Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama la atención y condena la persecución estatal a la que son crecientemente sometidas en Nicaragua las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familias, en el contexto de la crisis que enfrenta el país, desde abril de 2018. La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar la represión y el cierre de los espacios democráticos, así como a tomar medidas apropiadas para la obtención de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La CIDH observa que al cierre de los espacios democráticos que caracteriza a la crisis de derechos humanos que persiste en Nicaragua, se ha agregado un creciente foco de persecución estatal a las familias de personas privadas de libertad en el contexto de la crisis, por medio de la vigilancia y obstaculización a sus acciones pacíficas. En particular, la Comisión recibió información sobre una huelga de hambre, por parte de familiares y activistas, en pro de la liberación de presas y presos políticos, en la Iglesia de San Miguel en Masaya, desde el 14 de noviembre pasado; el templo en que se desarrolla la huelga ha sido rodeado por policías para impedir el ingreso y salida de personas del lugar y les fue interrumpido el suministro de agua potable y electricidad, así como el acceso a medicamentos y provisiones, lo que ha puesto en riesgo la integridad y la vida de las personas en huelga y de quienes las acompañan, como el párroco de la iglesia en que se realiza la huelga, Edwin Román Calderón, quien padece diabetes y es beneficiario de medidas cautelares de la CIDH. Asimismo, la Comisión tuvo noticia sobre bloqueos policiales a las entradas de otros templos y ataques a feligreses y religiosos en varias iglesias del país que se han plegado a la protesta.
Adicionalmente, durante la misma noche del 15 de noviembre pasado y la madrugada del día siguiente, fueron detenidas arbitrariamente al menos dieciséis personas que concurrían al lugar a prestar apoyo a la demanda de las y los huelguistas; este lunes 18 de noviembre han sido públicamente criminalizadas bajo cargos infundados asociados al uso y portación de armas y explosivos. Ya el 11 de noviembre pasado, familiares de personas detenidas habían realizado una conferencia de prensa, en donde informaron el inicio de su campaña “Navidad sin Presos Políticos” y denunciaron hostigamientos, vigilancia, robos y agresiones por parte de fuerzas policiales y parapoliciales, con la finalidad de amedrentarlas y evitar así sus acciones en demanda por los derechos de sus familiares.
Asimismo, la Comisión ha sido informada sobre la intensificación de la persecución a las familias de las víctimas fatales de la crisis, a través de vigilancia intimidatoria, con la finalidad de impedir acciones privadas y públicas en memoria de sus seres queridos asesinados y en demanda por justicia. En particular, la Comisión ha tomado conocimiento de la vigilancia a la familia de Matt Romero, consistente en patrullajes y efectivos apostados en las afueras de su domicilio, en el contexto del primer aniversario de la muerte del adolescente, que ocurrió el 23 de septiembre de 2018, cuando fue fatalmente herido de bala en una marcha pública de protesta en Managua. El MESENI también ha reportado la vigilancia policial, así como permanentes visitas de agentes al domicilio de la familia de Richard Pavón, en Tipitapa, la última de las cuales fue registrada audiovisualmente el pasado 26 de octubre, cuando miembros de la familia se disponían a visitar su tumba, con ocasión de su cumpleaños. La familia denunció que Richard Pavón fue asesinado por funcionarios municipales, en el contexto de las protestas, el 19 de abril de 2018. La CIDH también recibió información, que indica que en el contexto de las conmemoraciones del día de los muertos, se produjeron rayados, destrucción y otras formas de profanación de las placas recordatorias en las tumbas de José Manuel Narváez y Josué Mojica, ambas víctimas fatales de la crisis de derechos humanos, por presunta acción del Estado. A más de un año de la muerte de estos jóvenes, no hay registro de ningún proceso o diligencia destinada a esclarecer esos hechos o a reparar a las familias afectadas.
La CIDH ha recibido antecedentes sobre la persistencia de la detención y criminalización de personas identificadas como opositoras que, al 15 de noviembre, ascienden a 150, de las cuales al menos 13 son personas que ya habían sido privadas de su libertad y criminalizadas con anterioridad. Las familias y organizaciones de la sociedad civil han reportado que el patrón de persecución por la vía judicial, de opositoras y opositores al Gobierno, consiste en la actualidad en imputar delitos comunes en contra de la propiedad y otros, como narcotráfico o tenencia de drogas y armas y que, si bien se observa una concentración de la reclusión en la ciudad de Managua, existe una cantidad relevante de personas detenidas en otros departamentos del país, como Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Estelí, Chinandega, León, Masaya, Granada y Chontales. La CIDH, a través de su Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), ha recibido evidencia de violaciones al debido proceso en estos casos y en particular irregularidades tales como la emisión de órdenes judiciales de libertad que, sin justificación alguna, son incumplidas por la autoridad penitenciaria, después de varios meses de emitidas.
En el mismo ámbito, la Comisión sigue recibiendo información sobre malos tratos y falta de atención médica oportuna y apropiada a personas que padecen dolencias de salud y que están en condición de reclusión. Tal es el caso de la denuncia de una golpiza a Brayan Alemán, la semana que comenzó el 4 de noviembre, y la falta de atención médica urgentemente requerida para Erickson David Pinell y Marco Antonio Campos.
La persistencia de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en la que se observa un agravamiento de la persecución en contra de personas que han visto gravemente violados sus derechos y sus familiares, ocurre en circunstancias en que el Estado avanza en la implementación de políticas de supuesta reconciliación, con la instalación de más de 7,000 comisiones de reconciliación a nivel local y con el reporte regular de avances del llamado plan de atención integral a víctimas. La CIDH, a través de su MESENI, mantiene contacto permanente con las organizaciones de víctimas de la represión estatal y nota su exclusión sistemática en la implementación de estas políticas, así como la inexistencia de procesos que promuevan verdad, justicia y reparación en sus casos.
Desde su informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, de junio de 2018, la Comisión expresó preocupación por la falta de acceso a la verdad y a la justicia en el contexto de la crisis iniciada en abril de ese año. Asimismo, en 2019, la Comisión expresó su preocupación por la aprobación de leyes, para una pretendida reconciliación, que no satisfacen los estándares internacionales aplicables sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (Comunicado No. 021/19, Comunicado No. 137/19, Comunicado No. 145/19) y consideró altamente preocupante que las políticas basadas en ellas constituyan una estrategia para perpetuar la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos en el país.
Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH, afirmó que “… las dimensiones individuales y colectivas de la verdad y la memoria están bloqueadas por el Estado en Nicaragua, no solo por la ausencia de procesos para el esclarecimiento de los hechos, sino por un discurso oficial que continúa acusando y persiguiendo a personas que han sufrido la represión.”
La Comisión recuerda que las víctimas y sus familiares son revictimizadas cuando no se les da acceso a información que les permita conocer la verdad sobre los hechos que constituyeron graves violaciones de sus derechos o de los de sus familiares, cuando se les invisibiliza, cuando se niegan sus demandas de justicia y cuando se irrespeta la memoria de sus seres queridos asesinados. Esa revictimización se intensifica cuando, como ocurre en Nicaragua, además se las ataca, persigue, estigmatiza y hostiga.
La CIDH llama una vez más al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato el cierre de los espacios democráticos, a abstenerse de perseguir y revictimizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares y a liberar a las personas que aún se encuentran privadas de su libertad en el contexto de la crisis. El cese de la persecución a las víctimas y sus familiares y la promoción de espacios en los que sea posible la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición son requisitos de legitimidad de cualquier política de reconciliación.
“Sin justicia y sin verdad, y sobre todo excluyendo a sectores importantes de la sociedad, cualquier intento de reconciliación solo será aparente. Es urgente que el Estado de Nicaragua tome medidas para cesar la persecución de las víctimas y garantizar su acceso a la justicia, conforme a sus obligaciones internacionales”, indicó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH.
La Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua y Segunda Vicepresidenta de la Comisión sostuvo que “…el respeto por la narrativa de las víctimas, por el modo en que promueven la memoria y demandan verdad, es también una forma de reparación. Ningún proceso de salida de esta crisis puede prescindir de la redignificación de las víctimas y sus familias.”
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
