La Fundación Mary Street Jenkins hace las siguientes consideraciones, en relación a la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se resolvió no ejercer su Facultad de Atracción para revisar el fondo de los procedimientos penales reactivados de forma irregular por la Fiscalía General de la República (FGR) contra los integrantes de la familia Jenkins de Landa y miembros de su equipo jurídico:
- Es tan evidente la violación a las garantías de seguridad jurídica en que ha incurrido la FGR, que el Máximo Tribunal del país ha decidido que el fondo del caso sea resuelto por el Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, radicado en la Ciudad de México, para efecto de evitar que se legalice lo que evidentemente es ilegal.
- La Fundación y los integrantes de su Patronato celebran la decisión de las y los ministros, porque creen en la imparcialidad, autonomía y objetividad del Poder Judicial de la Federación, que tiene la oportunidad de revertir un atropello escandaloso en el que la FGR autorevocó ilícitamente el no ejercicio de la acción penal que exoneró desde 2018 a los señalados en este procedimiento plagado de irregularidades.
- Es importante recalcar que se violentaron principios del Código Nacional de Procedimientos Penales que establecen las condiciones de reapertura de carpetas de investigación ya resueltas. La FGR debió impugnar ante un Juez de Control, que en su momento habría sido el único indicado para reabrir el caso, hecho que nunca ocurrió e incluso se ocultó ante instancias federales, lo que vicia todas las actuaciones posteriores.
- Estamos frente a otro caso de gran notoriedad a la opinión pública en el que la FGR ha violentado el Estado de Derecho, los derechos humanos y el debido proceso que garantiza la Constitución para todos los ciudadanos.
- La Fundación Mary Street Jenkins, una de las instituciones filantrópicas más importantes de Latinoamérica y los integrantes de la familia Jenkins de Landa, consideran que los magistrados Reynaldo Reyes Rosas, Elisa Álvarez Castro y Carlos López Cruz tienen una inmejorable oportunidad para sentar un precedente que reivindique la justicia y proteja la seguridad jurídica de las personas al revisar esta causa en las próximas semanas.
- Tenemos la convicción de que en la valoración del Tribunal Colegiado que resolverá el caso, prevalecerá la justicia y la razón que nos asiste, para cesar con una persecución que carece de sustento jurídico y constituye un abuso inadmisible.
