Luego que el Congreso del Estado de Tabasco aprobó que el titular del Ejecutivo estatal autorice directamente adquisiciones, arrendamientos y servicios, sólo señalando que eran necesarios para el desarrollo económico de la entidad y que la Suprema Corte de Justicia calificó como inválidas, la diputada Soraya Pérez Munguía solicitó al Gobierno del estado de Tabasco, entregue un informe pormenorizado que detalle el monto de recursos asignados desde 2018 en contratos cobijados por estas reformas, así como un listado de los beneficiarios de dichos contratos.
La legisladora, en nombre del GPPRI, recordó que, según expertos en materia de competitividad y anticorrupción, estas reformas iban en contra de las mejores prácticas internacionales; atentando contra los principios más elementales de transparencia y rendición de cuentas, además de abrir la puerta a las mismas prácticas corruptas que esta Administración prometió erradicar.
Por ello, solicitó a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte al Gobierno del Estado de Tabasco a informar y, en su caso, cancelar de inmediato todos los contratos que se tengan en curso o que hayan sido asignados sobre obras públicas, productos o servicios y que hayan sido generados al amparo de las normas declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“En aras de dar cabal cumplimiento a lo sentenciado por la SCJN, es necesario que se informe y, en su caso, se detengan los contratos sobre obras públicas en el Estado de Tabasco y que se hayan generado al amparo de las normas declaradas como inválidas por el máximo Tribunal”.
“Y que en materia de transparencia y rendición de cuentas se informe, de manera detallada, el monto de los recursos que se asignaron desde 2018 y hasta el día de hoy en contratos cobijados por reformas que iban en contra de lo que establece nuestra Constitución”, estableció la diputada por el estado de Tabasco.
