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CIDH expresa preocupación por violencia durante el proceso electoral en Colombia

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los graves hechos de violencia que han tenido lugar en el marco del proceso de elecciones locales que se está llevando a cabo en Colombia y que se celebrarán el próximo 27 de octubre. La Comisión llama al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el marco proceso electoral, y conducir las investigaciones pertinentes de manera eficaz y en estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso.

De acuerdo con información pública, desde el inicio de las campañas electorales, en julio del presente año, se han registrado altos niveles de violencia en contra de candidatos y candidatas políticas. Al respecto, durante este periodo electoral se han registrado 24 actos de violencia, entre los que destacan amenazas, secuestros y atentados. Del total de las agresiones registradas, cinco fueron asesinatos a candidatos políticos. Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo identificó que 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas de Colombia presentan riesgo electoral por incidencia de grupos armados ilegales, de los cuales 78 estarían bajo riesgo extremo.

La Comisión ha identificado que estos ataques se presentan en un contexto de creciente inseguridad, particularmente en territorios rurales. La Comisión tiene conocimiento del asesinato de Karina García Sierra, candidata a alcaldesa, su madre y 4 líderes sociales en el municipio de Suárez, Departamento de Cauca. Entre las personas asesinadas en este atentado también se encontraba Yeison Obando Llanten aspirante al Concejo municipal de Suárez. De acuerdo con información pública, personas desconocidas habrían disparado en contra del auto donde se transportaban las víctimas que posteriormente incineraron. La información disponible indica que Karina García contaba con un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección ante las amenazas que había recibido. Asimismo, según se informó alrededor de 15 días antes de su muerte, la candidata habría alertado de públicamente de su situación de riesgo, luego de que afiches de su campaña habrían sido pintados de negro.

De igual manera, la Comisión fue informada sobre el asesinato de Hernando Orley García Vásquez en el municipio de Toledo, Antioquia quien perdió la vida el 7 de septiembre luego de sufrir un ataque con arma de fuego. Hernando Orley García era candidato a la alcaldía de Toledo por el partido Centro Democrático. Sumado a estos casos, la Comisión tiene información sobre el asesinato de Silvio Alonso Álvarez Villa en el municipio de Versalles, Valle del Cauca, el 3 de agosto del presente año. Silvio Alonso era candidato al Concejo de Versalles por el partido Centro Democrático. Posteriormente, el 13 de agosto se conoció sobre el asesinato de Nelson Enrique Gaviria García, quien era el candidato al Concejo de Betania, Antioquia. Nelson habría sido asesinado de varios disparos cometidos presuntamente por sicarios. Asimismo, el 19 de agosto se encontró sin vida el cuerpo de Luis Eduardo Caldera Villamizar, líder social y aspirante al Concejo de San Jacinto del Cauca, Bolívar, por el Partido de La U. El cuerpo de Luis Eduardo habría presentado señales de tortura.

La Comisión manifiesta su profundo rechazo ante estos actos de violencia e insta al Estado colombiano a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y la seguridad de aquellas personas candidatas a cargo de elección, así como de las personas que ocupan dichos cargos, de todas las razas y etnicidades, sin distinción. En particular, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los actores políticos en todos niveles de gobierno, sin distinción, a fin de que el derecho a elegir y a ser elegido pueda ejercerse libre de violencia.

Asimismo, la Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones sobre todos los hechos reportados, y a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las que están en curso se realicen de forma diligente. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales. La CIDH subraya la importancia que dichas investigaciones garanticen el acceso de los familiares a la justicia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.