- Tendrán espacios destinados a la lactancia, productos de gestión menstrual y exámenes médicos para detectar cáncer
- Autoridades penitenciarias serán capacitadas en igualdad sustantiva y perspectiva de género
Por unanimidad de 487 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de garantizar la perspectiva de género y suministros para la gestión menstrual.
Las reformas a los artículos 3,4, 9, 10, 36, 72 y 78, remitidas al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establecen dentro de los principios rectores del Sistema Penitenciario, que para garantizar los derechos de las mujeres las autoridades penitenciarias deberán ser capacitadas en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Se agrega dentro de los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario, tener espacios destinados a la maternidad, la lactancia y acceso a los productos de gestión menstrual para satisfacer sus necesidades de higiene. Asimismo, contarán con exámenes médicos, a fin de detectar los tipos de cáncer que afectan a la mujer.
Respecto de los derechos de las mujeres privadas de su libertad con hijas o hijos, se incorpora el acceso a las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.
Del mismo modo, se incluye como derecho de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, efectuar denuncias por escrito.
También se establece que en cada centro penitenciario habrá, en la medida de lo posible, un ginecólogo, un pediatra y un psicólogo. Se establece el concepto de suministros a las vacunas y a los productos de gestión menstrual.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN), secretaria de la Comisión de Justicia, refirió que “en México los centros penitenciarios no tienen la más mínima garantía de los derechos humanos, pues incluso su capacidad es superada por la cantidad de personas recluidas en sus celdas y las condiciones son deplorables”.
El dictamen, dijo, tiene la intención de otorgar derechos mínimos indispensables para mujeres reclusas de centros penitenciarios, “derechos que les permitan a ellas y a sus familias tener las herramientas necesarias para vivir lo más digno posible”.
Con este dictamen, continuó, se reconoce la perspectiva de género como eje rector de la política penitenciaria, así como garantizar el acceso de las mujeres en reclusión de diversos bienes y servicios que beneficien su salud.
Mencionó los beneficios que se proponen: suministros de gestión menstrual y vacunas como elementos que deben ofrecerse en los centros penitenciarios y que las autoridades o quienes trabajen en estos centros sean capacitados en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) señaló que el dictamen es para garantizar el derecho a la salud y a una menstruación digna de las mujeres privadas de la libertad. Resaltó que ellas merecen condiciones de higiene y con esta propuesta podrán tenerlas. Además, “garantizaremos que se tenga personal especialista en ginecología, pediatría y psicología”.
En tanto, la diputada María Elena Limón García (MC) refirió que distintos reportes señalan que en los centros penitenciarios federales y estatales se otorgaron gratuitamente tan solo 106 toallas femeninas con una población de más de 12 mil mujeres; “es más que evidente que sus derechos son violentados. Que sean mujeres privadas de su libertad no significa que puedan ser sujetas de abandono y la salud es un derecho humano”.
Del PAN, la diputada Wendy Maricela Cordero González indicó que estas reformas visibilizan a las mujeres que por su condición de reclusión han sido relegadas y olvidadas, pues son altamente vulneradas y su situación requiere atención urgente.
El dictamen, añadió, agrupa una serie de iniciativas que protegen la integridad y dignidad de las mujeres privadas de su libertad y sus hijos, cuyos derechos se encuentran menoscabados ante la falta de condiciones óptimas para compurgar sus penas, así como la nula perspectiva de género del personal en los centros de reclusión.
La diputada Socorro Irma Andazola Gómez (Morena) dijo que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia incluye el derecho a no ser discriminadas, de manera que todas, incluso las que se encuentran en situación de reclusión, “debemos ser tratadas con pleno respeto a nuestros derechos y dignidad por el simple hecho de ser humanas”.
Judith Celina Tánori Córdova, diputada de Morena, enfatizó que las mujeres reclusas suelen provenir de contextos de extrema pobreza y desigualdad y “las cárceles, lejos de generar readaptación, profundizan las violencias al interior de sus muros”. Reafirmó su compromiso por la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos.
