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CIDH culmina visita de trabajo a Paraguay

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó, entre los días 14 y 17 de octubre de 2019, una visita de trabajo a Paraguay con el objeto de obtener información relativa a la situación de los derechos humanos en el país, en particular con relación a la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; de las mujeres; pueblos indígenas; temas del derecho a la igualdad y no discriminación; memoria verdad y justicia, así como los derechos de las personas privadas de la libertad. La delegación estuvo compuesta por el Comisionado Joel Hernández, Vicepresidente de la CIDH y Relator de País sobre Paraguay, y por un especialista de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

La Comisión agradece a la República del Paraguay la oportunidad de realizar esta visita de trabajo, en el marco de la invitación que el Estado mantiene abierta a todos los órganos de derechos humanos para visitar su territorio. Al mismo tiempo, agradece toda la asistencia brindada en la organización y realización de la visita, así como la apertura y el apoyo de las autoridades desde el más alto nivel para abordar los temas de interés de la CIDH. La Comisión también reconoce del esfuerzo de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de personas defensoras de los derechos humanos, así como de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de sus familiares, quienes presentaron informaciones y testimonios.

En el marco de esta visita, la Comisión Interamericana sostuvo reuniones de trabajo con diversas instituciones del Estado, incluyendo encuentros con autoridades de las diversas instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; con representantes de organizaciones de la sociedad civil. En esos espacios, la CIDH destaca, con satisfacción, la existencia de una institucionalidad para la protección de los derechos humanos, evidenciada por la existencia de unidades especializas al interior de las instituciones de los tres organismos del Gobierno; este andamiaje permite dotar de perspectiva de derechos humanos a las políticas públicas. Al respecto, la Comisión exhorta al Estado de Paraguay a fortalecer estas instancias y dotarles de recursos suficientes para poder llevar a cabo su importante labor.

Con ocasión de la visita, el Comisionado Joel Hernández facilitó seis reuniones de trabajo para impulsar la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa entre el Estado y peticionarios. En dichas reuniones, las partes avanzaron en la construcción de rutas de trabajo para la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa, con el apoyo y acompañamiento de la CIDH. La Comisión saluda la voluntad del Estado paraguayo para avanzar en la implementación de los compromisos asumidos en los diferentes acuerdos de solución amistosa en proceso de negociación e implementación, y le insta a continuar desplegando esfuerzos hasta su total cumplimiento.

Asimismo, la Comisión valora los esfuerzos del Estado paraguayo en la construcción de una política de búsqueda de solución amistosa de los asuntos en trámite en el sistema de peticiones y casos individuales, la cual se ve reflejada en la participación del Estado en las reuniones de trabajo, en el cumplimiento de lo pactado y en el acercamiento respetuoso a los representantes de las víctimas. La CIDH espera que estos esfuerzos se reflejen en la ejecución de las rutas de trabajo construidas juntamente con los peticionarios para la materialización de las reparaciones integrales correspondientes y de cumplimiento de los acuerdos alcanzados. De la misma manera, la CIDH valora la buena disposición y apertura expresada por las diferentes organizaciones peticionarias en las reuniones de trabajo sostenidas y su labor constante en el marco de los procesos de solución amistosa para impulsar su cumplimiento.

En cuanto a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Comisión recibió la alarmante información sobre el elevado número de niñas embarazadas en Paraguay, incluyendo una considerable cifra de niñas entre 10 a 14 años consecuencia de violencia sexual cometida, en muchos de los casos, por parte de sus familiares. En ese sentido, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado a revisitar su decisión de eliminar la enseñanza de género de las escuelas. Dicha disciplina cumple un rol fundamental en avanzar con el conocimiento de las causas y de los impactos del embarazo infantil, reduciendo sus cifras. Además, en los casos de abuso sexual de niñas y adolescentes, la CIDH urge al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

La Comisión Interamericana también recibió información sobre casos de niñas, niños y adolescentes que, en garantía de sustento y educación, son enviados por sus familias para servir de criados en otras casas en la práctica conocida como criadazgo. Según información de UNICEF, las niñas, niños y adolescentes en esa situación suman más de 46.993 en Paraguay. Al respecto, complace a la Comisión el compromiso del Estado en atacar el tema por medio de campañas educativas, además de incluir el criadazgo dentro la figura jurídica de la trata de personas.

Por su vez, la Comisión toma con preocupación la información sobre el índice de asesinatos y ataques en contra de las de mujeres basados en su género. Sobre eso, según información del Observatorio del Ministerio de la Mujer de Paraguay, el 21,3% de las víctimas de feminicidio en Paraguay son menores de 20 años, mientras que un 37,8% corresponde a mujeres entre 21 y 30 años. La Comisión recuerda al Estado de su obligación de adoptar medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conductas heteronormativas, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad de las mujeres y que generen violencia en su contra. La CIDH llama a Paraguay a avanzar con la investigación y sanción de esos casos.

Además, la Comisión toma nota con preocupación de la escasa participación de las mujeres en cargos de elección popular, así como del veto por parte del Ejecutivo a la Ley de Paridad Democrática, por la ausencia de mecanismos adecuados para lograr el objetivo inicial de paridad y alternancia entre hombres y mujeres. En ese sentido, la CIDH recuerda al Paraguay que la paridad de representatividad de las mujeres es un eje fundamental de la igualdad y no discriminación y llama el Estado a avanzar en un marco normativo que proporcione la mayor participación de las mujeres.

Sobre el derecho a la igualdad y no discriminación, la CIDH observa con satisfacción la realización de la marcha del orgullo LGBTI en Asunción. Sin embargo, tomó nota de las decisiones tomadas por autoridades municipales en las ciudades de Encarnación y Hernandarias de rechazar la manifestación pacífica de las personas LGBTI en el marco del Día del Orgullo LGBTI. Además, la Comisión recibió información que, después de que se logró realizar la manifestación en Hernandarias, los participantes sufrieron agresiones físicas y psicológicas por parte de otros grupos que se oponen a los derechos de las personas LGBTI. En ese sentido, la Comisión destaca que, en una sociedad democrática, el Estado debe proteger la libertad de expresión de las personas LGBTI al mismo tiempo que debe garantizar la igualdad y la seguridad en las manifestaciones pacíficas de esas personas. Asimismo, en lo relativo a los actos de violencia, insta el Estado a investigar estos hechos de forma imparcial y exhaustiva y a sancionar los responsables.

En cuanto la garantía del acceso a la justicia, la Comisión Interamericana celebra la decisión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Luque, que condenó, por primera vez, un asesinado de una persona trans con base en el delito de criminen de odio bajo la identidad de género de la víctima. En ese sentido, la Comisión recuerda al Estado que las personas de diversas orientaciones sexuales y/o identidades de género están expuestas a altos niveles de violencia basada en la discriminación por cuenta de su orientación sexual y/o identidad de género.

Sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Comisión tomó nota de la información sobre los desafíos sufridos por las comunidades afectadas por desalojo de sus tierras ancestrales, así como por situaciones de exclusión, pobreza y falta de acceso a sus derechos a la salud, educación, vivienda y trabajo. En ese sentido, la Comisión recuerda al Estado su obligación de realizar la consulta previa a las comunidades que puedan ser afectadas por proyectos de desplazamiento, así como garantizar la capacidad de los pueblos indígenas para preservar, proteger y garantizar la relación especial que tienen con su territorio.

Por otra parte, en materia de memoria, verdad y justicia, la CIDH observa con preocupación que, pese a los esfuerzos realizados por el Estado en la conformación de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, pasados 5 años de la edición de la Ley N° 838, el Estado no ha pagado las indemnizaciones a la víctimas de la dictadura del periodo de 1954 a 1989. Respecto a las reparaciones establecidas en la ley de indemnizaciones, la CIDH recuerda al Estado de que la obligación de indemnizar deriva de la calidad de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos sufridas por parte del Estado y este debe adoptar todas las medidas para garantizar adecuadamente este aspecto de la reparación.

Por otra parte, la Comisión fue informada sobre la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en Paraguay; en particular, recibió información sobre altos niveles de hacinamiento, uso excesivo de prisión preventiva, y alegada comisión de malos tratos y tortura. Según la información brindada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay, el sistema carcelario cuenta con un total de 15.191 personas privadas de la libertad; de ellas, un total de 74% de los hombres y 65% de las mujeres se encuentran sin condena, cifra que excede el promedio de la región y que coloca al Estado como uno de los países con más alto porcentaje de prisión preventiva en las Américas.

Asimismo, la CIDH recibió información en el sentido de que el número de personas privadas de libertad supera la capacidad de alojamiento del mismo sistema penitenciario. En este sentido, el MNP informó a la Comisión que algunas instituciones carcelarias sobrepasan su capacidad en uno 786%, tomando en cuenta el estándar mínimo de 7 metros cuadrados establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Montero-Aranguren vs. Venezuela.

En este contexto, la Comisión toma nota del esfuerzo del Estado en reconocer de la problemática y declarar situación de emergencia, por medio de la Ley 6.365/19, en los centros penitenciarios de Paraguay, a la vez que recuerda que el hacinamiento constituye, en sí mismo, una violación a la integridad personal; esa situación ocasiona serias afectaciones para el disfrute de los derechos por parte de las personas privadas de libertad. Por ello, la CIDH urge al Estado a adoptar medidas tendientes a hacer un uso racional del encarcelamiento; en particular, hace un llamado para que corrija la excesiva aplicación de la prisión preventiva, a través de la aplicación de medidas alternativas a este régimen, tal como lo establece el artículo 245 del Código de Proceso Penal.

Además, el Comisionado Joel Hernandez realizó una visita a las cárceles de Esperanza y Buen Pastor. Debido a la naturaleza de la visita de trabajo, que no fue realizada específicamente en el mandato de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, no se formulan recomendaciones particulares. Asimismo, la Comisión destaca los esfuerzos del Estado en materia de reinserción social, a través de la realización de diversos talleres y actividades ocupacionales.

Durante su visita, la Comisión recibió información sobre recortes presupuestales avanzados por el Estado en diferentes áreas, como cultura, enseñanza superior, energía, salud, obras públicas, comunicaciones, seguridad, defensa publica, medio ambiente y desarrollo sostenible. Al respecto, la CIDH está consciente de las dificultades económicas enfrentadas por Paraguay; sin embargo, recuerda al Estado que ajustes presupuestales deben darse tomando en cuenta un enfoque de derechos humanos, incluyendo el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, que implica, entre otras cosas, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la previa evaluación del impacto de dichos recortes en los derechos de la población, sobre todo en los grupos más expuestos a las situaciones de vulnerabilidad.

La CIDH también tomó nota con preocupación de la información recibida en el marco de la visita sobre la tramitación, en el Congreso de Paraguay, del Proyecto de Ley Que Crea y Regula el Funcionamiento del Instituto Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y Sin Fines de Lucro (INOGUFIL) y Establece su Carta Orgánica (D-1848553). Según la información brindada, dicha ley buscaría reglamentar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales que reciben recursos públicos y podría representar un control, por parte del Estado, de la libertad de asociación y participación política ciudadana. Al tanto, la CIDH reafirma el papel fundamental que juegan las organizaciones de la sociedad civil en las democracias, una vez que garantizan la participación efectiva de los distintos sectores de la sociedad en el diseño y control de políticas públicas.

En cuanto el derecho a la no discriminación, la Comisión reconoce del esfuerzo de Paraguay, que ha ratificado distintas convenciones internacionales, incluyendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, entre otras. Sin embargo, hace un llamado al Estado a aplicar los estándares internacionales en las diferentes políticas públicas. Además, insta el Estado a ratificar la Convención Interamericana Contra Toda Forma De Discriminación e Intolerancia.

La Comisión agradece nuevamente a las autoridades del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias internacionales y al pueblo paraguayo su colaboración en el desarrollo de esta visita. Los insumos recibidos serán importantes para fortalecer el trabajo de la CIDH en apoyar el Estado a avanzar con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.