CIDH expresa preocupación por más hechos graves de violencia en cárceles de Ecuador

Internacional

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en el Centro de Privación de la Libertad Guayas No. 1, que resultaron en al menos 68 personas privadas de libertad fallecidas; y urge al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia; a investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables; y a prevenir su repetición.

De acuerdo con información oficial, desde la noche del 12 hasta el 13 de noviembre de 2021, tuvieron lugar diversos enfrentamientos entre personas que guardan reclusión en el Centro de Privación de la Libertad CPL Guayas No. 1 (ex Penitenciaría). Según datos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), estos hechos habrían ocasionado la muerte de al menos 68 personas privadas de libertad, y que 25 resultaran heridas.  Además, según reportó el Estado, 21 personas heridas habrían sido trasladadas a distintos hospitales.

La CIDH toma nota de las medidas de seguridad adoptadas por el Estado para recuperar el orden del centro, en particular, el despliegue de cerca de 1000 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, distribuyéndose 500 policías en el interior del centro y 400 en el perímetro, y personal de las Fuerzas Armadas en el exterior; acciones que habrían logrado recuperar el control de todos los pabellones de la cárcel.

En adición, la Comisión observa con preocupación la declaración de huelga de hambre de personas privadas de libertad los días 13 y 14 de noviembre en las cárceles de Turi y Cotopaxi, en rechazo a los hechos de violencia. Dicha huelga habría concluido a la fecha según información del Estado.

La Comisión Interamericana advierte que estas muertes tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos. En lo que va del año 2021 se documentaron 316 personas privadas de libertad fallecidas como resultado de estos hechos de violencia. Estas cifras multiplican casi siete veces las muertes violentas en detención respecto a los 46 fallecimientos reportados en 2020.

En este escenario, la Comisión realizará una visita de trabajo a Ecuador del 1 al 3 de diciembre para analizar la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en los centros de detención ecuatorianos, caracterizada principalmente por los altos niveles de violencia, por lo que agradece al Estado su apertura y aceptación para realizar dicha visita.

De acuerdo con los Principios y Buenas Prácticas de la Protección de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, los Estados tienen el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por tanto, es deber del Estado de Ecuador implementar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en centros de privación de la libertad como prevenir el accionar de organizaciones delictivas con presencia en instalaciones penitenciarias, imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, implementar protocolos para prevenir amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad, e incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior; así como investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial (con debida diligencia) los hechos de violencia,  identificar y sancionar a los responsables de estos hechos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.