Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aprobaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, suscrito el 4 de marzo de 2018.
La reunión, donde se ratificó este instrumento internacional y sus declaraciones interpretativas, estuvo encabezada por los presidentes de las tres comisiones, Beatriz Paredes Rangel, Héctor Vasconcelos y Raúl Bolaños-Cacho Cué, respectivamente.
El objetivo del acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.
Busca contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Incorpora directrices tendientes a que los Estados Parte impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones y en cualquier acción u omisión que afecte el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.
Asimismo, el acuerdo establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Se pide la implementación de medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover los derechos, incluidos, la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación, entre otros.
Se señala que este instrumento es resultado de una fase preparatoria de dos años y de nueve reuniones del Comité de Negociación, en las que México participó activamente compartiendo propuestas, experiencias y buenas prácticas, lo que se tradujo en la adopción de un acuerdo que robustece los marcos normativos de los países de la región y alienta el desarrollo sostenible con mayor bienestar, inclusión e igualdad.
También se precisa que el Estado mexicano hace declaraciones interpretativas de los conceptos “daño” y “daño significativo”, a fin de mantener la congruencia entre éstos y el marco jurídico nacional, en particular, con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como el equilibrio ecológico y protección al ambiente.
