detener y procesar a legisladores y otras personas, supuestamente por actos de subversión y sedición. También se tuvo conocimiento de la emisión de amenazas de iniciación de procesos penales por sedición contra un grupo de defensores y activistas de nacionalidad argentina en Santa Cruz.

Por otra parte, la CIDH tuvo conocimiento de la difusión, a través de redes sociales, de anuncios, panfletos e informaciones de carácter persecutorio contra funcionarios y activistas del MAS. En este sentido, distintos exministros han descrito ante la CIDH la circulación de listas con sus direcciones particulares, teléfonos, residencias de sus familiares y otros datos personales, a través de WhatsApp, Facebook y otros medios, así como de montajes en los que sus fotografías aparecen bajo signos de “Se Busca” y frases similares; en varios casos tal distribución de información personal precedió al saqueo, destrucción e incendio de sus viviendas, o de las de sus familiares.

La CIDH precisa que también recibió denuncias, durante su visita, de actos y patrones de persecución judicial de opositores que habrían tenido lugar durante el Gobierno del Evo Morales; aunque estos hechos rebasan el marco temporal de las observaciones de esta visita, para la Comisión es claro que, de verificarse, entrañarían violaciones de los derechos humanos que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas oportunamente.

Libertad de expresión, y rol de la prensa en la crisis

Durante la visita a Bolivia, la delegación de la CIDH se reunió, entre otros, con periodistas, trabajadores de la prensa, comunicadores comunitarios e independientes en las ciudades de La Paz y Cochabamba, donde pudo identificar una serie de vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública. En esta oportunidad, la delegación de la CIDH también recibió información de organizaciones de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo, la cual el 28 de octubre, emitió un comunicado exigiendo a los sectores sociales movilizados, al Estado, a la policía y a los medios de comunicación, que garantizasen la seguridad e integridad física de los periodistas durante el desarrollo de su trabajo. De igual manera, fue informado que el 16 de noviembre, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa (FSTP) de Cochabamba denunció el peligro que enfrenta la prensa y el riesgo actual para la vida e integridad de los periodistas que cubren las protestas y manifestaciones sociales en esa región.

Sobre el particular, durante la visita, la CIDH identificó dos momentos fundamentales que caracterizarían la situación de la libertad de expresión y del acceso a la información en el país: antes de la renuncia del entonces Presidente Evo Morales, el 10 de noviembre; y después de la misma, cuando la Policía Nacional se amotinó y las Fuerzas Armadas solicitaron la renuncia del entonces mandatario, para luego dar lugar a un Gobierno interino, presidido por la senadora Jeanine Añez.

Según información recabada por la CIDH, del 20 de octubre al 2 de diciembre, se habrían registrado al menos 50 periodistas agredidos de 20 medios de comunicación nacional e internacional. Dichas agresiones habrían sido originadas tanto por parte de manifestantes, como también por el excesivo uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sobre el particular, fue informado que en el marco de las protestas y manifestaciones sociales, los comunicadores de los periódicos El Deber, La Razón, Página Siete, Los Tiempos, Opinión, de la Agencia de Noticias Fides (ANF), de los canales de televisión ATB, UNITEL, Gigavisión, Red Uno, Bolivisión, PAT, Tele C y de las radios Pio XII y Radio San Simón, entre otras, habrían sido objeto de ataques. De acuerdo con la información recibida, las agresiones provendrían de ambos sectores de manifestantes, es decir, los que estaban a favor del entonces presidente Morales y los que pedían su renuncia y la anulación de las elecciones de octubre. Entre las agresiones reportadas se encontrarían golpes, insultos, incautación y destrucción de equipos, así como obstaculización de coberturas periodísticas. Así, por ejemplo, fue informado que la motocicleta del periodista Adalid Peredo de la Red Uno fue quemada a fines de octubre mientras cubría el paro cívico en Cochabamba. También se reportó la retención de varios periodistas en El Alto, cuando, según lo informado, manifestantes a favor del gobierno de Morales habrían rodeado el aeropuerto, impidiendo la salida del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se dirigía a La Paz para entregarle una carta al entonces mandatario solicitándole su renuncia.

Adicionalmente, de acuerdo con la información compartida con la CIDH, el 8 de noviembre, la situación de violencia en Bolivia habría tenido una escalada tras el motín policial, alcanzando al menos las ciudades de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Según lo informado, debido a la ausencia de la fuerza pública se habrían registrado saqueos e incendios provocados en sedes de partidos políticos, domicilios particulares de políticos y dirigentes, medios de comunicación estatales e independientes, así como ataques y hostigamientos a sus funcionarios. Entre ellos, se registra la quema de la sede de las Seis Federaciones del Trópico del Chapare y del Movimiento Al Socialismo (MAS) donde se encontraban las instalaciones de la Radio Comunitaria Kawsachun Coca; y la toma de instalaciones de diferentes medios de comunicación estatales y otros canales privados como TVU, Red Uno, UNITEL.

Durante la visita también fue informado que, el 9 de noviembre, el director de la radio estatal Radio Tupak Katari y del periódico Prensa Rural, José Aramayo, fue amarrado a un árbol y vejado durante horas por vecinos de la zona de Miraflores, en La Paz, incidente que habría sido documentado por el corresponsal del periódico argentino, Página 12, Sebastián Moro, quien un día después fue encontrado inconsciente en su domicilio, con traumatismo en distintos lugares del cuerpo y luego de seis días falleció. Según lo informado, la familia del periodista habría denunciado que materiales periodísticos y herramientas suyas de trabajo habrían sido sustraídas, y pidieron una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Por otra parte, según la información disponible, el 9 de noviembre, grupos de manifestantes contra el entonces gobierno de Morales habrían cercado los medios de comunicación estatal, Bolivia TV y Radio Patria Nueva en La Paz, bloqueando la salida de cerca de 30 trabajadores y obligándolos a cortar la transmisión de sus señales. Además, fue informado que, el 10 de noviembre, en el municipio de Yapacaní (Santa Cruz), militantes del MAS habrían tomado y destruido las instalaciones de la Radio Ichilo. De igual forma, los canales Red Uno y Televisión Universitaria de La Paz interrumpieron su producción debido a amenazas de ataque a sus instalaciones, así como la red UNITEL, la cual comunicó que la planta transmisora para las ciudades de La Paz y El Alto habría sido objeto de ataque. Adicionalmente, la televisora Abya Yala suspendió sus servicios de prensa, denunciando que sus trabajadores habrían sido agredidos por manifestantes opositores del entonces gobierno de Morales tras asistir a una conferencia de prensa, y que en esta oportunidad se habría amenazado con dinamitar a ese medio de comunicación.
Adicionalmente, fue informado que, el 12 de noviembre, los periódicos Página Siete en La Paz, Los Tiempos y Opinión de Cochabamba, habrían suspendido la circulación de sus respectivas ediciones impresas, dado el clima de inseguridad y amedrentamiento a periodistas y sus medios. El periódico El Día de Santa Cruz reportó que dejo de circular en formato impreso desde el 23 de octubre debido al paro indefinido en la región.

La CIDH observa que al clima de silenciamiento de la prensa también han contribuido declaraciones de altos funcionarios gubernamentales. En este sentido, el 14 de noviembre, la recientemente designada Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a periodistas nacionales e internacionales con procesos penales por sedición, declarando que “aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país tienen que responder a la ley boliviana” (sic). Además, indicó que “esos periodistas ya están identificados” y que el ministro de Gobierno «va a tomar las acciones pertinentes”.

En este contexto, la CIDH ha registrado agresiones a periodistas extranjeros de, entre otros, Página 12, TN, Crónica, América, Telefé, TeleSur y Aljazeera. Sobre este último medio, Aljazeera, fue informado que su reportera Teresa Bo,  fue gasificada de manera intencional por miembros de la Policía mientras hacía transmisión en vivo de las protestas. De acuerdo con la información recabada, la mayoría de corresponsales extranjeros abandonaron el país debido a la alegada falta de garantías, la presunta presión por parte de manifestantes contra el gobierno de Evo Morales, y también debido a campañas de difamación que habrían sido compartidas en diferentes redes sociales con sus fotografías y la dirección de los hoteles en los que se encontraban alojados.

Además, fue reportado que, el 15 de noviembre, en Sacaba el periodista y camarógrafo de la cadena televisiva ATB, Sergio Figueroa, habría sido agredido por campesinos, quienes le habrían golpeado, habrían tratado de arrebatarle su equipo, y habrían intentado rociarlo con gasolina, reclamándole por el silencio de la prensa nacional ante la masacre allí ocurrida. Según lo informado, en ese mismo episodio, habría sido lanzado por personas desconocidas un petardo que habría estallado en medio de los periodistas y militares que estaban en el lugar, causando presuntamente heridas a cuatro reporteros: Fernando Bustamante, César Baldelomar, Ronald Aguilar y Sergio Figueroa. Asimismo, fue indicado que habrían sido apedreados por los manifestantes otros seis periodistas, a quienes nuevamente se les habría recriminado por su falta de cobertura. Sobre esta presunta falta de cobertura, varios comunicadores  alegaron que no se encontraban en condiciones de dar coberturas a las protestas y manifestaciones sociales en el país debido a la falta de garantías de seguridad.

Igualmente, fue informado que personas presuntamente del Comité Cívico de Santa Cruz, habrían llamado al analista político y periodista Carlos Valverde para intimidarlo si seguía criticando al gobierno de transición y si persistía con sus críticas hacia el presidente del Comité, Luis Fernando Camacho. Más recientemente, el 3 de diciembre, fue informado que el caricaturista del periódico La Razón, Alejandro Salazar, comunicó a la dirección del medio de comunicación que dado el asedio y amedrentamiento del cual estaba siendo víctima decidió dejar de publicar sus viñetas alegando que no tenía las condiciones para continuar realizando su trabajo. Durante la visita, a la delegación de la CIDH también fue reportado el bloqueo de señal de los canales internacionales TeleSur y Actualidad RT por parte de empresas privadas, como Cotas y Comteco, y por parte de Entel, la empresa estatal. Lo anterior, presuntamente sin ninguna justificación.

Por otro lado, según información proporcionada a la CIDH,  desde la renuncia del entonces presidente Morales se habría identificado el uso de falsas cuentas en Twitter como parte de la campaña de apoyo al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y al gobierno interino de Jeanine Añez. Los datos mostrarían alrededor de 68 mil cuentas creadas, las cuales compartieron 14 hashtags que habrían sido compartidas por 252.090 cuentas diferentes, que hicieron 1’048.575 tuits del 9 al 17 de noviembre., Algunos de estos hashtags son: #BoliviaLibreyDemocratica, #NoHayGolpeEnBolivia, #EvoEsFraude, #BoliviaUnida, entre otros.

Finalmente, durante su visita al país, la delegación de la CIDH también recibió denuncias por parte de periodistas independientes y comunitarios quienes, debido a la alegada ausencia de medios de comunicación nacional en la cobertura de los conflictos, habrían decidido reportar a través de redes sociales y blogs. Según lo informado, estos periodistas habrían recibido amenazas de muerte y amedrentamiento por parte de grupos privados de choque, tales como los así denominados “Resistencia Juvenil Cochala”. Asimismo, periodistas, familiares de víctimas y heridos han denunciado la falta de acceso a la información pública durante la transición de gobiernos. Sobre el particular, fue informado que a los familiares de los heridos en la masacre de Sacaba se les habría sido negada información en el Hospital Viedma de Cochabamba.

Por todo lo expuesto, la Comisión recuerda al Estado que el rol de la prensa en una sociedad democrática es fundamental, más en situaciones de alta tensión social y violencia, en las cuales el ejercicio de la profesión periodística constituye una forma de denunciar violaciones de los derechos humanos y garantizar la dimensión colectiva de la libertad de expresión, esto es, el derecho de la sociedad como un todo a estar informada. Es igualmente importante el papel de la prensa en el curso de las protestas sociales, y el Estado debe garantizar que ésta puedan ejercer su labor periodística sin ser objeto de detenciones, amenazas, agresiones o limitaciones en cualquier forma.

La CIDH también recuerda al Estado de Bolivia que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse de que con sus pronunciamientos no estén lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos; y que deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse de que sus expresiones no constituyan formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.

Asilo y refugio

Según fue relatado al equipo de la CIDH, varios funcionarios que conformaron el gabinete de gobierno del Presidente Evo Morales habrían recibido asilo en sedes diplomáticas, específicamente en las de Argentina y México. Sin embargo, según lo relatado, el Gobierno interino se habría rehusado a expedir los salvoconductos que dichos exfuncionarios requieren para salir del país, aduciendo distintas razones, entre ellas, la apertura de investigaciones penales en su contra, o su papel en ciertas negociaciones que están en curso. La Comisión toma nota de la información de que a algunos de los familiares de esos funcionarios se les habrían otorgado salvoconductos, pero a ellos no, lo cual podría afectar la integridad de sus familias.

Uso de la violencia por grupos privados y ciudadanos particulares

La Comisión destaca que los enfrentamientos violentos entre personas particulares han sido una constante de las manifestaciones y protestas. Desde el primer día del paro cívico, se registraron enfrentamientos en Santa Cruz en la zona del Plan 3000, en los cuales por lo menos una persona resultó herida. Asimismo, personas entrevistadas por la delegación de la Comisión reportaron  la participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles de armamento, así como de enfrentamientos de distintos grados de violencia ocurridos en el curso de las manifestaciones. Según la información recibida, dichos grupos habrían actuado en ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia de, agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Tal es el caso, en particular, de la autodenominada “Resistencia Cochala”, grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas. Algunos de estos grupos privados ejercen control territorial y limitan la circulación sobre amplios sectores de las ciudades; incluso sobre la Plaza Murillo, en La Paz, donde se encuentran las oficinas del Alto Gobierno y del Poder Legislativo.

Según se informó a la Comisión, el 9 de noviembre, numerosas personas provenientes de Chuquisaca y Potosí marcharon hacia La Paz pidiendo la renuncia del entonces Presidente Evo Morales, pero habrían sido retenidas y torturadas en el sector de Vila Vila por un grupo de particulares, comuneros de Huancane, que bloquearon el camino e ingresaron a los buses, desnudaron a hombres y mujeres, y les amarraron, los obligaron a arrodillarse y acostarse sobre el asfalto caliente, los apedrearon, rociaron con gasolina y golpearon, además de robar sus documentos y pertenencias. Simultáneamente, otros grupos afines al MAS habrían bloqueado distintos puntos de esa misma carretera para evitar el ingreso de dichos manifestantes a La Paz. La confrontación habría generado al menos 34 personas heridas; quienes pretendían marchar se replegaron a la localidad de Challapata, y hubo una situación de toma recíproca de rehenes de ambos grupos, que fue resuelta con la mediación de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, se denunció que el activista y defensor Julio Llanos, adulto mayor que abogaba por los derechos de las víctimas de la dictadura, fue golpeado el 29 de octubre por dos personas que participaban en una marcha que pasaba frente a su lugar permanente de activismo ante el Ministerio de Justicia en La Paz, y luego de estar hospitalizado por más de un mes, falleció a consecuencia de la agresión.

La Comisión también tuvo conocimiento de que entre los días 28 y 31 de octubre grupos de mineros afines al partido MAS habrían hecho estallar grandes cantidades de explosivos para dispersar las protestas en La Paz, sin que las autoridades de policía o gubernamentales lo impidieran o les impusieran las sanciones de ley.

Según la datos presentados por la Defensoría del Pueblo a la CIDH, el 30 de octubre, en enfrentamientos entre manifestantes y personas que querían dispersarlos, murieron en el municipio de Montero los señores Mario Salvatierra, Marcelo Terrazas y Marcelino Jarata, todos ellos al parecer por impactos de bala, que según el Instituto de Investigaciones Forenses no corresponderían a armas de dotación reglamentaria de las fuerzas de seguridad del Estado. De igual manera, una confrontación en el municipio de Vinto, el día 6 de noviembre, entre personas que apoyaban el paro cívico y grupos llegados del campo, causó la muerte del joven Limbert Guzmán Vásquez, al parecer por fractura craneal con objeto contundente.

La Comisión nota que la violencia desembocó también en numerosos actos de incendio, saqueo, destrucción y amedrentamiento. En Cochabamba el 23 de octubre una manifestación de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón recorrió las calles, y un grupo de la misma marcha destrozó el edificio de la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y del MAS. Además, el 21 de octubre fue quemado por un grupo de manifestantes el edificio del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, con saldo de tres personas heridas, y el 22 de octubre marchistas quemaron las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, del Tribunal Electoral Departamental de Beni y del Servicio de Registro Cívico de Beni, así como el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.

El 9 de noviembre, también, quemaron la casa del gobernador del Departamento de Oruro, quien renunció públicamente, así como la del Alcalde municipal de Oruro, a quien también quemaron su emisora de radio, motivando su renuncia. La Comisión observa que fueron quemadas o destruidas y saqueadas también las residencias y demás propiedades de la hermana del entonces presidente Evo Morales, del gobernador del departamento de Chuquisaca, del ex diputado y presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda -cuyo hermano fue tomado como rehén-, del senador del MAS Omar Aguilar, de la asambleísta departamental del MAS Sandra Siñani, del diputado David Ramos, del Ministro de Minería y Metalurgia César Navarro -así como la casa de su madre en la ciudad de Potosí-, del entonces presidente Evo Morales, del Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, de la Alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, y del dirigente indígena Nelson Condori, representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en el municipio de Guaqui; asimismo, del Rector de la Universidad Mayor de San Andrés y dirigente del CONADE, Waldo Albarracín.

Al respecto, la CIDH destaca que más de 40 funcionarios públicos de todos los niveles y ramas del poder renunciaron en cadena por temor a ser víctimas de actos como estos, incluyendo varios senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, ministros, y viceministros, entre otros. Varios familiares de los funcionarios públicos respectivos también fueron víctimas de actos violentos, ataques, retenciones, insultos y otro tipo de agresiones, incluyendo sus cónyuges, hijos, padres y hermanos. La Comisión observa que, asimismo, el 10 de noviembre, empresas y organizaciones particulares fueron afectadas por saqueos, incendios y destrozos, como fue el caso del incendio de 64 buses del servicio público en La Paz.

En este contexto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos de violencia, saqueo, incendio y destrucción en los que han participado personas particulares, identificando, juzgando y sancionando a los responsables, máxime cuando han resultado personas heridas durante los mismos. Además, tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia; de investigar los hechos en los que han participado; y en el caso de que lo hayan hecho en connivencia, en asociación, o bajo la permisividad o inacción de las autoridades estatales, el Estado de Bolivia debe investigar y sancionar a los funcionarios públicos que han permitido dichas conductas.

Bloqueos de vías, bienes y servicios básicos

La Comisión toma nota de que desde el 23 de octubre, momento en que se inició el paro general, se empezaron a generar bloqueos a la circulación de personas y bienes en todo el país por parte de manifestantes, tanto en aeropuertos y carreteras como en las calles de las principales ciudades. Los bloqueos afectaron tanto a líderes sociales, tales como el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, como a legisladores nacionales y a ciudadanos del común, quienes se habrían visto obligados a acatar las restricciones a la circulación y acceso impuestas por distintos sectores sociales y por la fuerza pública. Al respecto, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados relataron a la CIDH haber sido sometidos a interrogatorios y vejámenes antes de poder acceder al recinto de la Asamblea Legislativa en La Paz. Según la información recibida, algunos de los puntos de control estarían siendo operados por grupos armados privados que habrían actuado en connivencia con la Policía y las Fuerzas Armadas.

Se informó a la delegación de la Comisión que la principal consecuencia directa de los bloqueos, ha sido la escasez de alimentos, combustibles y bienes básicos, además del aumento de precios. También se han visto afectados los servicios de salud y de educación, así como el sector turístico.

Afectaciones a la institucionalidad y la administración pública

Por otra parte, la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por funcionarios públicos, tanto civiles como policiales y militares, que habrían sido víctimas de violencia en el contexto de la crisis sociopolítica. La Comisión destaca el caso de la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, quien el día 6 de noviembre fue sometida a humillación y violencia física y verbal públicamente por un grupo privado de personas, mediante actos que incluyeron cortarle el pelo, empaparla de pintura y otros químicos, remover parcialmente su ropa y conducirla forzadamente en público por un camino de insultos, gritos y agresiones colectivas La CIDH considera dichos hechos de la mayor gravedad e insta al Estado a investigar, juzgar y sancionar a sus responsables.
La CIDH también ha sido informada sobre la muerte de agentes de la Policía en los disturbios. En particular, tuvo conocimiento de la muerte del Sargento de la Policía Juan José Alcon Parra, por agresiones que sufrió el día 11 de noviembre durante el saqueo y toma del Comando Regional de la Policía de El Alto. Así mismo, se denunció la muerte del Teniente Coronel Heybert Antelo, comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de La Paz, quien falleció en el servicio el 12 de noviembre tras sufrir una emboscada en un punto del bloqueo en la ciudad de El Alto.

Adicionalmente, la Comisión recibió información sobre saqueos e incendios de entidades públicas por turbas violentas. Entre otros, se destacan, el ataque y saqueo del hospital municipal de la zona La Portada, el 10 de noviembre; de la Estación de Policía Integral EPI-Sur de Cochabamba, el 11 de noviembre; de las oficinas de Tránsito, Radiopatrullas y el Comando Regional de la FELCC de la Ceja de El Alto, el 11 de noviembre; y de la Estación Policial Integral 5 de la zona de Ventilla en El Alto, que fue destrozada.

La Comisión observa con preocupación la práctica reiterada de cercar despachos y oficinas públicas estatales por parte de grupos de manifestantes, impidiendo el acceso y salida de funcionarios y ciudadanos, con distintos propósitos y duraciones. La delegación recibió información de que el 4 de noviembre se cercó el Palacio de Justicia en Santa Cruz, así como las oficinas de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Constitucional en Sucre. El 5 de noviembre se cercaron las oficinas de Impuestos Nacionales, el Banco Unión, la Aduana Nacional, la Fiscalía, el YPFB, el INRA, Migración y la Dirección de Trabajo en Santa Cruz. El mismo día, una marcha de empleados del magisterio encerró las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales, el Banco Unión, la Alcaldía y la Gobernación de Oruro; y el 6 de noviembre se cercaron numerosas instituciones públicas en La Paz incluyendo el Tribunal Departamental de Justicia, la Fiscalía Departamental, el Ministerio de Educación y la Jefatura Departamental del Trabajo.

Al respecto, la CIDH toma nota de que la Defensoría del Pueblo en particular ha sido objeto de varios cercos de este tipo e intentos de toma, entre otras los días 30 de octubre en Potosí, 4 de noviembre en Cochabamba, 6, 7 y 27 de noviembre en La Paz.

El principal efecto de estos bloqueos ha sido el de generar temor entre los funcionarios públicos y ciudadanos atrapados, así como bloquear la provisión de los servicios y funciones que cada una de estas entidades cumple y presta a la ciudadanía, por lo menos durante el tiempo que duren encerradas por la muchedumbre.

Conclusiones previas

La Comisión observa con extrema preocupación que, en el contexto de la violencia sociopolítica generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones generales, caracterizada por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo, se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, al nivel más estructural y fundamental de la sociedad boliviana, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país.

La Comisión considera que cualquier salida a la crisis sociopolítica, para ser compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe priorizar el respeto a los derechos de la persona humana y a la institucionalidad democrática, sobre los que se erige el Estado de Derecho.  De tal suerte que la transición hacia la paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas, cesando de inmediato la violencia y el uso excesivo de la fuerza.  Construir un diálogo nacional amplio y respetuoso se hace imperativo para retomar la concordia, la convivencia pacífica y la tolerancia social y política en Bolivia, en apego a los derechos humanos amparados en la Convención Americana.

En este preciso sentido, la Comisión toma nota, como un factor de distensión positivo, de la convocatoria legislativa a las elecciones, e insta a la pronta determinación de la fecha en que se realizarán tales comicios. La importancia jurídica, política y social de las elecciones presidenciales y legislativas próximas exige del Estado la adopción de medidas dirigidas a garantizar el ejercicio pleno no solamente de los derechos políticos, sino de todos los derechos de los ciudadanos bolivianos.

La Comisión toma nota de la reciente expedición del Decreto Supremo 4100, que establece una indemnización monetaria y servicios de salud para las familias de las víctimas mortales y los heridos durante la crisis sociopolítica, y dispone que una vez pagada tal indemnización, los familiares de las víctimas “tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional”. La CIDH advierte que una norma administrativa nacional como ésta no puede jurídicamente cerrar u obstruir el acceso de esas personas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El derecho de petición ante el Sistema Interamericano no resulta afectado en su vigencia o contenido por este tipo de medidas de carácter nacional, pues tiene su fundamento en las obligaciones convencionales internacionales del Estado de Bolivia. Más aún, la CIDH resalta que la compensación monetaria es solo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas de la violencia electoral en Bolivia; tal derecho a la reparación también les da un título jurídico para reclamar del Estado medidas de satisfacción, justicia, verdad, rehabilitación y garantías de no repetición, ante instancias internacionales y nacionales.

Recomendaciones preliminares de la CIDH

Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH recomienda en forma preliminar al Estado de Bolivia:

  1. Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables; específicamente, un Grupo Internacional de Expertos Independientes.
  1. Respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que estén acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley.
  1. Tomar medidas dirigidas al cese de la violencia y de la represión armada de las protestas sociales. Como medio idóneo para ello, suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía por las calles de las ciudades y poblaciones de Bolivia, y restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz, conforme a sus criterios usuales de mando y disposición. Igualmente, cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que se están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas.
  1. Desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean.
  1. Establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas y sus familias.
  1. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte; dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo, y debe proveer un sustento informativo básico para las acciones de reparación de los perjuicios causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que a las personas heridas y lesionadas se les provea atención integral en salud sin costo adicional para ellos.
  1. Entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no se fragmenten sus respectivos núcleos familiares.
  1. Fortalecer la Defensoría del Pueblo, proteger a sus funcionarios y respetar su autonomía e independencia para que pueda cumplir sus funciones sin intervención política de ninguna índole.
  1. Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las imputaciones hechas a las personas arrestadas y detenidas durante las protestas, y liberar en forma inmediata a quienes estén detenidos en forma arbitraria o injustificada a la fecha de hoy, en centros de detención de cualquier tipo. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas, y asegurar su acceso a una defensa técnica y a la administración de justicia.
  1. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación. En relación con éstos últimos, el Estado debe garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura.
  1. Garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos,  amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales.
  1. Conducir desde el más alto nivel del Estado un proceso nacional de diálogo y reconciliación que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana.
  1. Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.
  1. Es deber del Estado proteger a quienes testificaron, y continuarán testificando, ante la CIDH. Sin perjuicio de la procedencia de medidas cautelares interamericanas para casos concretos, en tanto medida preventiva básica, la CIDH solicita formalmente al Estado boliviano que adopte las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que testificaron ante la Comisión Interamericana en su visita y dialogaron de alguna forma con ella. De especial interés es la situación de las personas privadas de la libertad y hospitalizadas con las que habló el equipo técnico de la CIDH, con respecto a las cuales se urge al Estado que brinde una protección inmediata mediante las medidas más expeditas y eficaces. El Estado también deberá abstenerse de tomar represalias, o de permitir que se tomen represalias, en su contra.
  1. Comprometerse a instalar de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Bolivia para operar en el territorio nacional y contribuir a la pacificación social.
  1. Llamar a la CIDH a realizar una visita in loco por la CIDH a la mayor brevedad, que haga posible a la Comisión ampliar el marco temporal de verificación de la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo en su análisis hechos, procesos y factores causales anteriores al periodo estricto de las observaciones, que pueden tener alto valor explicativo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.