Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró en su sede el 173º Período de Sesiones, del 22 de septiembre al 2 de octubre de 2019. En el marco de estas sesiones la CIDH celebró 33 audiencias públicas sobre Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago, y Venezuela, y varias audiencias regionales. Asimismo, se celebraron el número record de 60 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos, medidas cautelares, seguimiento y otras decenas de reuniones con representantes de víctimas, Estados, organizaciones de la sociedad civil y academia. En el período también se destacó por la aprobación de un número histórico de 21 informes de fondo. En adición a ello, durante las sesiones se realizaron talleres, cursos, seminarios, consultas a expertos y expertas, y los Comisionados y las Comisionadas participaron o fueron panelistas en eventos externos.

Durante el 173º Periodo de Sesiones, la CIDH evaluó la situación general de los derechos humanos en la región, y analizó en particular la situación en varios países y respecto a situación de grupos en situación de discriminación histórica. Con base en la información recabada en audiencias y reuniones, a la CIDH le llamaron la atención los desafíos existentes para la defensa de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad en el contexto migratorio regional, de las personas defensoras de derechos humanos, también en relación con los efectos del clima en los derechos humanos, así como temas pendientes en materia de memoria, verdad y justicia en la región. Asimismo, la Comisión expresó su profunda preocupación por la profundización de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela.

En este sentido, la CIDH observó con especial atención el contexto migratorio regional dada la creciente migración forzada, que en los últimos 3 años se ha traducido en un aumento de 219% en el número de personas solicitantes de asilo en las Américas. En este contexto, la CIDH otorgó un total de cinco audiencias para abordar la situación de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en la región. Los principales flujos migratorios forzados por crisis de derechos humanos en la región son de Venezuela, países del Triángulo Norte y de Nicaragua. La CIDH ha observado con preocupación que algunos Estados receptores han adoptado medidas tendientes a la criminalización de la migración, incluyendo el uso de la detención, la militarización de fronteras y acciones contra de los defensores de derechos humanos y de quienes les brindan asistencia humanitaria. La CIDH reitera su disposición a seguir observando el fenómeno de la migración desde una perspectiva integral, en sus causas y efectos, con énfasis en el respeto pleno a los derechos humanos.

Otro tema que mereció especial atención durante el 173º PS fue los efectos del clima en los derechos humanos, con reflejos en sequías, inundaciones, deslaves, huracanes y diversos eventos climáticos extremos, que generan afectaciones en los derechos humanos y que podrían multiplicarse exponencialmente si no se toman medidas de mitigación, remediación y adaptación con enfoque en derechos humanos. Según la información recibida, tanto las causas, cuanto los efectos del cambio climático se relacionan con vulneración derechos humanos, por lo que las respuestas a la crisis climática deben tener un enfoque de derechos. El uso de combustibles fósiles, actividades extractivas o de explotación y la deforestación estarían entre las principales causas de esta crisis, comprometiendo la posibilidad de vida y disfrute de derechos de las generaciones futuras, con efectos desproporcionales en las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por su lado, la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) subrayaron la importancia y urgencia del tema, llamaron al trabajo integral y conjunto con Estados y sociedad civil, como a visibilizar el rol de las empresas e instituciones financieras en estos contextos. También animaron a la pronta ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) por los Estados de la región. Asimismo, recordaron que el Plan Estratégico 2017-2021 de la CIDH se encomienda a la REDESCA desarrollar y fortalecer los estándares interamericanos relativos al “derecho humano a un medio ambiente sano y los desafíos emergentes del cambio climático”. Con tal objetivo y por la prioridad que el tema supone, la REDESCA se encuentra liderando un proceso de trabajo con apoyo de la Fundación Heinrich Boll, en cuyo marco organizó un taller especializado durante el periodo de sesiones con organizaciones y personas expertas en temas de ambiente y cambio climático.

La CIDH alerta sobre los altos números de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región, ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como intensos procesos de criminalización que continúan registrándose en la región. Estos hechos mantienen a la región americana como la más peligrosa del mundo para defender los derechos humanos. Particularmente, preocupa a la Comisión la información recibida sobre la utilización arbitraria del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos como método para obstaculizar o paralizar las causas de defensa de derechos humanos en la región, en particular contra las personas defensoras del derecho al medio ambiente. Al respecto, en el marco de las audiencias celebradas, la CIDH reiteró su posición y señaló que redoblará sus esfuerzos para enfrentar este fenómeno.

En materia de Memoria, Verdad y Justicia, la Comisión valoró la creación de instituciones especializadas dedicadas a la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Sin embargo, la CIDH expresó su preocupación por los pocos avances conocidos en la apertura y progreso de tales investigaciones, considerando la gravedad de los delitos cometidos, la naturaleza de los derechos lesionados y la edad avanzada de una gran parte de las víctimas. Asimismo, se observa el desafío de establecer y conservar los programas de reparación funcionando en observancia a los estándares internacionales respecto de la reparación integral. En ese sentido, la Comisión destacó la importancia de desarrollar las iniciativas de memoria, con la participación de las víctimas, como forma de reconocer su dignidad y restablecer la verdad histórica en una sociedad democrática.

En relación con Nicaragua, la CIDH recibió información sobre la persistencia de la represión , caracterizada por la prohibición de las protestas sociales, el hostigamiento y amenazas a personas defensoras de derechos humanos, juicios contra opositores sin garantías del debido proceso, detenciones arbitrarias de opositores, hostigamiento a las celebraciones religiosas y las amenazas contra la Iglesia y líderes religiosos, la preocupante situación de la población campesina, así como la persistente imposición de un estado policial que sigue orillando a miles de personas a exiliarse. La CIDH también recibió información sobre la persistencia de amenazas, ataques y agresiones contra periodistas, y sobre el cierre de medios no afines al gobierno a través de medidas administrativas y de asfixia adoptadas por el gobierno. En particular, preocupó a la Comisión la información recibida sobre el recrudecimiento de la represión en las zonas rurales, en cuyo contexto se denuncian al menos 30 muertes de campesinos a lo que va del año. La mayoría de estas personas estaban vinculadas a las protestas y/o el conflicto político. Prácticamente, todos los casos se encuentran en la impunidad y solamente en uno de ellos habría una persona detenida.

En relación con Venezuela, la CIDH recibió información preocupante sobre la situación de graves violaciones a los derechos humanos y las persistentes afectaciones a la institucionalidad democrática en el país. En particular, se denunciaron prácticas de persecución política generalizada en el país a todos los opositores y disidentes del gobierno de facto, en particular contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional y funcionarios públicos disidentes de Maduro. En un contexto de quiebre de la separación de poderes, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron allanamientos de inmunidades parlamentarias, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, que afectan a los derechos humanos de las personas afectadas así como el propio funcionamiento de la Asamblea Nacional. Asimismo, la sociedad civil denunció las medidas de represión y la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, por ser consideradas un “enemigo interno”. Hay información respecto a discursos estigmatizantes, hostigamientos, amenazas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

Considerando la grave situación en el país, la CIDH decidió instalar el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), con el objetivo de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión al Estado y brindar un monitoreo especial a la situación de derechos humanos en el país. Desde el 2017, la CIDH cuenta con una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para tratar los asuntos de Venezuela. Con la instalación del MESEVE, la CIDH ampliará sus capacidades de seguimiento a las recomendaciones emitidas en sus diferentes mandatos, así como verificar la implementación de las medidas cautelares; dar seguimiento al análisis de las peticiones recibidas; monitorear la situación de derechos humanos en el terreno; impulsar las capacidades de la sociedad civil para promover el respeto y garantía de los derechos humanos en el país; y dar a conocer a la comunidad internacional la situación de derechos humanos en el país. En el marco del MESEVE, la Comisión pretende elaborar dos informes: uno sobre la situación de derechos humanos en el país y otro sobre la migración forzada de personas venezolanas.

La CIDH acompaña con preocupación el cuadro social y político de Haití, desde los eventos de julio de 2018. Durante el Período de Sesiones, la CIDH priorizó y pudo contar con mayor información sobre la situación que prevalece en el país; en particular, respecto de los derechos a la salud, educación, libertad de expresión y manifestación, y sobre las políticas y esfuerzos adoptados por el Estado haitiano a fin de garantizar mejores condiciones para el goce de derechos. La CIDH también advierte el actual aumento de tensiones políticas y crecimiento de incidentes violentos durante protestas en Haití. En este marco, observa que la dinámica política de cuestionamiento del mandato del presidente del país se suma a procesos económicos como el aumento de los precios de combustibles, escasez de alimentos e inflación, y al cierre de servicios públicos básicos. Lo anterior, ha tenido como resultado en un menoscabo al disfrute de derechos humanos, y a un agravamiento de la inseguridad en el país. La CIDH ha condenado el empleo de violencia política utilizada, y urgido al el Estado y otras fuerzas sociales a retomar el proceso político pacíficamente.

En estas sesiones la CIDH continuó desarrollando su plan de coordinación y articulación del trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a través de la realización de reuniones bilaterales. Asimismo, el representante de la OACNUDH en Colombia, Alberto Brunori, participó en la audiencia “Amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia”.

En materia de casos, la Comisión adoptó un total de 21 informes de fondo, siendo la sesión en la cual se han adoptado el mayor número de informes en los cuales la Comisión analizó la responsabilidad estatal por violaciones a derechos humanos y determinó las recomendaciones correspondientes. Se realizó una reunión de trabajo sobre el Caso 12.880 Alex Lemun respecto de Chile con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones y celebró una audiencia del Caso 13.377 Silvia Elena Rivera y otras respecto de México (Niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez) en el cual recibió un testimonio y escuchó los alegatos orales de ambas partes. La Comisión Interamericana continuará con el estudio del presente caso en el Informe que adopte al respecto.

La Comisión supervisó la implementación de medidas cautelares vigentes a través de 16 reuniones de trabajo respecto de 22 medidas cautelares, correspondientes a los Estados de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela. Asimismo, la Comisión celebró una audiencia pública sobre el cumplimiento de medidas cautelares de protección en favor de periodistas independientes en Nicaragua en los siguientes asuntos: MC-693-18; 1606-18; 399-19.

En relación con las 33 reuniones de trabajo sobre asuntos bajo el procedimiento de solución amistosa en diferentes etapas de negociación e implementación de acuerdos, las mismas estuvieron referidas a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. En dichas reuniones las partes avanzaron con la facilitación de la Comisión en la construcción de rutas de trabajo y en la identificación de intereses para la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa. La Comisión valora la voluntad de las partes para avanzar en la negociación y firma de acuerdos de soluciones amistosas que permitan a las víctimas alcanzar la reparación integral por las violaciones de derechos humanos relacionadas con dichos asuntos. La Comisión celebra los avances en el proceso de negociación en relación al Caso 12.956 F.S de Chile.

Por otro lado, la Comisión valora los esfuerzos de los Estados, en la ejecución de los acuerdos suscritos en los asuntos 13.011, Graciela Ramos Rocha de Argentina; P-687-11, Gabriela Blas de Chile; 11.545, Marta Saire de Honduras; 12.915, Angel Diaz Cruz y P-735-07, Ismael Mondragón de México; 12.632, Marcelino Gómez Paredes y 12.359, Cristina Aguayo de Paraguay, respectivamente, en los cuales se aportó información que da cuenta de avances sustanciales en dichos procesos de su implementación. Asimismo, la Comisión hace un llamado al Estado Panameño para ejecutar ágilmente los 2 nuevos acuerdos de solución amistosa suscritos en mayo y junio 2019, sobre los casos relacionados con las violaciones ocurridas durante la dictadura militar en el país. Asimismo, la Comisión hace un llamado al Estado chileno para avanzar más rápidamente en el trámite legislativo relacionado con la medida de no repetición pactada en el caso Sonia Arce.

La Comisión felicita los avances logrados en el cumplimiento de medidas de impacto individual y estructural en esos casos e insta a dichos Estados a continuar avanzando hacia su total cumplimiento se para su homologación o cese de supervisión de la fase de seguimiento de acuerdos publicados según corresponda. La Comisión observa con satisfacción la construcción conjunta de rutas de trabajo entre las partes en esos casos para tal fin, e insta a las partes a mantener abiertos los canales de diálogo que permitan avanzar en el impulso de la ejecución de las medidas pendientes de cumplimiento.

Las 10 reuniones de trabajo sobre casos en etapa de seguimiento de recomendaciones estuvieron referidas a Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú. La CIDH agradece la información brindada por las partes y saluda los avances en la implementación de las recomendaciones. La CIDH insta a todos los Estados de la región a seguir implementando las recomendaciones emitidas en sus informes de fondo, de manera efectiva y en concertación con las víctimas y sus representantes, con la finalidad de garantizar una reparación plena e integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En la audiencia pública de seguimiento del Caso 12.958 – Russell Bucklew (Estados Unidos), cuya ejecución estaba prevista para el día 1 de octubre de 2019, la CIDH llamó el Estado a suspender la ejecución del Sr. Bucklew de conformidad con sus obligaciones bajo el derecho internacional.

La CIDH agradece la participación de los Estados y de la sociedad civil en las audiencias, las reuniones de trabajo y los eventos públicos que tuvieron lugar en el marco de estas sesiones. La Comisión Interamericana destaca la importancia de que los Estados participen en todas las audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fortalece con la participación activa de Estado, víctimas de violaciones de derechos humanos y sus representantes y organizaciones de la sociedad civil.

La CIDH lamentó la ausencia de los Estados de Guatemala, Nicaragua y de Trinidad y Tobago en las audiencias a las que fueron convocados, así como de los Estados Unidos de una de las audiencias. La ausencia de las delegaciones de estos Estados impide o dificulta severamente el trabajo de la CIDH. Las audiencias son una herramienta esencial para recibir información a fin de cumplir con el mandato que le han asignado los propios Estados Miembros de la OEA, de proteger, promover y defender los derechos humanos en la región.

En el marco de estas sesiones, la CIDH aprobó el informe temático sobre la “Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Panamazonía”, con el fin de abordar la problemática de los pueblos que habitan esa región a la luz de los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Tal decisión corresponde a la priorización estratégica que la CIDH ha otorgado a la situación de los pueblos indígenas, así como a la creciente información que permitió visibilizar que, además de los importantes retos que enfrentan los pueblos indígenas en el hemisferio, los pueblos amazónicos deben hacer frente a desafíos particulares. Además, los impactos en sus derechos, trascienden al ámbito individual y colectivo de estos pueblos, y tienen consecuencias en la protección misma de la Panamazonía. Asimismo, la CIDH consideró el informe sobre la “Situación de Personas Defensoras en Colombia”.

En el marco de las sesiones internas de trabajo, los equipos de cada sección y cada Relatoría de la Secretaría Ejecutiva presentaron a la CIDH una evaluación del trabajo realizado hasta en presente momento y los compromisos pendientes para cumplir con el Plan de Acción de 2019. Adicionalmente, las áreas de Tecnología y Sistema de la CIDH y de la OEA presentación los avances en el desarrollo de los nuevos sistemas gerenciales de la CIDH. Asimismo, durante el presente periodo de sesiones la CIDH analizó la propuesta de la de creación del Observatorio de Impacto de la CIDH; adoptó la Resolución sobre Revisión Inicial de Peticiones, en la que, con el objetivo de brindar seguridad jurídica y transparencia, regula la forma como puede solicitarse el reestudio de una petición rechazada inicialmente. Adicionalmente, la CIDH aprobó los siguientes documentos: 1. Proyecto de solicitud de Opinión Consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad; 2. Directrices Generales de Seguimiento de Recomendaciones y Decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente, se aprobaron los siguientes documentos internos: Lineamientos para la participación de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en reuniones, comisiones y actividades externas; y Directiva sobre el desempeño de las actividades y de las funciones previstas en los mandatos de las Relatorías Especiales de la CIDH.

Adicionalmente, el 25 de septiembre la CIDH celebró una reunión con cerca de 80 de organizaciones y representantes de la sociedad civil interamericana e internacional en la cual se recibió información preocupante sobre diversas situaciones de derechos humanos en América. En especial, la CIDH destaca la participación y representatividad de organizaciones de la sociedad civil de distintos países, lo cual ha permitido obtener un amplio y detallado panorama de los derechos humanos en la región.

Paralelamente, también se realizó una reunión con representantes de los Estados de la OEA con el objetivo de fortalecer el dialogo para avanzar en un mejor y mayor protección y defensa de los derechos humanos en la región, y para la implementación de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos por parte de los Estados.

En este contexto, y en el marco de las sesiones, la CIDH realizó una fructífera discusión en el Panel y Reunión de Expertos sobre “Promoción de libertad religiosa y de creencia y aspectos de la laicidad desde el sistema interamericano de derechos humanos” el día 21 de septiembre en la sede de la CIDH. Estuvieron presentes en el evento representantes de Estados, organizaciones de la sociedad civil y de grupos religiosos. Los participantes pudieron debatir y expresar sus observaciones sobre el desarrollo del tema, impulsado a partir de la aprobación de la Resolución en la última Asamblea General de la OEA.

Asimismo, la CIDH realizó un evento promocional de lanzamiento del informe sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos con amplia participación de autoridades, academia, sociedad civil y público en general. El objeto central del informe es presentar un marco conceptual sobre políticas públicas con enfoque de derechos humanos, a fin de contribuir con los Estados para generar impactos estructurales en la prevención y no repetición de violaciones de derechos humanos.

Por invitación del Consejo Permanente de la OEA, la CIDH participó el 2 de octubre en la Sesión Extraordinaria de dicho Consejo para abordar el tema relación con el “Sexagésimo aniversario de la creación e instalación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” de conformidad con la Declaración de AG/DEC. 99 (XLIX-O/19). La CIDH agradece a los Estados Miembros de la OEA la invitación a esta sesión de conmemoración de su sexagésimo aniversario que demuestra el invaluable compromiso de los países en la promoción y protección de los derechos humanos en la región y en el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

A lo largo de las sesiones, se llevaron adelante diversas actividades de promoción y capacitación. En primer lugar, fue realizada la semana presencial optativa sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en el marco de la 4ta Edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos que la CIDH realizar conjuntamente con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR. De esta semana optativa participaron 47 personas de 14 países de la región. Este espacio de formación busca formar a actores relevantes de la región en el enfoque de derechos humanos en políticas públicas. Asimismo, la CIDH llevó adelante el Curso sobre Sistema Interamericano de Protección de los derechos humanos para agentes del estado conjuntamente con American University, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Fundación Robert Kennedy Human Rights que contó con la participación de 20 funcionarios y funcionarias de 9 países de la región. Por último, en el marco del Período de Sesiones fueron presentados los trabajos académicos sobre el impacto del trabajo de la CIDH en el marco de las celebraciones de los 60 años. Fueron presentados 72 trabajos académicos que abordaron temáticas generales como la labor de la CIDH en sus 60 años de funcionamiento, la CIDH y la protección de los grupos en especial situación de vulnerabilidad o discriminación histórica, y el impacto de la CIDH en las jurisdicciones nacionales.

El 27 de septiembre se firmó un Acuerdo de Cooperación Técnica con la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers con el objetivo de desarrollar proyectos específicos y actividades para promover el SIDH y promover la capacitación en derechos humanos.

Durante el 173 PS se firmó un acuerdo marco de cooperación con la Procuraduría General del Estado del Ecuador para realización de la tercera edición del “Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (Foro SIDH) organizado conjuntamente por la CIDH y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre de 2019 en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador en Quito. La CIDH recuerda que el 174º Período de Sesiones será del 8 al 14 de noviembre en Ecuador, por invitación de dicho país.

Los videos de las audiencias están disponibles, así como también las fotos en alta resolución con licencia para descargarlas y utilizarlas por parte del público interesado. Acompaña a este comunicado de prensa un anexo con los resúmenes de todas las audiencias públicas celebradas en este Período de Sesiones.

La CIDH toma nota de las advertencias sobre posibles represalias planteadas por representantes de la sociedad civil en audiencias y reuniones de trabajo referidas a varios Estados, quienes expresaron su temor a las consecuencias que pueden enfrentar al regresar a su país. La CIDH condena enérgicamente cualquier tipo de impedimento impuesto a que una persona pueda ejercer su derecho a utilizar los mecanismos disponibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, o cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. En los términos del artículo 63 de su Reglamento, la CIDH urge a los Estados a adoptar medidas de protección para garantizar la seguridad de todas las personas que han participado en actividades del período de sesiones o que utilicen cualquiera de las herramientas disponibles a toda la población de América.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.