CHIHUAHUA, Chih.- La decisión que tomó el Congreso de la Unión, con el decreto mediante el cual se reforman diversas leyes que contemplan los 109 fondos y fideicomisos, para reasignar 68 mil 478 millones 123 mil 839.26 pesos al gasto público, viola artículos constitucionales impacta negativamente a las entidades federativas y en el caso específico, al Estado de Chihuahua.
Sobre el particular, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, detalló que las afectaciones en el caso del Fondo de Transporte para las Personas con Discapacidad, a través del cual se asignaba a cada entidad una cantidad que se destinaba a la adquisición de vehículos para apoyar a los municipios en el transporte de personas que tienen dificultad para su movilidad.
Con el propósito de apoyar a este segmento de la población a que pudiera trasladarse a sus terapias, acudir a un centro comunitario, salir a trabajar o ir a la escuela, el año pasado se adquirieron 16 camiones para distintos municipios, pero en el 2021 ya no se van a poder adquirir unidades, porque ese fondo desaparece del presupuesto federal.
Comentó que también desaparece el Fondo Metropolitano, cuyos recursos se destinaban a proyectos muy importantes. Esta entidad, dijo, tiene 4 zonas metropolitanas: Chihuahua, Juárez, Delicias y Parral, en las que se efectuaron obras de drenaje pluvial, rehabilitación de celdas del relleno, ciclo vías, gracias a este fondo que ya no existe, y por lo tanto, ya no se podrán hacer estos proyectos.
En el caso del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, que beneficiaba a más de 83 mil niñas y niños de 700 escuelas en el estado, quienes tenían la posibilidad de permanecer unas horas después de concluir su horario escolar, y en donde recibían sus alimentos, además de que las y los maestros se quedaban con ellos y les acompañaban para hacer sus tareas y repasar lo que se había visto en clase, enfatizó, este recurso de más de 150 millones de pesos simplemente desaparece del presupuesto de 2021.
Señaló que desaparecen también el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacyt) que son los que financiaron la creación del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) y de otros proyectos que lidera la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE); así como el Fondo Minero, que prácticamente es una aportación de las empresas privadas, de las empresas mineras que operan en diferentes estados, dinero que se recaudaba y se invertía en las comunidades en donde estaban establecidas estas minas.
Fuentes Vélez indicó que en el caso de Chihuahua, el Fondo Minero era un recurso muy importante para estas comunidades en donde se asientan las operaciones mineras, porque permitía cumplir el compromiso de la empresa con la comunidad. “Eran recursos que se quedaban ahí, que se utilizaban para pavimentar calles, construir y equipar centros de salud. Recursos 100% destinados al municipio”.
Había incluso municipios que recibían más dinero por el Fondo Minero que lo que era su presupuesto propio por la recaudación de impuestos locales, “así de importante es el Fondo Minero en el Estado de Chihuahua”.
El pasado 8 de octubre, la Cámara de Diputados desapareció estos fondos y fideicomisos, a fin de reasignar 68 mil 478 millones 123 mil 839.26 pesos al gasto público, lo cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de este mismo año.
Por estas acciones, el Gobierno del Estado de Chihuahua, de forma conjunta con las entidades federativas que integran la Alianza Federalista, presentará una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de que se declare inválido el decreto mediante el cual se reforman diversas leyes que desaparecen 109 fondos y fideicomisos.
El consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, señaló que al eliminar estos fondos y fideicomisos, se pretende concentrar los recursos en dependencias del gobierno central y repartirlos a discreción, lo cual constituye una violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no darles un destino transparente y basado en reglas.
“Al pretender eliminar estos fideicomisos y fondos, lo único que va a ser es una concentración arbitraria y opaca, eso es lo que está pretendiendo la federación, repartir a discreción a quienes ellos crean y consideren”, subrayó.
“Lo que estamos buscando es que se invalide este decreto que ya fue emitido el 6 de noviembre, y estamos dentro del término para poder hacer la impugnación a través de la controversia constitucional”, explicó.
Indicó que ya se tiene estructurada la controversia constitucional, que presentará el Gobierno del Estado y que ya firmó el gobernador Javier Corral junto con los gobernadores de la Alianza Federalista, en espera de que se pueda rectificar, a través de la SCJN ese uso discrecional que se pretende hacer de los recursos públicos.
Jorge Espinoza, añadió que el decreto en el Cuarto Transitorio establece que esos recursos, en el término de 30 días naturales deberán de concentrarse básicamente en la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal.
“Lo que estamos buscando es que a través de una suspensión que pudiéramos lograr de la SCJN, se evite extinguir esos fideicomisos y reconcentrar esos fondos, para que hasta en tanto no se resuelva por parte del Pleno de la SCJN, no se pueda ejecutar la extinción de los fideicomisos y la reconcentración de los fondos destinados a estos fines”, indicó.
Agregó que el Artículo 25 establece claramente que los estados son partícipes de la rectoría económica del país. Es decir, indicó Jorge Espinoza, que se le va a restringir de manera arbitraria a los gobiernos de los estados, su participación en el desarrollo económico del estado.
Debido a las implicaciones legales que se derivan de la decisión que tomó el Gobierno Federal, de desaparecer estas herramientas gubernamentales para el manejo de algunos recursos públicos, abordaron este tema, el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez y el coordinador ejecutivo de gabinete, Jesús Mesta Fitzmaurice, durante el programa Chihuahua Adelante.
El consejero jurídico externó que ante estas condiciones, resulta imperativo impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el decreto que elimina de manera arbitraria y sin un estudio previo, los fidecomisos y fondos públicos que estaban orientados a la satisfacción de necesidades prioritarias del Estado y de la nación mexicana, incluyendo políticas públicas de protección a grupos específicos, además de al desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.
Indicó que de manera paralela a la demanda, se solicita a la SCJN, la suspensión inmediata de los efectos jurídicos del Artículo 4º Transitorio del Decreto, en el que se establece la concentración de los fondos y fideicomisos, para distribuirlos prácticamente de forma discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal dentro de los 30 días siguientes a que tenga vigencia el Decreto.
Destacó que estos cambios le pegan a cuestiones de desarrollo y avance en materia de ciencia, seguridad, economía, social, “agarra parejo y le pega a todas las áreas del Gobierno, no le va a permitir a los gobiernos de los estados, entre ellos a Chihuahua, fincar un desarrollo nacional y en el estado.
Las disposiciones jurídicas que se violentan con estas acciones, son entre otros, los artículos 25, primer y segundo párrafo y 26, inciso a, primero y segundo párrafo, así como 39, 40, 41, 124 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales sustentan el control constitucional de dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos o de gobierno.
En estos artículos se señala que los estados son responsables de intervenir en un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional para que sea sólido, dinámico y competitivo, permanente y equitativo a fin de alcanzar una democratización política, social y cultural de la nación, lo cual no se cumpliría, con la discrecionalidad que pretenda dar el Gobierno Federal a los recursos de los fideicomisos eliminados.
Entre las afectaciones se encuentran: Fondo Metropolitano 3 mil 980 mdp; Fondo Minero 7 mil 463 mdp; Fondo de Desastres Naturales 6 mil 861 mdp; así como la desaparición de otros fondos de alcance nacional que impactan al estado: Fondo de la Financiera Rural 12 mil 563.5 mdp; Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) 224.2 mdp.
Además, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 213.4 mdp; Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas 250.3 mdp; Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado de Chihuahua 165.1 mdp; Fondo Mixto Conacyt-Gobierno Municipal de Cd. Juárez, 10.1 mdp; Colegio de la Frontera Norte 62.2 mdp; Centro de Investigación en Materiales Avanzados 33.8 mdp y Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 6.3 mdp.
Por ello, aseguró el coordinador ejecutivo de gabinete, Jesús Mesta, que el Gobierno de Chihuahua está emprendiendo medidas legales, jurídicas, para poder resolver estos problemas y lograr que los fideicomisos no sean cancelados, que esos recursos no se dejen de destinar para los fines para los cuales fueron creados, precisó.
Estas acciones significan el mayor golpe que Chihuahua ha recibido del Gobierno de la República y la de Cámara de Diputados, y se lleva a cabo en la peor época, cuando se enfrentan las peores crisis, de salud y económica, a causa de la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2, que provoca la enfermedad COVID-19.
