La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó esta semana en terreno a un equipo inicial de 30 profesionales multidisciplinarios para implementar un mecanismo de auditoria y seguimiento sobre el uso de fondos destinados para la emergencia nacional causada por la pandemia del COVID-19. Los profesionales fueron contratados bajo los requisitos y estándares de la OEA.
Durante los próximos seis meses, los profesionales desplegados por la Comisión en cada una de las entidades ejecutoras gubernamentales darán asistencia, y ejecutarán seguimiento y revisión de estados financieros, registros contables y su documentación de soporte, registros auxiliares de existencias y bienes de uso, procesos de compras efectuados, archivos de licitación, compras directas, compras por libre gestión, supervisión de obras, y el resto de modalidades que establece la legislación salvadoreña así como del origen de los fondos en ejecución provenientes de presupuesto ordinario y extraordinario, del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) y donaciones. De igual manera, se verificará el proceso de emisión, colocación y pago de bonos.
El comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, explicó que “como resultado de su trabajo, la Comisión formulará recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.
Además, la Comisión colaborará activamente con la Fiscalía General de la República en el marco del acuerdo ya suscrito y reitera la voluntad de suscribir un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con la Corte de Cuentas de la República, a la brevedad posible.
La solicitud de apoyo extraordinaria por parte del Presidente Nayib Bukele a la CICIES, formulada el 18 de marzo, se basa en el Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República de El Salvador y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) para el establecimiento de la CICIES con el fin de colaborar con las instituciones salvadoreñas encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción y otros delitos conexos.
