Castigar el stealthing como si fuera violación, propone la diputada Guadalupe Barrón

Metrópoli
  • Se trata del retiro del condón durante el acto sexual, sin el consentimiento de la pareja

La diputada del PRI Guadalupe Barrón Hernández propuso reformas legales para imponer la misma pena a la práctica del stealthing o sigilo, con el que se aplica en caso de violación, es decir prisión de seis a 16 años. Se trata de castigar a quien, sin violencia, retire el condón durante la relación sexual, sin el consentimiento de su pareja, generando el riesgo de daño por contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual y/o intención de embarazo no deseado.

La legisladora presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa para adicionar una fracción III al artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, en la que expuso que, si bien el acto sexual entre dos o más personas debe regirse bajo el consentimiento, respeto mutuo y el compromiso de cumplir las consecuencias del acto, existen vacíos o resquicios que deben preverse en la legislación nacional.

Añadió que una de las formas que se están considerando como abuso y que está generando controversia en el mundo consiste en el hecho de que, durante las relaciones sexuales, se realice la práctica del stealthing o sigilo.

Esta acción, dijo, consiste en el hecho material de que una de las partes, sin importar el género, se retira el profiláctico o preservativo durante el acto sexual, sin el consentimiento expreso de la otra parte.

Por ello, propuso que en la fracción III al artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal establezca que se castigará con la misma pena que la violación al que “sin violencia, realice copula con persona mayor de edad de forma consensuada mediante el uso de un profiláctico, pero en cualquier momento del acto sexual, realice el retiro, sin el consentimiento de la otra persona, generando el riesgo de daño por contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual y/o intención de embarazo no deseado”.

La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.