La semana pasada fueron descubiertos los restos de más de 200 niños en un internado indígena que estuvo a cargo de la Iglesia católica hasta la década de 1960. Un grupo de relatores especiales de la ONU urge a las autoridades nacionales y católicas a indagar a fondo el hallazgo y les recuerda el derecho de las víctimas a conocer la verdad. “Se han cometido violaciones de derechos humanos a gran escala, es inconcebible que Canadá y la Santa Sede dejen esos atroces crímenes sin dar cuenta y sin reparación”, apuntan los expertos.

Un georradar localizó la semana pasada una fosa común en el predio del sur de la provincia canadiense de Columbia Británica donde funcionó la Kamloops Indian Residential School, el centro más grande del sistema de internados indígenas de Canadá. En la fosa se hallaron los restos de unos 215 niños estudiantes de esa escuela.

El internado fue dirigido por la Iglesia católica desde fines del siglo XIX hasta finales de la década de 1960, cuando pasó a manos del gobierno federal hasta su cierre en 1978. La escuela formaba parte del sistema de internados indígenas que entre 1831 y 1996 acogió a más de 150.000 niños en 130 escuelas, muchas de ellas administradas por la Iglesia católica o el gobierno federal.

Los estudiantes de esos centros generalmente eran sacados por la fuerza de sus hogares. Una vez internos, no se les permitía hablar su idioma ni mantener sus tradiciones.

Cinco relatores especiales y un grupo de trabajo de la ONU instaron a las autoridades canadienses y a la Iglesia católica a investigar de manera rápida y exhaustiva el descubrimiento y se remitieron al informe de 2015 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, que determinó que los niños aborígenes sufrieron abusos, desnutrición y violaciones, y que al menos 4000 de ellos murieron en los internados a causa de enfermedades, negligencia, accidentes o atropellos.

Rendición de cuentas

La declaración conjunta subraya que las víctimas y sus familias han esperado justicia y reparación durante demasiado tiempo e insiste en la importancia de que haya una rendición de cuentas, según las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Asimismo, pugna por la identificación y el registro de los niños desaparecidos, y pide que el gobierno canadiense haga investigaciones similares en todos los internados para indígenas del país.

Los expertos en derechos humanos subrayaron el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre las violaciones sufridas.

“El poder judicial debe realizar investigaciones penales sobre todas las muertes sospechosas y las denuncias de tortura y violencia sexual contra los niños alojados en los internados, y enjuiciar y sancionar a los perpetradores y encubridores que aún puedan estar vivos”, recalcaron los expertos.

“Se han cometido violaciones de derechos humanos a gran escala contra niños de comunidades indígenas, es inconcebible que Canadá y la Santa Sede dejen esos atroces crímenes sin dar cuenta y sin una reparación completa”, acotaron.

En cuanto a la Iglesia católica, los relatores la conminaron a abrir sin restricciones los archivos de los internados para que las autoridades judiciales investiguen a fondo y divulguen los resultados a la opinión pública.

Los firmantes del comunicado son: Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Mama Fatima Singhateh, relatora especial sobre la venta y explotación sexual de niños; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, integrado por Tae-Ung Baik, Henrikas Mickevičius, Aua Balde y Luciano Hazan.

Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.

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