Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 24 de diciembre de 2019 la resolución 66/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de la diputada Delsa Jennifer Solórzano Bernal, en Venezuela, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Al tomar tal determinación, se consideraron los alegatos de que la diputada Solórzano viene siendo objeto de hostigamientos y amenazas desde 2017 y, de manera reciente, habría sido informada por un teniente de que se buscó contratarle para asesinarla a ella y a otro diputado. Adicionalmente, la beneficiaria habría sido acusada públicamente de haber contratado ella el asesinato de quien presuntamente buscaría contratar su muerte, ocasionando tal acusación un clima de animadversión en su contra. Lo anterior se vería reflejado en acciones por parte de colectivos que la señalarían y hostigarían cuando ella acude al Palacio Legislativo a ejercer sus labores como diputada.

De acuerdo con la información aportada, la beneficiaria no contaría con medidas de seguridad y se alegó que la Guardia Nacional, encargada de la seguridad del recinto legislativo, no le brinda la protección pertinente al encontrarse en el Palacio Legislativo.

Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e integridad; concierte las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados y evitar así su repetición.

El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.