El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con 463 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal que garantiza el derecho a la vivienda digna y adecuada.
Las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, fueron avaladas por 449 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.
El documento, enviado al Senado para sus efectos constitucionales, establece que el trabajador derechohabiente tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada con las características de su preferencia, o el suelo que sea destinado para construcción, reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda.
Menciona que previo a ejercer su crédito de vivienda el trabajador derechohabiente tendrá derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y financieras del mismo, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que al efecto establezca el Consejo de Administración mediante reglas de carácter general.
Se entenderá por trabajador derechohabiente a toda persona que sea titular de depósitos constituidos a su favor en el Instituto.
Además, resalta que el Instituto establecerá las condiciones para garantizar la libre elección del financiamiento que mejor convenga a los intereses del trabajador.
En el caso de que el trabajador aplique su crédito para la adquisición de suelo destinado para la construcción de su vivienda, estará sujeto a las condiciones que determine la Comisión Ejecutiva, en apego a las disposiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento.
El documento precisa que en 2018 había 1.6 millones de personas a nivel nacional que reportaban estar viviendo en hacinamiento y no contaban con agua entubada dentro de su vivienda. Además, 14. 8 millones de mexicanos habitan en viviendas con espacios reducidos y construidas con materiales endebles y de mala calidad, mientras que 23.7 millones de personas no cuentan con los servicios básicos de la vivienda.
Con el acceso a la vivienda se combate la pobreza
En la fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Carlos Torres Piña (Morena), mencionó que la reforma permitirá que miles de trabajadores y sus familias tengan acceso a la justicia, sobre todo a una vivienda económica y suficiente, pues “muchos sufren la falta de una casa, ya sea porque rentan o viven hacinados con algún familiar”.
Los cambios, dijo, tienen un alto contenido social, porque permiten a los trabajadores resolver una cuestión fundamental de sus vidas, ya que la vivienda se convierte en una condición de supervivencia y desarrollo en términos de autonomía e independencia.
Añadió que tiene sentido social, porque con el acceso a la vivienda se combate la pobreza y se moderan las desigualdades en un país en donde aún tenemos algunos pendientes de resolver. El acceso a la vivienda, afirmó, es un derecho humano y está ligado a la dignidad de las personas.
Torres Piña expresó que con el dictamen los trabajadores podrán hacer uso de sus recursos ahorrados en su subcuenta de vivienda en una gama amplia y diversa de opciones para hacerse de una propiedad.
Resaltó que el compromiso del Ejecutivo federal va en minimizar las restricciones que tienen las y los trabajadores sobre el uso de los recursos en su subcuenta de vivienda, pues únicamente podían hacer uso de él para comprar una vivienda nueva o una usada; estando inclusive sujetos a intermediarios de bienes y raíces, que en muchas ocasiones los orillaban a la adquisición en zonas alejadas de los centros urbanos.
El dictamen, aseguró, facilita la posibilidad de ejercer el crédito de manera directa, así como mayor libertad para emplear los recursos de la subcuenta de vivienda en un mayor número de productos, no sólo en la compra de vivienda nueva o usada, sino de abanico de opciones.
Entre ellas, la adquisición de terrenos con uso de suelo habitacional debidamente legalizados, autoconstrucción, reparación y ampliación de vivienda, así como refinanciamiento; es decir, para pagar la hipoteca de alguna otra entidad financiera o, en su caso, el respaldo financiero poniendo a la subcuenta de vivienda como garantía de un crédito hipotecario.
“Hoy se hace justicia a las y los trabajadores; es un dictamen que tiene gran impacto social y permite reactivar el sector de la construcción y de la economía, atendiendo las necesidades”, agregó el diputado Torres Piña.
