México enfrenta una amenaza histórica. Los efectos de la crisis del COVID-19 no se limitan a la salud: las consecuencias económicas pueden dejar las mismas o peores secuelas que las que dejó la crisis de 1994 y que llevó al 70 % de la población a condiciones de pobreza por ingreso.Ante la preocupación de que la pandemia de COVID-19 genere mayores barreras a la la movilidad social en México, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), junto con un grupo de especialistas, propone un plan económico integral de emergencia que mitigue la crisis y facilite una más pronta recuperación económica. Con estas acciones se busca minimizar la pérdida de vidas y de empleos, la caída de las remuneraciones y la quiebra de empresas. Las propuestas, cuyo monto estimado de gasto público va de 3 % a 3.5 % del PIB, son:

  1. Restituir el gasto en salud del año 2015, en términos relativos, para atender las presiones sobre el Sistema de Salud derivadas de la emergencia sanitaria y, en particular, asignar recursos inmediatos para la atención a quienes requieran hospitalización.
  1. Realizar una transferencia de un salario mínimo mensual, por tres meses, a las y los trabajadores que se encuentren en el sector informal.
  1. Establecer un seguro de desempleo de dos salarios mínimos mensuales, por tres meses, para las y los trabajadores formales que pierdan su empleo.
  1. Realizar una transferencia de un salario mínimo mensual, por tres meses, a las empresas formales por cada trabajador(a) afiliado(a) al IMSS.
  1. Hacer un reembolso extraordinario de ISR a las y los trabajadores por cuenta propia registrados(as) ante el SAT de 10 mil pesos en una sola exhibición.

El CEEY considera que las medidas fiscales anunciadas hasta ahora por el gobierno federal no cubren a todos, y a quienes cubren, no lo hacen de manera suficiente. En particular, no cubren a los mexicanos que ya han caído —o caerán— en desempleo.

Tampoco se cubre adecuadamente a las empresas para su sostenimiento, incluida su plantilla de trabajadores, en particular, aquellas que no gozan de acceso a crédito.

La tarea requiere de un Pacto para el Bienestar Económico que reúna a las autoridades federales, a las entidades federativas y a los municipios, a organizaciones empresariales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Estos momentos representan un gran reto para el país; sin embargo, también brindan la posibilidad de una gran transformación para construir el legado de un México más incluyente, con menos pobreza y con mayor igualdad de oportunidades para la movilidad social.