Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la situación de personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos de América, México y Centroamérica, en especial por las recientes políticas y medidas adoptadas por los Estados en materia de migración y asilo; la securitización, militarización y externalización de las fronteras; así como la criminalización de defensores de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. La Comisión urge a los Estados de la región a respetar y garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como los de los defensores de sus derechos humanos.
Durante los últimos años, la CIDH ha venido observando el aumento de la migración de personas provenientes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes buscan llegar a los Estados Unidos y, en menor medida, a México. Uno de los factores que ha incidido en este aumento son las denominadas “caravanas de migrantes”, las cuales incluyen a personas con necesidades de protección, como solicitantes de asilo, refugiados, familias, madres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, en particular aquellas personas que viajan solas, entre otras. En cuanto a la magnitud del fenómeno, el informe Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2018 de la Agencia de la Organización de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) evidencia que a finales de 2018 se registraban 314.946 solicitantes de asilo y 72.229 refugiados de estos países a nivel mundial y reconoce las complejidades y desafíos que plantea la llegada masiva de personas en el contexto de movimientos migratorios mixtos.
La CIDH ha observado que, como respuesta a esta situación, los Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos han venido implementando políticas y prácticas de manera conjunta en materia de migración y asilo, las cuales están teniendo impactos directos en los derechos humanos de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Al respecto, a partir de la implementación unilateral del programa “Quédate en México”, Estados Unidos ha devuelto a México a más de 10,000 personas para que esperen allí mientras se realizan sus procedimientos migratorios y de asilo. Asimismo, ambos países han colaborado en la coordinación de citas para iniciar los procesos de asilo, por medio de la cual cerca de 18,778 personas habrían esperado en un puerto de entrada fronterizo en México hasta los principios de junio para presentar su solicitud de asilo ante Estados Unidos.
La Comisión observa que estas políticas son contrarias a obligaciones de en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta al derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement), dado que, entre otros, exponen a estas personas a numerosos riesgos, que incluyen la extorsión, el secuestro y otros actos de violencia a manos de organizaciones criminales y delincuentes comunes que se encuentran en las zonas en las que están siendo devueltas estas personas, así como a la falta de acceso a servicios de asistencia básica. La CIDH urge a los Estados de la región a tomar medidas urgentes e integrales para garantizar vías seguras para que las personas busquen protección internacional. Además, la CIDH recibió información sobre las dificultades para las personas migrantes y solicitantes de asilo en el marco de este programa para garantizar su derecho al debido proceso y a la protección judicial, dado que deben esperar varios meses en México hasta sus audiencias en Estados Unidos, así como sobre las dificultades para acceder a los tribunales y tener representación legal. De acuerdo con información oficial, de enero a julio de este año, México ha recibido en su territorio más de 30 mil solicitudes de la condición de refugiado.
La CIDH también ha recibido información sobre casos de separación de familias bajo el Programa “Quédate en México” en los que los padres y/o madres permanecen en México, mientras que sus hijos son enviados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de los Estados Unidos de América. La CIDH reitera que el derecho a la no devolución establece la prohibición de expulsar o devolver a las personas a donde sus derechos a la vida, la integridad personal y a otros derechos humanos están en riesgo de violación. La CIDH reitera que la separación de los niños y el interrogatorio o procesamiento separado de los niños sin la presencia de sus padres o tutores es contraria a las normas y estándares del derecho internacional y al sistema interamericano de derechos humanos y urge a los Estados Unidos a cesar de inmediato toda práctica dirigida a separar a niños y niñas de sus padres o tutores como una medida para impedir la migración.
Asimismo, la CIDH toma nota del anuncio hecho por los Estados Unidos a finales de mayo de imponer aranceles a los productos mexicanos si México no frenaba la migración hacia Estados Unidos. Como resultado del anuncio hecho por el gobierno de los Estados Unidos, el 7 de junio de 2019, ambos Estados firmaron un acuerdo. Al mismo tiempo, la CIDH observa que, tras dicho anuncio, el Estado mexicano informó que había deportado a 39,653 migrantes en los primeros cuatro meses de 2019 y había enviado a 6,000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala a fin de fortalecer su frontera sur. La CIDH expresa su preocupación frente a los impactos que genera la posibilidad de imponer cualquier tipo de represalia comercial entre dos países en los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, a quienes se incrementa su situación de vulnerabilidad como consecuencia de ello.
Asimismo, el 31 de mayo, se hizo público que el gobierno estadounidense enviará a docenas de agentes del Departamento de Seguridad Nacional a la frontera norte de Guatemala con México para ayudar a las autoridades guatemaltecas a frenar en su origen el éxodo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos. Más recientemente, a mediados de junio de 2019, el gobierno de los Estados Unidos recortó los fondos de asistencia financiera para los países del Triángulo del Norte de América Central. De conformidad con normas internacionales e interamericanas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio; así como derecho a solicitar y recibir asilo y a la protección de su derecho y principio de no devolución. La Comisión ve con extrema preocupación la militarización de las fronteras y llama a los Estados para que las medidas que implementen, incluidas las relacionadas con aspectos económicos, estén orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
Recientemente, la CIDH también tomó nota de la información relativa a las negociones que vienen en curso entre los Estados Unidos y Guatemala para establecer un acuerdo del tercer país seguro. De firmarse el acuerdo, las personas que han atravesado por Guatemala no podrían solicitar asilo en los Estados Unidos y las solicitantes de asilo que llegan a la frontera de los Estados Unidos solicitando el asilo serían devueltas a Guatemala o a sus países de origen. Los hechos de violencia y las violaciones a derechos humanos que la CIDH ha monitoreado a través de sus visitas, informes de país y otros mecanismos de monitoreo respecto de Guatemala y México en los últimos años ponen en evidencia que estos países no contarían con las condiciones para ofrecer las garantías de seguridad que un tercer país seguro debe garantizar. Este acuerdo podría aumentar las condiciones de vulnerabilidad para las personas migrantes y refugiadas y podría exponerles a riesgos mayores que los que las llevaron a desplazarse originalmente. La Comisión Interamericana también toma nota que el 14 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional destinado a prevenir que el Presidente firmase un acuerdo de tercer país seguro con los Estados Unidos de América.
En adición a lo anterior, la CIDH expresa su profunda preocupación por una regulación interina anunciada por los Estados Unidos el 15 de julio la cual impedirá que muchos migrantes soliciten asilo en dicho país. Esta regulación establece que “con excepciones limitadas, un extranjero que ingrese o intente ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur después de no solicitar la protección en un tercer país fuera del país de ciudadanía, nacionalidad o última residencia legal habitual a través del cual el extranjero estuvo en tránsito hacia Estados Unidos no es elegible para asilo”. Teniendo en cuenta la gravedad y la multitud de factores que obligan a los migrantes de América Central a huir de sus países, que van desde graves actos de violencia y privaciones económicas y ambientales extremas, la CIDH considera que esta regulación es contraria al derecho humano a buscar y recibir asilo, la protección contra la devolución y contraviene las normas y estándares internacionales e interamericanos. La CIDH reitera que cualquier acto unilateral, bilateral o multilateral adoptado por un Estado en relación con la migración o el asilo debe estar en línea con sus obligaciones internacionales e interamericanas. Cualquier acto que contravenga estas obligaciones conllevará la responsabilidad internacional de ese Estado.
La CIDH también expresa su preocupación por la muerte de cinco niños migrantes de Guatemala y una de El Salvador bajo custodia de Estados Unidos desde septiembre. La CIDH ya expresó su preocupación por las muertes de Jakelin Caal Maquín y Felipe Gómez Alonzo, a las cuales se han sumado las de Juan de León Gutiérrez, Carlos Gregorio Hernández Vásquez y una niña de 10 años de El Salvador, quienes murieron bajo la custodia de las autoridades estadounidenses. A estos graves hechos, también se suma la trágica muerte el pasado 24 de junio de Óscar Alberto Martinez Ramírez y su hija Valeria, de 23 meses de edad, procedentes de El Salvador, quienes se ahogaron mientras intentaban atravesar el Río Bravo para llegar a los Estados Unidos de América. La CIDH insta a los Estados Unidos a investigar las circunstancias que llevaron a estas muertes y tomar todas las medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos a la vida, la integridad personal y a la salud de las personas migrantes y refugiadas.
A su vez, la CIDH reitera que los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas, niños o adolescentes que se encuentran junto a sus padres, así como de aquellos que se encuentran no acompañados o separados de sus padres, para cautelar los fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar la privación de la libertad de niños y niñas en el incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en el hecho de que se encuentren solos o separados de sus familias, o en la finalidad de asegurar la unidad familiar. La detención migratoria de niños y niñas nunca responde al interés superior de éstos y por ende los Estados deben adoptar medidas para garantizar su libertad personal.
“Las muertes de niños y niñas que buscaban protección o un futuro mejor son tragedias que nos recuerdan las horribles consecuencias de abordar la migración con una visión de seguridad pública en lugar de un enfoque de derechos humanos. Los Estados deben poner fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes”, dijo la Comisionada Esmeralda de Troitiño, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos del Niño.
La Comisión recibió información adicional que indica que existe hacinamiento y malas condiciones de detención en las estaciones migratorias y estancias provisionales mexicanas, así como detenciones de niños, niñas y adolescentes en México. De acuerdo con información oficial, el Estado mexicano informó que debido a la llegada de movimientos migratorios masivos rebasó su capacidad instalada y que se han destinado recursos adicionales humanos y financieros para mejorar las condiciones de dichas estancias y brindar atención a las personas migrantes, incluidos los grupos en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el 2 de julio, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América publicó un informe sobre el hacinamiento, la mala alimentación y las condiciones insalubres en los centros de detención de migrantes. La CIDH urge a los Estados a evitar el uso de la detención migratoria con fines punitivos y como una medida automática y generalizada para responder a movimientos migratorios. La CIDH recuerda que la detención de personas migrantes debe ser una medida de último recurso, a la que sólo se puede recurrir por el menor tiempo posible en cumplimiento de los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, con condiciones dignas de detención, y a no detener, bajo ningún supuesto a niños, niñas y adolescentes y sus familias.
La CIDH también expresa su preocupación por el aumento de medidas tendientes a la criminalización que han tomado los Estados Unidos y México en contra de los defensores de los derechos humanos que brindan asistencia a las personas migrantes y refugiadas. La CIDH observa que el 5 de junio de 2019 fueron detenidos y acusados de tráfico de migrantes los defensores de derechos humanos de personas migrantes Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica. De acuerdo a la información disponible, el 11 de junio, estas personas fueron puestas en libertad por orden de un juez de Chiapas por no encontrar prueba suficiente para abrirles un proceso. La CIDH expresa su preocupación por los actos de hostigamiento de las personas que ayudan a personas migrantes y refugiadas y urge a las autoridades en países de tránsito y destino a tomar medidas urgentes para proteger y legitimar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
Al respecto, en los Estados Unidos de América, Scott Warren, profesor universitario miembro de la organización de la sociedad civil “No More Deaths” enfrentó tres cargos de delitos graves por ofrecer agua, comida, ropa limpia y una cama para dormir a personas migrantes en el Ajo, Arizona, hechos por los cuales podría ser condenado hasta a 20 años de prisión, en caso de ser declarado culpable. El 11 de junio de 2019, un juez declaró nulo el juicio ya que el jurado no logró alcanzar un veredicto. El 3 de julio el gobierno anunció que procesaría nuevamente a Warren en noviembre. La Comisión llama a los Estados a respetar y garantizar el derecho a defender derechos humanos y, por ende, a no criminalizar a los defensores de derechos humanos por las labores que realizan ni a las personas que brindan asistencia humanitaria a migrantes y refugiados.
Por último, la CIDH toma nota que, el 20 de mayo de 2019, el Estado mexicano presentó el Plan de Desarrollo Integral Guatemala – Honduras – El Salvador – México, desarrollado en colaboración con la CEPAL y 16 agencias de Naciones Unidas. La CIDH considera positivo que se implementen medidas para abordar las causas estructurales que originan la migración forzada, tales como promover el desarrollo y condiciones de vida dignas para todas las personas en sus comunidades de origen. En atención de la compleja situación que afrontan los países de origen de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, lo anterior debe ir de la mano con garantizar los derechos humanos de estas personas, en particular el derecho de todas las personas a salir libremente de cualquier país, el derecho a solicitar y recibir asilo y derecho y principio de no devolución, así como con crear canales regulares, seguros, accesibles y asequibles para la migración. Estos canales deben ser accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también para personas en situación de pobreza, así como aquellas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites.
A su vez, en información oficial suministrada por el gobierno estadounidense, se destaca la importancia que Estados Unidos da a las acciones que Estados de la región vienen realizando de manera conjunta en la implementación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), destinado a desarrollar un marco integral de respuesta para los refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés) y fomentar una mayor cooperación regional para responder a los desafíos generados por el desplazamiento forzado. La CIDH destaca la importancia que tiene la cooperación y la responsabilidad compartida en las respuestas que den los Estados a asuntos transnacionales como lo es el abordaje de la migración y la necesidad de que estas respuestas estén basadas en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; la participación y liderazgo los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, el sector privado, las organizaciones internacionales y las personas mismas a quienes van dirigidas estas medidas y sobre todo, de voluntad política para llevarlas a la práctica.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
